Sin siquiera detenerse a explicar demasiado la decisión, algo que sí han hecho otras veces otros gobiernos, Milei acaba de tomar una de las medidas más impopulares desde que asumió: aumentó las tarifas de gas en un nivel que, en algunas facturas del área metropolitana, llegará a quintuplicarse. El Presidente abordó así uno de los grandes tabúes de la Argentina. Desde 2002, luego de la pesificación y la ruptura de los contratos, la clase media tiene naturalmente incorporada la idea de que puede pagar cara internet, el teléfono o el abono de la televisión por cable, pero que el gasto en energía corre por cuenta del Estado.
La cuestión tarifaria es una vaca sagrada que se gestó con Duhalde y los Kirchner, pero que se terminó de consolidar cuando, en el gobierno de Macri, la Corte intervino y les puso a las facturas un límite. Todavía hoy, integrantes de Juntos por el Cambio, principalmente radicales, atribuyen la derrota de 2019 a esos aumentos.
Milei lo tomó en cambio como el proceso natural de un ajuste que viene anunciando desde la campaña. Ni siquiera instruyó a su secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para anunciarlo en conferencia de prensa, y volvió a invertir el método de Macri: las malas noticias se aplican de golpe. Es lo que piensan en el Gobierno y, ahora, en las empresas del sector. “¿Y por qué no hacen gradualismo con el precio del pollo?”, decían con ironía en una distribuidora de gas, donde celebran que la Casa Rosada haya empezado a equilibrar una vieja desproporción: hasta ahora, esas empresas habían recibido apenas un cuarto de la recomposición de sus proveedores, que son las petroleras.
La industria del gas pasará entonces a depender, como en los 90, del consumo y la capacidad de pago de sus clientes, no ya del subsidio. Es un esquema que el Gobierno pretende también para toda la energía. Hace un mes, empresarios de la generación eléctrica, entre ellos Marcelo Mindlin y representantes de Sadesa, la compañía que tiene entre sus accionistas a Carlos Miguens, Nicolás Caputo, Guillermo Reca, la familia Escasany y los hermanos Ruete Aguirre, fueron a reclamarle al secretario de Energía la deuda que el Estado tiene con Cammesa, la administradora del despacho de electricidad. No tuvieron suerte. Rodríguez Chirillo se limitó a transmitirles el mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo: no solo no hay recursos para pagarles, sino que el Gobierno está pensando en sacar del escenario a Cammesa y que, como pasa con el gas, las generadoras empiecen a depender directamente, sin intermediarios, de lo que les pagan los usuarios. “Prepárense para cobrarles a las distribuidoras”, anticipó. A Mindlin no le gustó la idea. “¿Tengo que depender de Manzano?”, dicen que contestó, en referencia al dueño de Edenor. Lo que pase con la deuda acumulada es por ahora una incógnita. Hay quienes no descartan un bono para las empresas.
La recomendación de Rodríguez Chirillo sorprende en un mercado habituado hasta ahora a depender de los flujos que determina el Gobierno. Fue siempre así, incluso para quienes interactúan con el sector desde afuera: puestos a elegir, muchos bancos internacionales consideran menos riesgoso prestarle a una compañía argentina que tenga detrás a un Estado que, a fin de cuentas, terminará pagando. Es la mayor novedad de estos tiempos; que el Estado esté lo menos posible. Un cambio de régimen integral que sin dudas provoca rechazos. “No es compatible educarse en la UBA y votar a Milei”, resumió esta semana Emiliano Yacobitti, vicerrector de la universidad.
En el ámbito económico, la gran duda es si la Argentina está preparada. Si, por ejemplo, las empresas podrán desenvolverse sin una inflación que, durante muchos años, disimuló parte de las ineficiencias de todos. En un mercado en el que nadie sabe cuánto vale un producto, subir el precio puede ser el mejor modo de ganar rentabilidad. Cuando esa distorsión desaparece, la misma estrategia equivale en cambio a no vender: la competencia es por volumen. Por eso hay unos cuantos empresarios reacios. La mayoría, sin embargo, admite que el país había llegado a un límite, y avala. No bien pasó la primera vuelta electoral, Paolo Rocca se comunicó personalmente con Macri para terminar de convencerlo de que había que apoyar a Milei en el balotaje.
Los sectores disidentes serán seguramente más ruidosos. Entre ellos, el comercio. El pizzero que hasta ahora aprovechaba el gas subsidiado deberá habituarse a que este insumo suba igual que la harina y, si no se adapta, integrará el lote de perdedores del sistema. Lo mismo en la industria. En el Ministerio de Economía anticipan abiertamente que, tarde o temprano, abrirán la importación de textiles. No está claro el momento, y tampoco si se hará en simultáneo a una reducción tributaria. Es la crítica que Milei les hacía durante la campaña a los 90: abrir la economía sin bajar impuestos equivale a empujar a muchos al cierre. Hace años, Teddy Karagozian, líder de TN & Platex, decía que, sin ese peso del Estado, su empresa estaba en condiciones de competir con el mercado asiático.
Al Presidente tampoco le sobra tiempo para aplicar el programa. La euforia financiera, que ayer ubicó el riesgo país en 1302 puntos, le está dando por ahora cierto margen. Vienen además semanas en las que no debería haber presiones sobre el tipo de cambio porque entrarán dólares por la cosecha. Y hay una parte importante de la sociedad igualmente dispuesta a creer que, a diferencia de otras veces, el equilibrio fiscal no es solo una promesa. Pero hay un lapso para cumplir. Es el que tiene el Gobierno para conseguir que el Congreso apruebe leyes sin las cuales difícilmente la Argentina empiece a recuperarse en serio.
La apuesta de Milei y Caputo es que la caída en la inflación no solo se concrete rápidamente, sino que convenza a la dirigencia de la necesidad de las reformas. En definitiva, que la negociación en el Congreso no cueste tan cara. Hay al respecto bastante por revertir. La relación con los gobernadores, por ejemplo. “Desde que se cayó la ‘Ley de bases’ estamos desconfiados”, dijo a La Nación uno de los que estuvieron anteayer con Guillermo Francos y Nicolás Posse y prometen votar a favor. No alcanza, y el Gobierno deberá entonces sumar a varios de los ausentes. Los posibles. No Kicillof o Quintela, desde ya, ni tampoco Gustavo Melella, el anfitrión del viaje que el Presidente hizo a Ushuaia con Laura Richardson, jefa del Comando Sur. Disconforme con el espíritu del acto, el fueguino desoyó dos de los tres pedidos que le hizo Casa Rosada. Aceptó aportar una ambulancia de la provincia, pero negó la policía y el hangar del aeropuerto: el Embraer norteamericano tuvo que esperar a la intemperie.
Milei tiene, con todo, la ventaja de haberse mostrado duro desde el 10 de diciembre. Ningún gobernador ignora ya que tensar la negociación equivaldrá a ponerla en riesgo. “Es lo que hacía Néstor”, apuntó un empresario. Aun con las leyes aprobadas, el Presidente necesitará además que la Justicia no frene sus decisiones medulares. A ese desvelo obedece, dicen en su entorno, haber aceptado de Ricardo Lorenzetti la propuesta de la candidatura de Ariel Lijo para la Corte. “¿Y yo qué sé cómo va a votar Rosatti, más allá de que querría jueces así para el país de mis hijos?”, se sinceró un empresario. Urgencia mata república. No es el único caso: hay dirigentes muy relevantes de Pro que objetan a Lijo, pero que lo respaldarán en la votación. Por lo mismo que lleva a varios gobernadores a acompañar. “A nosotros nos viene bien que este tipo se ponga al hombro el ajuste”, explicó uno de ellos. La paradoja de Milei es que una parte de “la casta” lo necesita.
Fuente: La Nación
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