Funcionarios contra el paredón

La furia desatada entre los colectiveros y no pocos vecinos de La Matanza tras el asesinato a sangre fría del chofer Daniel Barrientos, al que le faltaba apenas un mes para jubilarse, fue un mensaje para la dirigencia política en su conjunto y para las autoridades de la provincia de Buenos Aires en particular.

Fue un síntoma más de que a buena parte de la población se le agotó la paciencia. La ciudadanía quiere hechos y no más palabras, y no está dispuesta a seguir escuchando relatos sobre un “Estado presente” que solo defiende los privilegios de quienes viven del sector público, pero es incapaz de proteger los derechos más esenciales de los habitantes, empezando por la seguridad.

Las imágenes del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, acorralado contra un paredón, en adyacencias de la avenida General Paz, enfrentando casi en soledad golpes y piedrazos de los manifestantes, fueron el reflejo de un poder político que está contra la pared, estéril frente al hartazgo y la bronca de la población ante la desprotección.

Por cierto, Berni se equivocó al llegar al lugar donde los choferes de colectivos cortaban las calles en señal de protesta por la muerte de su colega. Fue una actitud temeraria e irresponsable, que solo contribuyó a caldear aún más los ánimos, más allá de que ninguna forma de violencia es justificable. Quiso dar una respuesta política con su sola presencia, acostumbrado a los actos demagógicos, sin imaginar una reacción violenta de los manifestantes. Tanto el ministro de Seguridad provincial, como la mayoría de los funcionarios, han perdido la sensibilidad necesaria para medir el pulso de la calle.

Desde ayer, quedó demostrado que el kirchnerismo ha perdido ese bien tan preciado por Néstor Kirchner que es el control de la calle. El cortocircuito con la sociedad se hizo evidente. Especialmente, frente a la inacción oficial ante un problema de todos los días como la delincuencia.

La creciente inseguridad en el conurbano bonaerense es la consecuencia de una descoordinación notable entre los ministerios de Seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Los continuos entredichos entre el ministro Aníbal Fernández y el gobernador Axel Kicillof son la más palpable demostración.

A esa situación debe sumarse la de fuerzas policiales cuyos efectivos parecen atados de manos y temerosos para actuar con firmeza contra el delito, y bajo la permanente sospecha de ser, en muchos casos, cómplices del crimen organizado. Un escenario que no hace más que alentar la delincuencia común.

Una reciente encuesta, realizada por el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, da cuenta de la fuerte preocupación que el problema de la inseguridad provoca en la población. El relevamiento fue llevado a cabo entre 2072 personas consultadas online, con parámetros de geolocalización, en los grandes conglomerados urbanos del país (CABA, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Gran Rosario, Gran Córdoba y Gran Tucumán) desde el 23 hasta el 29 de marzo.

Frente a la pregunta “¿Qué palabras o frases expresan mejor lo que usted siente con respecto a la inseguridad?”, el 63% mencionó “impotencia”; el 53% habló de “alerta y preocupación permanente”; el 48%, de “bronca”, y el 39%, de miedo.

El supuesto de que la inseguridad no constituye un problema grave, sino que está exagerado por los medios de comunicación, se muestra claramente falaz, de acuerdo con el estudio de la UBA: esta opción es solo elegida por el 4% de las personas consultadas.

El 80% considera que la inseguridad es un problema extremadamente grave o muy grave. El 77% cree que aumentó mucho o algo con respecto a la situación de un año atrás.

Un termómetro de la inseguridad elaborado en función del citado estudio de opinión pública indica que Rosario es visualizada como la zona más insegura, con un rating de 91 puntos sobre 100, seguida por Tucumán y La Plata, con 74 puntos, y por el Gran Buenos Aires, con 72 puntos.

La corrupción policial, con el 60% de menciones; los jueces “garantistas” que dejan libres a los delincuentes, con el 59%; la drogadicción y el narcotráfico, con el 59%; la falta de educación, con el 57%, y la pérdida de valores sociales, con el 57%, son, a juicio de la población encuestada, las principales causas de la inseguridad.

El 58% manifiesta haber sufrido algún tipo de hecho delictivo en carne propia o de familiares. De ellos, el 27% afirma que nunca denunció el delito y el 25% dice que solo lo hizo en algunas ocasiones. El 81% considera muy probable o bastante probable sufrir un delito en el corto plazo.

El nivel de escepticismo o desesperanza se manifiesta en el hecho de que casi ocho de cada diez personas estima que la inseguridad aumentará algo o mucho en los próximos seis meses.

En cuanto a las acciones que se deberían tomar frente al problema de la inseguridad, el 66% se muestra totalmente de acuerdo en que “para enfrentar eficazmente al delito es necesario adoptar una política de mano dura” y solo el 24% se declara en contra de esa alternativa. En igual sentido, el 43% está en total desacuerdo con que “si se le diera mayor poder a la policía, aumentarían sus excesos y los casos de gatillo fácil”, mientras el 35% acuerda con esta frase.

Asimismo, el 93% de la población encuestada declara que deberían cambiarse y endurecerse las leyes penales para delitos graves y de lesa humanidad.

El estudio señala que, como resultado de estos factores estresantes, vuelve a aparecer la palabra “incertidumbre”, lo cual conduce a pensar que un sector mayoritario de la sociedad siente desazón y una sensación de que “no hay salida” ni un camino posible para su desarrollo personal y familiar. Su conclusión es que hoy el ciudadano de a pie está haciendo un gran esfuerzo para estar siempre en el mismo lugar, y al tomar conciencia de la inutilidad de su esfuerzo, siente que su futuro está quebrado.Fernando Laborda

Fuente: La Nación