El delito en las villas: necesitamos policía de proximidad

Las villas y los asentamientos son territorios y comunidades cada vez más alejados de la normatividad que regula la vida ciudadana. Se encuentran excluidos de la supervisión del Estado, de los circuitos de comercio y empleo, de los servicios públicos y de las redes de infraestructura que hacen a la vida de los ciudadanos de Buenos Aires. El riesgo creciente de esta condición es el de zonas de fractura social dentro del área metropolitana, un vacío institucional que los residentes de estos asentamientos suplantan con la creación de instituciones informales paralelas —cuando no abiertamente contrarias— a la ley y las normas de convivencia.

¿Qué hacer con esto? La discusión pública se divide en dos extremos: el que propone a la inclusión social y la urbanización como la solución, por un lado, y el que fomenta la necesidad de erradicar las villas y reprimir en ellas los comportamientos y las conductas que no se condicen con la normatividad, por el otro.

La solución a este conflicto no puede emanar de una sola de estas posiciones en estado puro: por un lado, es inviable la inclusión y la urbanización sin una previa recuperación del territorio que implique el desmantelamiento de grupos delictivos que ofician de autoridades comunales de facto; por otro lado, es inviable pretender que el amplio porcentaje de la población de Gran Buenos Aires que reside en estos asentamientos sea expulsado por el uso de la fuerza de territorios en los que se encuentran asentados —aun cuando sea precariamente—, donde desarrollan sus vidas y se compone su sentido de pertenencia y ciudadanía.

La noción de recuperar el territorio puede no ser muy popular, especialmente para las mentalidades más progresistas, que entienden que la solución al problema debe pasar solamente por proveer inclusión de los habitantes a los sistemas laboral y educativo. Tal inclusión es, desde luego, necesaria y fundamental, pero impracticable en una primera etapa.

Esta debe consistir necesariamente en la recuperación territorial de las manos de los grupos delictivos y, por lo tanto, requiere la intervención de las fuerzas represivas del Estado. Actualmente, en estas comunidades el delito organizado suple el lugar que tradicionalmente tuvo en nuestras sociedades modernas la cultura de oficio: abastecimiento económico, posicionamiento social, sentimiento de realización.

Un joven con bajo nivel educativo y residente de estos complejos habitacionales precarios difícilmente sienta una inclinación a insertarse en las estructuras formales de empleo donde puede aspirar a un salario reducido, en el mejor de los casos. Lo que el trabajo formal ya no puede ofrecer a estos ciudadanos lo ofrecen las redes informales de intercambio en las que crece día a día la acción delictiva. En tanto no se desmantelen esas redes criminales, peca de ingenua cualquier medida de acción tendiente a la inclusión de los ciudadanos precarizados en las redes formales de empleo.

Esa es, precisamente, la función de la policía de proximidad, de la que venimos hablando en las últimas columnas. Se trata de una iniciativa que conjuga y equilibra los dos extremos que esgrimen soluciones parciales: recuperar el territorio y luego dar inclusión social. El caso de Río de Janeiro al que me referí hace unas semanas da un buen testimonio de los alcances de esta metodología. Conforme sigan creciendo las villas (y con ellas, el delito) se va a hacer cada vez más necesario implementar en nuestras policías locales la formación y el abastecimiento para estar a la altura de su ejemplo.

Fuente: Infobae.com   Diego Kravetz