Tarifas: un parche necesario para un sistema maltrecho

No es fácil arreglar un desaguisado que ya cuenta los años en décadas con una sola norma. Se podría decir que es prácticamente imposible. Desde 2002, el maltrato regulatorio y el caos tarifario fueron el común denominador en el mundo de la electricidad y el gas. Es cierto que la recomposición de los ingresos energéticos es vital para la política fiscal argentina, pero también lo es que semejante desaguisado ya no soporta más parches a las apuradas.

El anuncio, que habilita la segmentación de tarifas por ingresos, no hace más que sumar una nueva mancha al tigre. Pobre animal, ya casi se lo ve negro pantera; poco ha quedado de aquel brillo amarillo. Formalmente, el Gobierno anunció que todos los usuarios que quieran tener subsidiados los servicios de gas y electricidad deberán registrarse en la Secretaría de Energía para pedir que no se le quite el beneficio.

Inmediatamente después de la creación de un registro, una nueva criatura burocrática, tranquiliza. Dice que sólo el 10% de la población pagará la tarifa plena; el 90% restante se repartirá entre tarifa social y “clase media”. Pobre división para algo tan complejo como tratar de segmentar la tarifa de los servicios públicos. Sólo con estos supuestos ya se puede avizorar un panorama ciertamente difícil de poner en práctica. Pero hay más. El hemisferio entre el 90 y el 10% se corta en tener ingresos mensuales superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT), que actualmente equivalen a $333.410.

Vale, y mucho, esta palabra: actualmente. ¿Qué pasará con alguien anotado entre los de “allá arriba” si dentro de dos meses sus ingresos están por debajo del valor de las tres las canastas? ¿Deberá volver a inscribirse para dejar el 10 y pasar al 90? ¿Y si le aumentan el sueldo cuando estaba en la mayoría que no pagan la tarifa plena? ¿Lo suben o bajan de categoría de oficio? O en su caso, la mente regulatoria del ministro Martín Guzmán y los suyos espera que el hombre regrese voluntariamente al lugar del pago pleno. Preguntas que nadie puede contestar por ahora.

Quizá en el Ministerio de Economía encuentren los libros de historia reciente. Se podrían detener en 2011 cuando la Casa Rosada abrió un registro de renuncia voluntaria a los subsidios. La lista fue magra; una minoría se anotó para financiar, entre otras cosas, la errática política energética que enmarcaba el ministro Julio De Vido.

Un poco más, antes de pasar a otro eventual problema. La Argentina tiene una enorme economía en negro, con millones de personas que no declaran todos sus ingresos. Se tratará de evasión o de elusión, según el caso. Pero con este esquema tendrán a su alcance otro incentivo para mantener anotados con lápiz sus ingresos verdaderos y reservarán la lapicera para una cuidada declaración en “blanco”. Guzmán y los suyos fueron por el camino conocido, tan transitado que es casi una autopista: cazar en el zoológico de los que declaran todos sus ingresos. Alguien podría decir que siempre se colocan los incentivos al revés.

Ahora bien, llegado el caso que esta segmentación empiece a ganar cuerpo y todos, voluntarios, obedientes y sinceros, declaren sus ingresos, pues entonces, aparece el segundo problema.

En la Argentina existe una enorme disparidad entre el titular del inmueble y el medidor que registra el consumo de electricidad y gas. Si lo que se hace es una mirada micro, pues lo que el sistema actual subsidia es al medidor, no a la persona. El extremo de ese régimen fue cuando De Vido subió las tarifas por manzanas, zonas o barrios donde él y su equipo, consideraban que vivía gente con mayor poder adquisitivo.

De las crónicas de entonces se podrían sacar ejemplos donde los vecinos de las veredas de los pares tenían que apagar la luz mientras los de enfrente se ponían anteojos para sol mientras cenaban.

Como se dijo, no hay una congruencia entre el titular del medidor y el del inmueble en el país. De hecho, con un boleto de alquiler, la titularidad cambia de nombre. Las agencias del Estado deberían cruzar datos entre los registros de propiedad, la AFIP y las distribuidoras del todo el país como para corroborar esa relación y dirigir el subsidio o la quita, según se trate.

Como se dijo, lo que marca el consumo es el medidor. Un par de preguntas al pasar: ¿Dónde quedarán los medidos de los consorcios? Son miles los hogares que tienen servicios centrales de agua caliente y calefacción. Y claro, podría darse el caso de que en el mismo edificio viva gente que esté en la porción del 10% de mayores ingresos con otra que pague tarifa social. En ese caso, ¿el que recibe subsidios por su consumo, a su vez, subsidiará a su vecino pudiente? Las alertas sobre la posibilidad de que haya injusticias tarifarias parecen imposibles de apagar.

El problema del costo

El panorama no luce fácil. Los países han logrado resolver este tema con sistemas de medidores inteligentes, con incentivos para ahorrar energía o con promociones para instalar generación verde en los domicilios y vender electricidad a la red. Pero para eso es necesario inversión y planificación antes que un registro más.

Muchas ciudades de Europa han instalado dispositivos de medición inteligentes que pueden diferenciar el consumo en horas pico y en valles de demanda. Las familias lavan o secan su ropa de noche, cuando la tarifa es más barata para poder ganarse una rebaja. En otros lugares se cobra por potencia. Por ejemplo, en la Argentina, una heladera, la iluminación, un televisor y algo para calefaccionarse podría pagar más que el vecino que tiene una media docena de aires acondicionados y un instrumental eléctrico de última generación pero usa el inmueble sólo los fines de semana.

Sucede que la inversión en la red necesaria para que este último prenda todos sus dispositivos al mismo tiempo es mucho mayor que la que requiere aquel usuario convencional que demanda 30 días de potencia estable. Nada de eso se puede hacer en la Argentina con el sistema de medición instalado.

Otro de los incentivos que se usa es la colocación de energía verde como para abastecer el domicilio y vender el excedente a la red. Apenas algunos pocos han optado por esa solución y esos aventureros lo han hecho por su inquietud y no empujados por una política estatal que genere inversión privada.

Finalmente, lo más importante. Desde hace 20 años, la política energética es la suma de desaciertos, errores, ineptitudes, populismo tarifario, corrupción y falta de planificación. La tarifa plena que ahora deberán abonar los que tengan mayores ingresos es el producto de esa suma de improvisación sedimentada en dos décadas.

Durante años se pagó poco al productor de gas local para beneficiar a los maravillosos, millonarios y sospechados contratos de compra de gas importado. Se destruyó el incentivo a invertir para mejorar el parque de infraestructura. Después de años, la dependencia de gas comprado al exterior se convirtió en un problema que no tiene solución inmediata.

Ahora, claro, el costo total de generación es alto y hay que pasar la gorra entre los usuarios. Está bien que se pague lo que vale la energía, pero todo es más injusto si mientras se colecta no se avanza en un sistema que también ponga la lupa en los costos y en la planificación. La improvisación cuesta mucho dinero.

Diego Cabot

Fuente: La Nación