Nada en él es como parece. Sergio Massa anunció, solemne, que no usará dólares de las reservas para pagarle al Fondo Monetario, y salió en el acto a pedir dólares prestados. Aquella afirmación encierra una mentira. La verdad, siempre poliédrica y compleja, consiste en que no hay dólares en las reservas del Banco Central, y en que los dólares que este usa desde hace varias semanas corresponden a los encajes (es decir, a los depósitos de los ahorristas en dólares). Una cosa es no querer usar algo y otra cosa es no usarlo porque no se lo tiene. La desesperación del ministro para no entrar en mora con el Fondo exhibe, a su vez, a un político muy diferente del que dice detestar al organismo multilateral. Massa usó yuanes del swap con China; un crédito contingente de 1000 millones de dólares de la Confederación Andina de Fomento (CAF); otro crédito de casi 800 millones de dólares de Qatar, y también hipotecó las reservas de oro. El crédito de Qatar deberá devolverlo no bien arregle definitivamente con el Fondo. En todo caso, la rebeldía de Massa tiene precio: son los intereses que deberá pagar por los dólares que pidió prestados. Los qataríes ingresaron a última hora al nuevo grupo de acreedores de la Argentina, después de que los chinos y la CAF (una corporación en la que no está Estados Unidos) dispusieron sus créditos. Qatar tiene el estatus de “aliado estratégico” de Washington. La aparición del gobierno qatarí en el desesperado salvataje de la Argentina, una primicia de la periodista Florencia Donovan en LA NACION, indica que la paciencia de los norteamericanos con Massa se está agotando, pero que no están dispuestos, por ahora, a dejarlo caer. “Si el país entraba en mora o en virtual default con el Fondo, la economía podría haberse asomado a una crisis más profunda aún”, aseguró un economista.
La evidente condición de Massa de suplicante internacional de limosnas disparó aquí el precio del dólar paralelo, que Martín Guzmán había dejado en 239 pesos. Anteayer cerró a 574 pesos, mucho más que el doble del precio del aborrecido antecesor de Massa. El precio actual del dólar de Massa es casi un 1000 por ciento más caro que el que dejó Mauricio Macri en 2019, cuando costaba 60 pesos. Un Massa intolerante y prepotente ante el periodismo apareció cuando en un encuentro con la prensa en Córdoba le preguntaron precisamente por el dólar y la inflación. Aunque el ministro lo niega, el precio del dólar paralelo conserva una estrecha relación con la inflación. Industrias y comercios tienen como referencia al dólar paralelo para fijar los precios y asegurarse la reposición de sus mercaderías. Los avatares de los últimos días señalan que al ministro-candidato lo aguardan semanas con escasas noticias buenas. Justo las mismas semanas en las que se resolverán las elecciones presidenciales.
Cristina Kirchner vive en una esfera donde el poder equivale a la ley
Sea como fuere, lo cierto es que el Fondo se convirtió de pronto en un celador severo de las cuentas públicas argentinas. Tanto es así que Massa no pudo evitar un fenomenal aumento de las tarifas de gas y electricidad semanas (o días) antes de las primeras elecciones presidenciales. La versión de que esos aumentos afectan solo al sector más pudiente de la sociedad es puro cuento. Hay testimonios fiables de familias de clase media baja que fueron azotadas por las nuevas boletas de gas y luz. “Debemos optar entre comer o tener calefacción”, se escuchó decir a familias de clase media. Massa deberá encarar las primarias del próximo domingo con la amenaza de otro sobresalto de la inflación, y con la extendida queja social por una tremenda escalada en los precios de los servicios más esenciales para vivir.
Tal constatación nos lleva a otro escenario electoral. Las encuestas están señalando un resultado parecido al de las elecciones de 2015. Para poner un ejemplo que quizás representa un promedio de todas las mediciones: 35 por ciento para Juntos por el Cambio, 30 para el oficialismo y 20 para los libertarios de Milei. Sin embargo, hay analistas de opinión pública que suponen que podrían darse resultados más parecidos a los de 2019 cuando la sociedad vivía la crisis económica de los últimos meses del gobierno de Macri. Si bien la crisis actual es bastante más grave que la de entonces (en niveles de inflación, de precio del dólar o de reservas), nadie suponía hace casi cuatro años que se podía estar mucho peor. En las horas previas a las primarias de 2019, el gobierno de Macri esperaba un resultado de solo el 3 o el 4 por ciento a favor del gobierno o de la oposición; el oficialismo de entonces suponía que podría dar vuelta en octubre resultados eventualmente adversos.
Contra todos los pronósticos, el gobierno de Macri tropezó el domingo 11 de agosto de 2019 con una enorme derrota. Unos 16 puntos porcentuales lo separaron de la oposición ganadora, liderada por la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Una derrota que ningún funcionario macrista (ni ningún encuestador) previó nunca. Aunque Macri trabajó en una recomposición para las generales de octubre, y realmente mejoró mucho los resultados dos meses después, perdió la presidencia en la primera vuelta por casi 8 puntos. Ese proceso de hace cuatro años está muy bien narrado en un libro de reciente aparición: 24 de Agosto, de Nicolás Roibás y Miguel Velarde. Mirar 2019 en lugar de 2015 es solo una conjetura, pero respaldada en la comparación de la situación económica y social de ambos momentos.
Cristina Kirchner es quien está sacando conclusiones parecidas (o teme resultados parecidos) si bien se mira lo que está haciendo con jueces y fiscales. El proyecto político de la vicepresidenta fue siempre, sobre todo desde 2019, colonizar la Justicia para defender sus intereses personales, pero también para condicionar al futuro gobierno. Ya se ha visto cómo jueces y fiscales pueden obstaculizar la gestión de un gobierno aceptando medidas cautelares o manchando de ideología sus resoluciones. Cristina no pudo en la semana que pasó reunir al Senado para darle el acuerdo a la continuidad de la jueza Ana María Figueroa, miembro de la Cámara de Casación, la más alta instancia penal del país. Figueroa ha tenido conocidas expresiones de solidaridad con la expresidenta. El oficialismo argumentó que una senadora propia del Chaco tuvo un problema de salud con un hijo y no pudo asistir a la reunión. Es cierto, pero no dijo que otros dos senadores, Guillermo Snopek y Alberto Weretilneck, nunca confirmaron que asistirían a la frustrada reunión del miércoles pasado. La deserción fue más grave que el problema familiar de una senadora. Todo indica que no habrá reunión del Senado hasta después de las elecciones del próximo domingo. Y la habrá –o no– según los resultados de esos comicios.
La jueza Figueroa cumplirá los 75 años que fija la Constitución el miércoles próximo. Si no tiene el acuerdo antes, deberá jubilarse al día siguiente, a pesar de que comienzan a surgir interpretaciones que señalan que podría seguir en su cargo porque su pliego ya está en el Senado. Puede haber antecedentes, pero esa interpretación y los antecedentes están equivocados. En la página web del propio Ministerio de Justicia, en el sector que refiere a la edad de los jueces que se jubilan, se señala textualmente: “El Senado puede no dar acuerdo o no hacer nada hasta el día en que el juez o la jueza cumple 75 años. En ese caso, el Ministerio de Justicia debe notificar al Consejo de la Magistratura para que empiece el concurso para cubrir el cargo”. Es decir, el juez o la jueza debe jubilarse en el acto si el Senado no le dio el acuerdo antes del día de su cumpleaños. La reglamentación del Ministerio de Justicia y del Consejo de la Magistratura es el resultado de la interpretación correcta que hicieron de la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la edad de los jueces para jubilarse. Por eso, precisaron que los jueces que quieran permanecer en el cargo más allá de los 75 años deben comenzar los trámites correspondientes un año antes de cumplir esa edad.
Con todo, detrás de la figura de Figueroa, que es la más refulgente, se esconden los acuerdos para 75 nuevos jueces y fiscales. Hay otro paquete con 18 nuevos jueces, pero a estos el plenario del Senado debe darles solo el ingreso para su tratamiento en la Comisión de Acuerdos. Hasta diciembre, cuando se irá a su casa, Cristina Kirchner se propone incorporar a 93 jueces y fiscales nuevos. La mayoría le responden a ella. Cristina es así: vive en una esfera donde el poder equivale a la ley.
Fuente: La Nación
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