En la última contienda electoral, quiérase o no, el partido se definió en el terreno de la economía, donde el gobierno saliente no logró hallar un rumbo claro, al menos uno que conforme a las mayorías. De hecho, la conjunción de factores negativos fue tal que no importaron otros aspectos que en otro contexto podrían haberse ponderado como positivos.
Uno de los tópicos donde el gobierno anterior puso las tintas fue en la lucha contra la corrupción. Al menos, y para no entrar en las interpretaciones, la legislación respectiva quedó bastante alineada con las prácticas internacionales. Queda a criterio de cada uno ponderar la efectividad de esto, si se quiere, medida en la aplicación concreta de esta ley y sus consecuencias.
Sin dudas la Oficina Anticorrupción (OA) tuvo un elevado protagonismo con activa participación y visibilidad. También resulta común hallar opiniones desencontradas referidas a su ecuanimidad a la hora de ejercer su función.
¿Qué es la OA?
La OA es el organismo encargado de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Bajo el Decreto 102/99, se creaba la función de Secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Se trataba de una secretaría que se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Su función esencial es prevenir, investigar y perseguir casos de corrupción política en el ámbito de la Administración Pública Nacional.
¿Por qué describimos la función en tiempo pasado? Sucede que se publicó en el Boletín Oficial a mediados de diciembre que su nuevo titular tendrá rango y jerarquía equivalente al de un ministro. Que la función “gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Presidente de la Nación ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional». Asimismo, su personal integrará la nómina del Ministerio de Justicia. No queda del todo claro entonces de quién dependerá el nuevo titular de la OA, pues sigue siendo el Presidente de la Nación quien puede designarlo o destituirlo, siendo esto una de las manifestaciones de relación jerárquica, cuando hablamos de diseño organizacional de estructuras organizacionales.
Respecto del tan debatido como criticado el Decreto 226/2015, que ha quitado la obligatoriedad de ser abogado para encabezar la OA, la nueva gestión ha puesto en función al abogado Félix Crous como sucesor de Laura Alonso, inmediatamente después de reversar el mencionado “226”.
El desafío de la OA en esta nueva gestión
Durante los últimos meses comenzó a escucharse en forma reiterada el término inglés lawfare, que pretende representar una especie de guerra judicial o uso abusivo de los procedimientos legales, manteniendo una apariencia de legalidad, con el fin de provocar repudio popular contra un oponente. El lawfare se presenta como la munición gruesa que contrapone el nuevo gobierno ante los conocidos casos de corrupción que impactaron contra funcionarios de su anterior mandato (y en algunos casos de su actual gobierno).
Sin ir más lejos, el presidente Alberto Fernández expresó en reciente discurso: “Nunca más a una Justicia contaminada por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos”.
¿Qué significa este “nunca más”?
Una gran parte de la sociedad está esperando un real compromiso anticorrupción, y por ende, esta OA representa una oportunidad, un verdadero ícono para expresar eso.
Sin perjuicio de ello, Crous fue muy elocuente sobre el funcionamiento futuro de la OA, al parafrasear lo que le pidió el Presidente: “Fue muy claro y enfático. Me dijo que no quería que persiguiera a nadie y eso lo repitió públicamente”.
¿Qué implicará en la práctica el “no perseguir” desde la perspectiva de la necesaria función investigativa en esta nueva OA? ¿No sería acaso una especie de instrucción contra natura? ¿Es realmente una función independiente la que se inicia con un mandato tan claro y preciso?
De una cosa no tengo dudas: al igual que en el ambiente privado, lo que llamamos “tone from the top” (el mensaje de la cúpula) en un país, debe ser claro e inequívoco, no solo con palabras, sino fundamentalmente con hechos. El mensaje de “no tolerancia a la corrupción” no debe tener grises y la labor consecuente de la OA debe ser implacable.
El autor es profesor en la Universidad del CEMA en temas de Integridad
Fuente: Infobae.com Carlos Rozen
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