En virtual estado de anarquía se está apoderando de la Argentina ante un gobierno que actúa como simple observador o comentarista de la actualidad. Siete días de fábricas de neumáticos bloqueadas; 48 horas de acampe en la avenida 9 de Julio por organizaciones piqueteras; 16 colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires, ante la impotencia de quienes quieren estudiar y no pueden, y más tierras usurpadas por grupos violentos autodefinidos como mapuches en Villa Mascardi, frente a la pasividad de las autoridades, fueron en la última semana el peor paisaje que exhibió el país.
La defección del Estado quedó en evidencia. Muy especialmente en la región patagónica asolada por el vandalismo de grupos supuestamente mapuches que llegaron a incendiar una casilla móvil de la Gendarmería Nacional dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Al margen del pánico en que viven los habitantes de Villa Mascardi ante los constantes ataques que arrasan con la propiedad privada, hasta el Sindicato de Guardaparques Nacionales denunció la existencia de una “zona liberada”. Para colmo, el refuerzo de un comando especial prometido por el gobierno nacional sigue demorando su llegada, como las tropas presuntamente leales del general Alais durante los recordados alzamientos carapintadas en la Semana Santa de 1987.
Es difícil a estas alturas definir cuánto hay de ineficacia y cuánto de complicidad en las autoridades nacionales frente a este foco sedicioso, que ya asume las características de una guerrilla rural, curiosamente apoyada por exdirigentes montoneros.
Es difícil definir cuánto hay de ineficacia y cuánto de complicidad frente a un foco sedicioso que ya asume la forma de una guerrilla rural apoyada por exdirigentes montoneros
Detrás de algunos de estos conflictos gremiales y hechos violentos se advierten indicadores de un fuerte proceso de descomposición social, pero también de una lucha interna dentro del peronismo, que transcurre mientras Alberto Fernández da señales de ausentismo. ¿Dónde está el Presidente?, se preguntan propios y extraños. ¿Qué papel juega, más allá de convertir a Pablo Moyano en mediador en el tenso conflicto protagonizado por el gremio de neumáticos, concluido con el triunfo del sindicato liderado por el trotskista Alejandro Crespo?
El efecto contagio después de este conflicto gremial parece inevitable. El propio Pablo Moyano anunció que la medida de fuerza del gremio del neumático –que incluyó hasta la toma de un piso del Ministerio de Trabajo– será “un poroto” al lado del paro que proyectan los camioneros para cerrar la paritaria anual con un 100% de aumento salarial.
La carrera de precios y salarios desatada encuentra cada vez más similitudes con la puja distributiva que signó a 1975, cuando gobernaba Isabel Perón y el peronismo se debatía en una crisis de liderazgo tras la muerte de su fundador.
Con los conflictos sindicales y el aumento del nivel de indigencia como telón de fondo, Cristina Kirchner volvió a intentar marcarle la cancha al equipo económico, después de un más o menos prolongado silencio en esta materia, forzado en parte por estar consagrada a su defensa en el terreno judicial.
La vicepresidenta de la Nación es consciente de las presiones de grupos de su propio sector político, que suelen verse corridos por una izquierda trotskista frente a la que temen perder votantes. De hecho, saben que muchos de los votos que perdió el Frente de Todos en las elecciones legislativas de 2021 terminaron en el Frente de Izquierda, liderado por el Partido Obrero.
En medio de la desesperación electoral que arrecia en el kirchnerismo de cara al año próximo, no faltan quienes no descartan un intento de acercamiento a la izquierda. De ahí el guiño a la radicalización del reciente tuit de Cristina Kirchner, reclamándole al equipo económico más firmeza ante las empresas alimentarias para controlar las subas de precios porque, a su juicio, esas compañías tuvieron rentas exorbitantes. No sorprende que la vicepresidenta se queje de las supuestamente extraordinarias ganancias de ciertas empresas, pero nada diga de su llamativamente extraordinario ingreso mensual de 4 millones de pesos por su jubilación y su pensión de privilegio, cien veces mayor al haber mínimo de un jubilado.
La respuesta a la vicepresidenta corrió por cuenta del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, quien sugirió que la culpa del alza de precios no es de las empresas, sino de la macroeconomía y que solo se resolverá cuando se ordene el resultado fiscal, se reduzca el gasto público y se baje la emisión monetaria.
Lo cierto es que hasta algunos funcionarios del Gobierno comienzan a preguntarse si no podría comenzar a resquebrajarse la tregua entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández después de la intervención de la expresidenta y del tenso clima sociolaboral que empieza a vivir el país.
Las hipótesis conspirativas rondan las cabezas de algunos funcionarios. Creen que detrás del conflicto con el sindicato de neumáticos pueden estar Pablo Moyano y el kirchnerismo para desplazar al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, señalado hace tiempo por el Instituto Patria como uno de los ministros no deseados. Y juzgan también que detrás de las organizaciones piqueteras que volvieron a copar la 9 de Julio podría haber sectores del kirchnerismo que buscan quedarse con el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo actual titular, Juan Zabaleta, piensa seriamente en retornar a la intendencia de Hurlingham, donde pidió licencia para ser ministro.
De igual modo, fuentes gubernamentales explican el reciente reclamo de Cristina Kirchner más como un ataque al secretario de Comercio, Matías Tombolini, que a Sergio Massa. No obstante, el propio ministro de Economía tomó nota de la advertencia vicepresidencial y se comprometió a trabajar desde mañana en un refuerzo de la ayuda social para los grupos más vulnerables.
La relación del kirchnerismo duro con Massa está condenada a pender de un hilo bastante delgado. Muy frescos en la memoria de muchos están los cánticos de los pibes de La Cámpora que señalan que “todos los traidores se van con Massa” o los despectivos juicios de Axel Kicillof hablando del “forro de Massa”. Aun así, es difícil dilucidar cuál sería la alternativa que el cristinismo podría plantear a lo que hoy intenta hacer el titular del Palacio de Hacienda.
La mayoría de los analistas económicos contemplan para 2023 una inflación elevada –eventualmente menor a la de 2022, que se estima en alrededor del 100%, pero mayor a la del 60% proyectada por el presupuesto–; un enfriamiento de la economía, aun cuando no llegue a pronosticarse una recesión, y la virtual imposibilidad de recuperar poder adquisitivo por parte de la mayoría de los asalariados y jubilados.
Es claro que con ese triste combo económico las perspectivas electorales para el oficialismo resultan desoladoras. ¿Puede estar el oficialismo resignado a una derrota en 2023? ¿Puede simplemente aferrarse a la idea de que Alberto Fernández entregue la banda presidencial a alguien de otra fuerza política? Imposible en un movimiento político como el peronismo, en cuya esencia está la permanente búsqueda y ampliación del poder. Menos aún cuando el futuro de Cristina Kirchner se debe dirimir en la Justicia y sabiendo que, para el kirchnerismo, la impunidad solo puede estar asociada al control de las principales estructuras de poder.
En este contexto, la gran pregunta es si, tras el exitoso intento de septiembre por parte de Massa para al menos circunscribir el incendio derivado de la pérdida de reservas del Banco Central y alejar el fantasma del default, el equipo económico será capaz de sacar algún conejo de la galera para modificar las expectativas y aportar alguna chance de revertir el sombrío escenario electoral.
Fuente: La Nación
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