Hay un motivo excluyente por el que muchos aspirantes a la policía bonaerense no pudieron en los últimos meses entrar en la fuerza. La gran mayoría, casi el 80%, no aprobó el examen psicofísico o psicotécnico. Es un dato que acaba de revelar Sergio Berni delante de intendentes del conurbano. Y que expone en primer lugar el deterioro de la Argentina: en los municipios afirman que la principal motivación de los inscriptos era conseguir trabajo estable y en blanco, pero que no calificaron siquiera para empezar la capacitación. Una catástrofe social que explica al mismo tiempo el malestar que, desde el lunes, se percibe en algunas comunas con el ministro de Seguridad, en parte porque, en las declaraciones posteriores a la agresión que recibió al borde de la General Paz, él se quejó del magro reclutamiento. “Lo único que falta es que un intendente esté para eso”, protestaron en un distrito peronista.
La convocatoria había sido a todas las municipalidades, independientemente del partido que las gobernara. “Búsqueda de personal para el manejo de vehículos policiales y actividades de vigilancia”, encabezó en su momento un aviso de la de San Isidro. Aclaraba que era una iniciativa del Ministerio de Seguridad bonaerense y consignaba los requisitos: los interesados debían tener entre 18 y 29 años y estudios secundarios completos, sin materias pendientes. “Sumate a la fuerza 2023″, propuso un volante de la municipalidad de Campana en las redes. “¿Sos de La Matanza? Estás a tiempo de sumarte a la policía bonaerense”, decía otro.
La muerte de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620, y todo lo que vino después, fue lo más elocuente de una fragilidad múltiple y estructural. Embrollada en este caso, como casi todo en la Argentina, por intereses corporativos que la llevaron al límite.
Hace tiempo que el transporte de colectivos bonaerense está dividido en dos partes. De un lado, los afiliados de Roberto “Narigón” Fernández, secretario general de la Unión Tranviaria Automotor (UTA); del otro, los de Miguel Ángel Bustinduy, que encabeza la línea interna más combativa del gremio. A Fernández le atribuyen en el sector una relación muy cercana con Héctor José Prieto, presidente de Colcar, un concesionario que le vende chasis de Mercedes-Benz a la industria y que compite a su vez con Metalpar, fabricante controlado por la empresa Dota, de la familia Faija.
El líder de la UTA ha representado siempre el ala más moderada sindical. En su momento, por ejemplo, el gobierno de Macri se acercó a él para contrarrestar el poder de los metrodelegados y hasta de Moyano, permitiendo que los ómnibus de larga distancia transportaran carga y facilitaran la actividad de empresas como Mercado Libre. Pero un chofer muerto es otra cosa. “El Narigón puede atajar penales, pero no hacer milagros cuando la situación es insostenible”, dijo alguien que lo conoce bien. El desborde de las bases, en esta protesta más afín a Bustinduy, ha sido siempre un riesgo sindical típico de tiempos de máxima tensión. Fue lo que explotó esta semana.
Los incidentes desnudaron además una irregularidad que probablemente termine en denuncias de la oposición: ¿qué hicieron las empresas con los fondos que les entregó el gobierno bonaerense para instalar cámaras en los colectivos? Hace casi cinco meses, el 30 de noviembre, el grupo Dota le mandó al ministro de Transporte de Kicillof, Jorge D’Onofrio, una carta que consignaba el incumplimiento. El texto, enviado con copia para Berni y el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, es incendiario. Empieza diciendo que Dota es de las pocas empresas que instalaron cámaras y después acusa directamente a D’Onofrio de tener vínculos incompatibles. “Hay empresas que han recibido los fondos públicos para adquirir el equipamiento en el que se ve involucrada la seguridad de los conductores y pasajeros –dice la carta–. […] Quienes hemos invertido nos sentimos unos verdaderos ingenuos, por decirlo de una manera delicada, mientras que otras empresas les habrán dado a los fondos recibidos un destino diferente. […] Quizá resulte casual, quizá no, pero se trata, casi en su generalidad, de empresas afiliadas a las cámaras empresarias amigas del señor ministro”.
Un bombazo y por escrito. La jugada de Berni no pudo haber salido peor. No solo les dio a la tragedia y a las irregularidades difusión instantánea y nacional, sino que permitió además que, por primera vez desde 2019, las críticas por la seguridad lo excedieran en el cargo e impactaran directamente en Kicillof. Algunos de estos reproches se escucharon el martes en Ensenada, donde el intendente Mario Secco volvió a reunir a la parte del Frente de Todos que todavía sueña con una candidatura de Cristina Kirchner.
Lo más interesante fue el tono. “Yo vengo gritando ‘Cristina 2023′ y resulta que aparece Wado hablando de las primarias”, dijo a la nacion alguien que estuvo ahí. Las dudas se acrecientan porque, dicen los militantes, ella ha dejado de dar instrucciones y eso obliga a todos a tener que prestarles atención a sus dos principales mensajeros, De Pedro y Máximo Kirchner, que además vienen coincidiendo con una idea que en Ensenada no convence, la del PJ compitiendo en las primarias. Como si el Instituto Patria le hubiera dado finalmente la razón a Alberto Fernández. ¿Es realmente lo que manda la jefa? No está claro, pero empiezan a suponerlo.
En realidad, algo de esto les había anticipado semanas atrás Jorge Ferraresi en el mismo lugar, durante una reunión que ellos habían organizado para respaldar a Kicillof después de las críticas que le hizo el diputado Kirchner. Esa noche, con el gobernador en la cabecera y Máximo ausente, Ferraresi les dijo que había estado reflexionando con Alberto Fernández y con Massa y que, tal vez, convendría pensar en que la prioridad era no romper el Frente de Todos. Ferraresi es vicepresidente del Instituto Patria. ¿Hablaba por sí mismo o lo mandaban? Otro misterio.
A varios les molestó en ese momento escuchar la propuesta. Pero, dada la dispersión y la caída en la intención de voto del Frente de Todos, temen que haya que tomarlo como instrucción. Dependerá en todo caso de los resultados económicos con que Massa llegue a fines de junio, si es que el ministro sigue con la pretensión de ser candidato. Porque hasta ahora, con la inflación desatada, el kirchnerismo muestra cierto instinto defensivo: como si la prioridad fuera preservar el poder. Ubicándose estratégicamente en las listas, por ejemplo. El espíritu de una fuerza perdedora. “Hay mucha tristeza –dijeron en un municipio–. El Congreso 2024 va a ser una cosa horrible: menos del Frente de Todos, muchos libertarios, muchos de la izquierda… Una pelea de gallos”.
No parece solo una sensación. Los últimos sondeos de La Matanza envalentonan a Eduardo Creus, referente de Juntos por el Cambio, que confía en que la izquierda, los votos de Milei y hasta el fuego amigo de Patricia Cubría, del Movimiento Evita, terminen de debilitar al Frente de Todos en el distrito. Y algo parecido pasa en Merlo, donde la oposición celebra el regreso de Raúl Othacehé, enemistado hace tiempo con la conducción del PJ local. “El Vasco está dispuesto a jugar solamente para hacer daño”, dice alguien que conoce al exintendente.
La proyección de una elección muy complicada contiene por ahora a los intendentes de no contestarle públicamente a Berni. Hacerlo, dicen, dañaría en primer lugar a Kicillof, el único candidato a quien todavía ven con posibilidades de ganar y sobre el que recae incluso la esperanza de que se postule a la presidencia. A muchos les costó en un principio entender que la provincia denunciara a los choferes de colectivo. ¿Tanto vale Berni?, se preguntaban. Anteanoche, con el tuit de Cristina Kirchner cuestionando la detención, el malhumor con el ministro se terminó de unificar. “Parece que jugáramos a perder. ¿Cómo vamos a denunciar a un trabajador?”, dijo alguien de buena relación con el Instituto Patria. Como si, de tan desorientado, el peronismo se hubiera olvidado hasta de sus consignas.
Fuente: La Nación
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