La lucha contra la corrupción será más duradera si logra no ser vista como revanchismo

La detención del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue recibida por un amplio sector de la sociedad como un demorado acto de justicia. Sin embargo, todavía es difícil saber si con estas decisiones el Poder Judicial ya se decidió a funcionar bajo criterios de independencia o todavía está buscando purificarse por sus propias faltas.

Para poder tener un progreso sustentable, cualquier país necesita que los magistrados acepten actuar como contrapeso de las decisiones del Poder Ejecutivo que no se ajustan a la ley. Es cierto que en la historia argentina -pasada y reciente- hubo innumerables gobiernos que no tuvieron empacho en someter a los jueces a cualquier tipo de coacción con tal de garantizarse impunidad. Pero cuando los procesos judiciales corren paralelos a los procesos políticos, todavía queda la sensación de que los jueces siguen mirando las señales que emite el poder antes de meterse en terrenos resbaladizos.

Hubiera sido difícil, de todos modos, cambiar el destino del ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner. Los procesamientos previos no habían llegado a la instancia de la detención porque el Congreso todavía esperaba que se resolviera la pulseada electoral. Con el resultado del domingo pasado, los que fueron leales al gobierno anterior optaron por el silencio: nadie bajó al recinto a defenderlo.

El oficialismo logró que se le quiten los fueron y De Vido terminó su día en el penal de Ezeiza, donde ya están alojados algunos de sus ex colaboradores más populares, como José López y Ricardo Jaime, el ex general César Milani, Lázaro Báez y el sindicalista Juan Pablo «Pata» Medina.

El poco interés que mostraron varios jueces por combatir la corrupción antes del 2015 generó a nivel social una sed de revancha que acompañó el renacer de muchas investigaciones judiciales para las que no había testigos, ni búsqueda de pruebas, ni vocación por avanzar.

El problema es que cuando la acción obedece a ese tipo de impulsos, no siempre lo hace sobre las denuncias más relevantes, sino sobre las más permeables. Aquellos que equiparan la sanción judicial con el castigo social, le dan más importancia a la pena en si misma que a la causa que la justifica. El ejemplo de Al Capone, que terminó preso por evasión fiscal, siempre está a mano cuando se lo necesita.

La lucha contra la corrupción siempre será bienvenida, al igual que el funcionamiento de la Justicia bajo parámetros de independencia del poder de turno. Lo que hay que conseguir son herramientas institucionales que le dan garantías intertemporales a los magistrados y eviten el revanchismo que despierta el eterno péndulo argentino.

Fuente: El Cronista.com    Hernán De Goñi