La Libertad Avanza se ha constituido en su propia oposición. En estos días el principal obstáculo que encuentra Javier Milei para alcanzar sus objetivos es el método de Javier Milei. La primera medida de necesidad y urgencia que sería saludable que adopte es producir un giro en su concepción sobre la tarea de gobierno. El impedimento principal es bastante evidente. El Presidente decidió, con muy buen criterio, que la meta más importante de su gestión sería reducir cuanto antes la inflación. Para hacerlo organizó un gran ajuste fiscal. Ese shock depende en buena medida de una batería de cambios impositivos que, por definición, requieren de aprobación parlamentaria. Por eso envió al Congreso un proyecto de ley. Sin embargo, una distracción incomprensible lo llevó a incluir esas modificaciones en un texto de 664 artículos cuyo tratamiento, si se hiciera a toda velocidad, demandaría medio año. Antes de que Milei llegara a la Casa Rosada había una duda muy razonable sobre cómo conseguiría que el Poder Legislativo apruebe sus iniciativas. Ahora la pregunta es más rudimentaria: ya no se trata de que las quiera aprobar, sino de que las pueda tratar. No es un inconveniente tangencial. Si depende del paquete impositivo enviado a la Cámara de Diputados, la indispensable normalización de las cuentas públicas tardará demasiado tiempo en producirse. Dicho de otro modo: los que intenten prever el derrotero fiscal del oficialismo deben incluir en su aritmética la demora que significa dar tratamiento legislativo a un mamotreto de 183 páginas.
El problema que se acaba de describir no obedece a un error formal. Expresa una concepción según la cual la gestión pública es la aplicación mecánica de una receta de laboratorio. Es decir, una técnica que puede prescindir del consenso indispensable para que las iniciativas se vuelvan viables. Con independencia del pasable autoritarismo que cobija ese modo de ver la administración, ni siquiera las revoluciones consiguen que la realidad se muestre tan dócil frente a las ideas.
En el programa de Milei aparece una segunda dificultad: la de distinguir lo principal de lo accesorio. Es un rasgo llamativo del inabarcable proyecto enviado al Congreso y del Decreto de Necesidad y Urgencia elaborado por Federico Sturzenegger y monitoreado, a pedido de Santiago Caputo, por María Ibarzábal. No sólo no están identificadas las prioridades del Poder Ejecutivo. Tampoco se entiende por qué algunas materias fueron a la ley y otras al decreto. Como si el mismo equipo hubiera llegado al poder con dos planes de gestión.
Milei tiene la vista puesta en un propósito. Revertir la carrera de los precios. Él considera que el tipo de cambio real tendrá un descenso abrupto en los próximos meses. Si se asigna a diciembre de 2016 un índice de 100, ese tipo de cambio llegó el mes pasado a 180. En febrero próximo caería a 157; en abril, a 140 y en junio estaría en 110. Ese vaticinio supone que para el Presidente la inflación de enero sería de alrededor de 16%, la de febrero de 15%, la de marzo de 14% y en abril ya se habría vuelto a un dígito, con algo parecido a 8%. Esta es la tesis que subyace a otra hipótesis oficial: con esta desaceleración drástica de los precios no haría falta una devaluación mayor a la prevista. Al revés: habría una revaluación del peso, alentada por el ingreso de dólares que determinará la cosecha.
Estas metas suponen que el Tesoro ya no será financiado con emisión monetaria. Por lo tanto, además de reducir los gastos, el Gobierno debe conseguir financiamiento por la vía impositiva. Aquí radica la importancia de la ley que debe discutir el Congreso. Aquí radica la gravedad de la demora en su tratamiento.
El Poder Ejecutivo le está pidiendo al Parlamento que modifique el impuesto a los Bienes Personales y el régimen de impuestos internos; que autorice un blanqueo y una moratoria; que retoque la ley del IVA; y que altere la fórmula de actualización de las jubilaciones, entre otros cambios.
Esas reformas forman parte de un mismo articulado con alteraciones en la Ley Federal de Pesca, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Procedimientos Administrativos. Se proponen reformas al Código Civil y al Código Penal. Y, con el mismo grado de relevancia, mudanzas en el Instituto Nacional de Cine, la Ley del Libro, la de Asociaciones Mutuales y el Instituto del Teatro.
Lo más curioso es que estas remodelaciones están encabezadas por la declaración de una dramática emergencia que duraría, por lo menos, dos años. ¿Qué gestión que arde en las llamas de una emergencia se dedica a mejorar la reventa de entradas deportivas o a considerar, como hacen estos proyectos, la conveniencia de mantener un Fondo Nacional de las Artes? ¿Quién va a aceptar que si no se encaran esas modificaciones el país sucumbirá a la hiperinflación?
Esta confusión de prioridades se vuelve más llamativa cuando se advierten las lagunas del programa. Por ejemplo, se le retacean recursos a las Bibliotecas Populares pero se mantiene sin variación alguna el escandaloso régimen de protección a los importadores de Tierra del Fuego, sobre el que el Presidente dijo hace poco más de un año que era “una afrenta a los argentinos de bien”.
Como señaló casi con cariño Marcelo Figueras en El Cohete a la Luna, estas iniciativas tienen el aire de una carta a los Reyes Magos redactada por funcionarios que resolvieron convertir en realidad en un instante lo que fantasearon toda una vida. En rigor, se trata de un género inédito: la wikiley. Un cuerpo normativo elaborado con el sistema de Wikipedia, donde cada usuario puede agregar lo que se le ocurre.
Es natural que una reforma de ese tamaño demande mucho tiempo a los legisladores. A esta limitación se le suma un problema de técnica parlamentaria. ¿A cuántas comisiones debe ir el texto? ¿Cuál es la comisión de cabecera, es decir, la que reglamenta toda la tarea? Todavía no se decidió. En este punto el oficialismo choca con otro problema: una carencia inquietante de diputados y senadores experimentados para comandar toda la operación.
La amplitud inabarcable de esta empresa legislativa, que incluye el DNU de Sturzenegger, no plantea sólo una dificultad metodológica. El desafío principal es político. Al incorporarse tantas materias se abren conflictos inesperados. Un ejemplo: gobernadores que estaban dispuestos a colaborar con sus diputados en la aprobación del proyecto fiscal, ahora ponen condiciones porque se ven perjudicados por artículos imprevistos, como los de pesca o hidrocarburos. Sin ir a imprudencias más elementales. Por caso, que un Presidente en notoria minoría parlamentaria trate de “coimeros” a los que se resisten a aprobar algún artículo. Quizá no falte a la verdad. Pero falta a la prudencia.
Estas contradicciones que aparecen en la gestión legislativa, se reproducen en campos más extensos. Es cierto que Milei considera que para derrotar a la inflación alcanza con una política fiscal y monetaria contractiva. Es decir, le ha de resultar nauseabunda aquella advertencia del neo-keynesiano Franco Modigliani, para quien pretender frenar la carrera de los precios sólo con instrumentos monetarios y fiscales es como aspirar a frenar un auto que corre a 200 kilómetros por hora agarrándolo de la antena. Sin embargo, si en algún momento el Presidente debiera echar mano de otras palancas, es posible que esté poniendo piedras en su propio camino. Por ejemplo: si tuviera que negociar con el sindicalismo la pauta de actualización salarial de las próximas paritarias, y no confiar esa variable sólo a la gran recesión que se avecina, el DNU de Sturzenegger ayudaría poquísimo. De hecho, la CGT consiguió ayer un amparo en el fuero laboral, siempre proclive al gremialismo, para salvar el sistema de contrato de trabajo y, en especial, el régimen de aportes a los sindicatos y las obras sociales, amenazados por la desregulación oficial. Uno de los camaristas, Alejandro Sudera, argumentó citando a Alberdi, el inspirador de Milei. Un caso de lawfare, pero bueno. ¿Deben modernizarse esas reglas? Sin duda. ¿Es ahora el momento? Para Milei es una cuestión intrascendente porque le parece ocioso intervenir en la política salarial, que confía a los vaivenes del mercado. Por si cambia de opinión, el ministro del Interior, Guillermo Francos, lleva adelante con Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Héctor Daer una negociación minada por Sturzenegger y su revolución ordenancista.
En los años ‘50, Juscelino Kubitschek prometió a Brasil cambiar 50 años en 5. Milei, potenciado por Sturzenegger, es más ambicioso: aspira a revertir una decadencia de 100 años en sólo dos semanas. Esa ensoñación carece de una estrategia política. En principio, promete agravar los inconvenientes. El Presidente tiene una popularidad superior al 60%. La del Gobierno ronda el 57%. Pero ambos están expuestos al desencanto de una franja muy amplia de la población, mortificada por el ajuste general de la economía. La multiplicación de conflictos sólo contribuye a agigantar el malestar por reformas que, aunque muchas veces sean deseables, quizá no son tan oportunas. Por ejemplo, la transformación de los clubes de fútbol en sociedades anónimas.
Es evidente que el oficialismo no cuenta con un equipo político dedicado a tejer la red que sostenga el núcleo del programa económico. A ese problema están abocados Francos; el estratega de imagen, Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y, en línea directa con ella, Eduardo “Lule” Menem, quien además de asistir a su primo Martín, el presidente de la Cámara de Diputados, es el encargado de organizar La Libertad Avanza a escala nacional. El principal reto de este grupo es conseguir que el Presidente entienda la relevancia de su trabajo.
La necesidad y urgencia de fortalecer este flanco se hará más notoria mañana, cuando lleguen a Buenos Aires los técnicos del Fondo Monetario Internacional Luis Cubbedu y Ashvin Ahuja. Ellos comenzarán a analizar la formulación de un nuevo programa para la Argentina. Pero la primera pregunta que harán se referirá a la sustentabilidad política del plan Milei. En el Gobierno existe mucha expectativa sobre esta visita. Algunos funcionarios contemplaban que pudiera viajar también Gita Gopinath, vicedirectora del organismo por su condición de representante de los Estados Unidos.
La relación con ese país atraviesa un idilio que para el Presidente es muy promisorio. Sólo está empañada por un detalle mínimo: las dificultades para que Gerardo Werthein consiga el acuerdo del Senado como embajador. En el kirchnerismo cayó pésimo que, además de tener residencia fiscal en Uruguay, promueva sus inversiones allí. Sobre todo porque su socio, Gabriel Hochbaum, explicó que eligieron ese país por su honestidad, que lo distingue del resto de América Latina. No son días felices para Werthein. Su padrino norteamericano, Bill Clinton, está en estas horas sacudido por un escándalo: la jueza Loretta Preska, la misma que condenó a la Argentina por 16.000 millones de dólares por la estatización de YPF, liberó ayer documentos en los que el expresidente demócrata aparece mencionado más de 50 veces por su vinculación con Jeff Epstein, un multimillonario acusado de tráfico sexual que se suicidó en una cárcel neoyorkina en 2019.
Son dolores de cabeza de Werthein que están lejísimo de afectar las relaciones con el Fondo. La posible presencia de Gopinath, que ayer parecía descartada, tenía interés porque la jerarquía de la comitiva que llega desde Washington podría ser un indicio del auxilio que pueda recibir el país en un momento en que el Banco Central carece de reservas. Sobre este punto ha habido una notoria falta de coordinación entre Luis Caputo y el Presidente. Cuando se informó que algunos funcionarios especulaban con que el FMI, alentado por el Tesoro de los Estados Unidos, podría ofrecer una ayuda de 15.000 millones de dólares, el ministro de Economía publicó una tajante desmentida. Sin embargo esa misma noche, en una muy informativa entrevista con Luis Majul, Milei afirmó que su administración bien podía aspirar a ese crédito. Caputo ignoraba ese criterio, tal vez ese deseo, de su jefe. Lo más llamativo es que en su negativa el ministro hizo un llamado a la población a que sólo se informe por páginas oficiales. Curiosa confianza en el Estado de alguien que integra una gestión libertaria. Tal vez Caputo también disiente con Milei sobre la privatización de Télam.
Son minucias. Atribulado por mil desafíos, el titular del palacio de Hacienda ingresó esta semana en otro berenjenal. El economista Carlos Rodríguez, tan laudatorio con Sturzenegger como crítico con Caputo, se preguntó si podría haber irregularidades en la entrega de bonos del Banco Central a importadores fraudulentos. Para asombro de muchos admiradores de Milei, no le contestó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sino el ministro de Economía. Y ofreció una respuesta también sorprendente: que la Secretaría de Comercio se está encargando de hacer la auditoría que reclamaba Rodríguez. Esta confusión de espacios y de roles ya estaba anticipada en el nombre del papel que recibirían esos importadores: Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre. Un Banco Central militante.
Rodríguez había pedido transparencia. Reclamó que alguien investigue. Caputo le contestó que ya lo está haciendo su secretario de Comercio. Es curioso que, teniendo sospechas, el ministro haya admitido que al frente de la Aduana se mantenga el mismo equipo que, bajo Sergio Massa, comandó Guillermo Michel. El acuerdo entre el gobierno actual y Massa es extrañísimo. Y tiene consecuencias perniciosas para la Libertad Avanza. Sin ir más lejos, un funcionario de Massa, el audaz Sergio Vargas, llegó al Senado bonaerense en las listas de Milei y ya armó su propio bloque, enfrentado al de Milei. Vargas, exfuncionario de la Aduana, es socio de Michel.
Más allá de estos detalles, Rodríguez y Caputo ignoran, por lo visto, una situación más bochornosa. El 7 de noviembre, es decir, 12 días antes del ballotage, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió al juez Julián Ercolini que dicte el sobreseimiento de los funcionarios sospechados de pedir coimas a cambio de liberar importaciones durante la gestión de Massa. Taiano benefició con esa solicitud a Matías Tombolini, Germán Carlos Cervantes, Juan Cruz Morello, Gustavo Daniel Barloa y Danilo Raimondi. Todos habían sido señalados como responsables de un canal paralelo al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). En el sector del comercio exterior era un secreto a voces que se había montado un tráfico de sobornos que, en general, se habrían pagado en habitaciones alquiladas del hotel Hilton y del hotel Faena, en Puerto Madero. Taiano recibió también información de que algunos bolsos con el dinero requerido se depositaban en un departamento de Palermo, que estaría a nombre de la madre de Tombolini.
En su escrito el fiscal realiza un fervoroso alegato en contra de las denuncias anónimas. Olvidó que él pidió infinidad de condenas aceptando ese tipo de denuncias. Taiano tiene fama de honesto. Pero ha demostrado muchas veces que le falta una condición indispensable para la profesión a la que dedicó su vida: el coraje.
Fuente: La Nación
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