Los dueños de siete de las principales empresas de la Argentina hablaron sobre las oportunidades concretas para el crecimiento del país en el futuro y el gobierno del Frente de Todos les contestó con todos los prejuicios ideológicos y políticos del pasado que impiden aprovecharlas.
Si algo quedó claro durante y después de la jornada organizada esta semana por la Asociación Empresaria Argentina (AEA) para celebrar su 20° aniversario, es que esas dos visiones sobre el futuro son diametralmente opuestas y, por lo tanto, difíciles de conciliar.NEGOCIACIONES, ACUERDOS Y CANASTA MÁS CHICA: LOS CAMBIOS QUE PIENSA EL GOBIERNO PARA PRECIOS CUIDADOS Y AHORA 12
Los empresarios propusieron un enfoque estratégico a mediano y largo plazo, basado en una economía capitalista a tono con el título del encuentro (“El sector privado es el factor clave para el desarrollo”), adaptada a la revolución tecnológica, con mayores inversiones para abastecer al mundo de alimentos, energía y minería tras los cambios de los últimos dos años. También con acuerdos políticos para establecer reglas previsibles que permitan revertir el retroceso productivo y socioeconómico del país en las últimas décadas, sin que el Estado sea el principal factor de riesgo empresarial. El oficialismo, en cambio, antepuso una mirada corta de vista, con el Estado crónicamente deficitario como impulsor de políticas distributivas de una riqueza aún no generada y, paradójicamente, sin políticas de Estado ni reformas para los próximos 18 meses. Lo mismo que con la mención de la altísima inflación como si fuera un dato y no un drama.
En su mensaje grabado, Alberto Fernandez hizo su aporte a la confusión. Primero calificó como una “indecencia” beneficiarse con la guerra (de Rusia contra Ucrania) y verla como una oportunidad, cuando el país necesita una producción de alimentos –dijo– que desacople los precios internos de los internacionales para reducir desigualdades. Pero luego afirmó que la Argentina debería aprovecharla para convertirse en un gran proveedor de energía, litio y alimentos elaborados, crecer y distribuir ingresos. Los escasos aplausos que recibió fueron más que elocuentes, horas antes de viajar a Los Ángeles para respaldar a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua como si fueran democracias.
Con más astucia, Cristina Kirchner aprovechó la transmisión vía streaming para conseguir protagonismo mediático y político al escandalizarse con la ironía de Federico Braun (Supermercados La Anónima) sobre la remarcación diaria de precios. Nada que debiera extrañar con una inflación que apunta al 75% anual y obliga a las empresas a trasladar los generalizados aumentos de costos –incluyendo los impositivos– para no fundirse con la reposición de productos. De otro modo, no tendría sentido el relanzamiento de la canasta de Precios Cuidados. Sin embargo, fue una expresión servida en bandeja para que el kirchnerismo agitara su hipócrita relato de acusar a los empresarios como únicos culpables de la inflación y dejar de lado sus causas macroeconómicas. A tal punto que el diario oficialista Página 12 lo utilizó como tema central de tapa en los dos días siguientes y el gobierno fueguino anunció ayer que suspenderá las compras oficiales en esa cadena. No sólo eso. También Martín Guzmán se sumó al coro de críticas, pese a que en AEA había señalado el rol clave de la política fiscal y monetaria para lograr equilibrios financieros y cambiarios; justo antes de que los mercados los pusieran en duda con las fuertes ventas de bonos en pesos indexados por inflación para destinarlos a la compra de dólares financieros con la consecuente suba, replicada ahora en el blue.
En paralelo, también La Cámpora buscó sacar rédito político con el extenso tuit que fantasiosamente sugirió que la visión de CFK, con su controvertido viaje hace 10 años a Angola, hizo que el Grupo Arcor instalara allí la planta industrial inaugurada ayer para la elaboración de chocolates, galletitas y golosinas. La moderna planta demandó una inversión de US$45 millones, con fondos propios y sin ayuda oficial. Con un poco de memoria o búsqueda en Google, la agrupación K hubiera advertido que en aquella comitiva no viajaron ejecutivos de la compañía, que tiene presencia desde hace 30 años en ese país africano con un centro de distribución para la región.
A diferencia de la semana anterior, cuando CFK cuestionó tácitamente a Techint por importar chapa desde Brasil, esta vez no hubo alusiones a Paolo Rocca. Tal vez porque el empresario rebatió sin nombrar al despedido ministro Matías Kulfas al negar que haya habido corrupción ni direccionamiento del pliego de licitación de caños sin costura adjudicada a la compañía por la estatal Ieasa, conducida por funcionarios K, para el demorado gasoducto Néstor Kirchner. “Aunque no comparta la ideología, respeto la parte técnica” afirmó, para agregar que de un lado y otro de la grieta hay gente que confunde espesor (de la chapa) con el diámetro (de los caños). De hecho, ningún tramo del gasoducto de 36 pulgadas de diámetro requiere chapa con espesor mayor a 19,1 milímetros. Otro grosero error de Kulfas, quien había señalado en su insólito off the record por escrito la exigencia de 33 mm para favorecer el grupo. Por su lado, Rocca replicó que Tenaris es líder mundial y acaba de ganar una licitación de mayor magnitud en Qatar.
En realidad, el escándalo alrededor del gasoducto oculta la demora en la licitación de la obra civil, debido a las internas dentro de Ieasa y la sospecha de presiones de CFK para incorporar a CPC Construcciones (de Cristóbal López) y Electroingeniería, que no califican para ser adjudicatarias.
Guzmán no se privó de recurrir a chicanas en AEA, donde dijo que la presión tributaria promedio en la Argentina es más baja que en los países de la OCDE (sic) y “nadie paga los 165 impuestos” (existentes a nivel nacional, provincial y municipal). Es obvio, pero omitió que hay productos y servicios gravados con numerosos impuestos distorsivos y tasas sin contraprestación estatal. Como prueba, admitió que el 90% de la recaudación total proviene de 12 impuestos, por lo cual hay más de un centenar que son irrelevantes para el Estado pero agobiantes para los contribuyentes.
Al defender el controvertido proyecto de impuesto a la renta inesperada, calificado por los empresarios como un retroceso para futuras inversiones y que no sólo gravará con una alícuota adicional de 15% a las empresas productoras de alimentos y energía por la suba de precios internacionales, sino a todas aquellas con ganancias netas imponibles superiores a $ 1000 millones. Si bien será aprobado por el Senado y parece difícil que vaya a ser votado por la mayoría opositora en Diputados, el tributarista César Litvin advierte que, como la recaudación coparticipable con las provincias y sin destino prefijado, no habría que descartar que algún gobernador presione a sus legisladores.
Todo este ruido político dejó en segundo plano algunas definiciones que marcan las inquietudes de los principales empresarios. Como Martín Migoya (Globant), que presentó una serie de “mandamientos” como entender la magnitud del cambio tecnológico, aprovecharlo en la industria y entrenar a los jóvenes; educarlos para hacer que se queden en el país; gastar responsablemente, como en una casa; dejar el arco quieto por un tiempo; ponerse de acuerdo en mantener un rumbo por 10 años como mínimo; pensar en grande, sin conformarse con un crecimiento de 2/3% anual y fomentar el mérito, sin el cual no se pueden aprovechar las oportunidades y que es la antítesis del populismo.
Nada fácil de entender por funcionarios que nunca trabajaron en el sector privado y se aferran a las deficitarias empresas públicas para cobrar altos sueldos; ni para la vicepresidenta que aboga por un capitalismo de Estado y/o de amigos.
Fuente: La Nación
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