Cuando falten menos de 48 horas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Lázaro Báez volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. Así lo decidió el Tribunal Oral Federal de Resistencia que el viernes 20 de octubre comenzará a juzgarlo por la presunta evasión agravada de decenas de millones de pesos provenientes de la obra pública.
Báez compartirá el banquillo en la capital chaqueña con otros cuatro acusados: su socio en la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”, Fabio Biancalani (exsenador nacional por el Partido Justicialista), y tres de sus máximos lugartenientes, Claudio Bustos, Julio Mendoza y Jorge Chueco, quienes también arrastran una condena en la ciudad de Buenos Aires y varios problemas judiciales más.
La acusación contra Báez y sus presuntos cómplices es de índole tributaria en vinculación a la obra pública. Se centra en las presuntas maniobras delictivas con facturas truchas que habrían desarrollado en Chaco y que, de confirmarse, podrían configurar el “delito precedente” para la condena que el presunto testaferro de la familia Kirchner ya arrastra por lavado de activos.
Las audiencias se celebrarán una vez por semana, según determinó el tribunal oral conformado por las juezas Noemí Marta Barros, Mariela Emilce Rojas y Lilia Graciela Carnero, y se estima que se extenderán al menos hasta febrero de 2024.
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Además de encontrarse procesados, Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani llegaron a la instancia oral con embargos por $52 millones cada uno, lo que debería cubrir la cifra que la AFIP estimó que habrían evadido en concepto de impuestos a las Ganancias e IVA mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco sobrelleva un embargo de $3 millones.
Para Báez, Mendoza y Bustos la pesquisa en Chaco representó uno de los tres vértices judiciales que afrontaron por la presunta evasión a escala multimillonaria que habrían desarrollado durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pero uno de esos tres ejes ya quedó atrás y el otro avanza con lentitud.
En Bahía Blanca, el juez federal Walter López da Silva los procesó como miembros de una asociación ilícita fiscal destinada a cometer delitos en perjuicio del Estado nacional por más de $673 millones y dictó embargos por $120 millones. Pero la Cámara Federal con asiento en esa ciudad le quitó a Báez esa acusación de encima, a mediados de 2021, tras concluir que él y sus acólitos ya eran investigados por esos mismos hechos en Buenos Aires. Por eso, el juez solo pudo elevar a juicio oral el tramo centrado en los empresarios bahienses que trabajaron para el dueño de Austral Construcciones.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, procesó a Báez, Mendoza y Bustos en marzo de 2018 por la presunta evasión de al menos $70 millones a través de Austral Construcciones, decisión que confirmó la Cámara de Apelaciones, por lo que el magistrado elevó a juicio oral a Báez y a sus hijos Martín, Leandro y Luciana a juicio, como también a Mendoza, Bustos, Chueco, César Andrés y otros alfiles. Todos deberán afrontar la instancia oral ante el Tribunal en lo Penal Económico N° 3.
Chaco, eslabón clave
El expediente que tramita ante la Justicia federal en Chaco es, sin embargo, el más avanzado. Comenzó con una denuncia de la AFIP, cuyos sabuesos detectaron irregularidades y presuntos delitos al revisar los libros contables de la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”, en la que Fabio Biancalani continúa como accionista minoritario.
En septiembre de 2020, el juez federal subrogante, Enrique Bosch, procesó a Báez y los demás acusados a pedido del fiscal federal Patricio Sabadini. Estimó que había pruebas suficientes sobre “la existencia de operaciones inter empresas –controlada y controlante- con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP”.
Esas facturaciones, según estimó el magistrado, “sirvieron en definitiva para simular operaciones y justificar movimientos importantes de fondos entre empresas buscando claramente la justificación patrimonial en la controlada y la inyección de fondos provenientes de la obra pública”.
Ocho meses después, la Cámara Federal de Resistencia confirmó los procesamientos de todos los acusados. “Tenemos por acreditada la autoría de los procesados por prueba indiciaria sumada a los restantes elementos objetivos aunados”, remarcaron los camaristas María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Juan Manuel Iglesias.
En octubre de 2022, en tanto, el expediente superó otro obstáculo. El nuevo juez federal Ricardo Mianovich rechazó un planteo de nulidad de la defensa de Biancalani y las oposiciones de Báez y el propio Biancalani a elevar el expediente al tribunal con sede en Resistencia, y remitió las actuaciones a la instancia oral.
Para Báez, qué ocurra en Chaco resulta clave para su estrategia defensiva. Entre otros motivos, porque el tribunal con sede en Buenos Aires que en 2020 lo condenó por la “ruta del dinero K” a 12 años de prisión (Casación lo redujo a 10 años) junto a Chueco (6 años), Mendoza (6 años, que se redujo a 5 años) y Bustos (4 años y 6 meses, que bajó a 3 años), argumentó que el origen de esos fondos fue el fraude fiscal de fortunas que recibió de la obra pública. Y a lo largo de la sentencia, invocó repetidas veces lo ocurrido en territorio chaqueño.
Fuente: La Nación
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