Florencia Mizrahi, jefa de la AFIP, tiene en su poder una lista inquietante: son unos 5000 cuits del sector de la salud, desde hospitales, clínicas o sanatorios hasta geriátricos o simples centros de vacunación, que cumplen ya las condiciones para ser ejecutados por deudas con el organismo. Es apenas una parte, la más apremiante, de una situación dramática que se viene agravando desde hace varios años: según datos consignados en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes), creado en 2009 por el Gobierno, en la Argentina hay 25.264 prestadores privados. De ese universo, 1670 corren riesgo de cierre.
El Gobierno está al tanto. Es la parte menos visible de su discusión con las prepagas. Como los valores del sistema dependen de lo que estén dispuestos a pagarles a hospitales y sanatorios los financiadores (como Swiss Medical, OSDE, Medicus, Galeno u Omint), algunos empresarios del sector llegaron a ilusionarse con que la desregulación dispuesta en el decreto 70 de Federico Sturzenegger les permitiría este año, a partir de junio, empezar a recomponer márgenes. No a la misma velocidad, desde luego, porque el traslado de los aumentos no viene siendo proporcional: según datos de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados (Adecra), mientras las prepagas les subieron a sus afiliados las cuotas 115,7% entre diciembre y marzo, los prestadores recibieron 92,5%. Pero fueron ellos, los dueños de estos centros, quienes más presionaron para modificar los precios de las coberturas.
La gran incógnita es si ahora, con la controversia y el pedido del Gobierno por interrumpir los incrementos por un par de meses, no se detendrá el proceso y, por lo tanto, se agudizará una decadencia que lleva por lo menos 14 años y que no ofrece ni siquiera paliativos: los subsidios terminaron en diciembre, y las desgravaciones tributarias, el 31 del mes pasado. Porque todo el sistema, que tiene exactamente 37.798 hospitales, clínicas, geriátricos, policonsultorios y centros de diagnóstico, imágenes, laboratorios y rehabilitación públicos y privados, está todavía 44% por debajo del punto de equilibrio.
La urgencia podría resultar comparable a la de la crisis de 2002. Pero es peor, en realidad, porque entonces el gobierno de Eduardo Duhalde declaró la emergencia sanitaria, prorrogada durante los años siguientes de manera sucesiva, y se suspendieron las ejecuciones. La lista de Mizrahi.
El deterioro de esta industria empezó hace tiempo. No hay que olvidar que el inicio de la intervención del Indec fue en enero de 2006, con el enojo del gobierno de Néstor Kirchner con los aumentos en los precios de las prepagas, la lechuga y el turismo. Los prestadores ponen, sin embargo, el punto de inflexión algo más adelante, en 2010, con lo que llaman “efecto MoMo”: mientras Hugo Moyano y la CGT empujaban hacia arriba los salarios, Guillermo Moreno les impedía aumentar los precios. En 2011, la ley de Medicina Prepaga reguló la financiación. Con esa debilidad llegaron la pandemia y, en mayo de 2020, los subsidios de Alberto Fernández. Primero el ATP, durante la cuarentena, y después el Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (Repro) y el Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad (Fescas), que se cobraron hasta diciembre del año pasado. Massa y el plan platita los alivió con desgravaciones y reducciones tributarias que acaban de terminar el mes pasado.
Están preocupados. El miércoles pasado, integrantes de la Cámara Argentina de Prestadores del Conurbano (Capresco) se reunieron con el jefe del PAMI, Esteban Leguizamo, para ponerlo al tanto del tema. Le dejaron una nota y le explicaron que, siendo esa la obra social más importante de la Argentina, transversal a todas las provincias y con seis millones de beneficiarios, resultaba decisivo que subiera lo que les paga por las coberturas. “Sin un ajuste de valores prestacionales inmediato por parte del PAMI, en los próximos días cerrarán inevitablemente numerosos establecimientos de salud del país”, dice la carta, fechada el 4 de abril. “Los cuatro años del gobierno anterior dejaron una bomba en el sistema de internación y tratamiento del PAMI”, agrega el texto, que especifica que hay no menos de 30 las clínicas que podrían cerrar. “Es el principal financiador del país: si el PAMI no aumenta, el sistema quiebra”, dice a LA NACION Gerardo Figueroa, presidente de Capresco.
Con los médicos y los pacientes, los prestadores son en realidad la parte más débil del sistema de salud. Hay en la Argentina exactamente 3174 hospitales, clínicas y sanatorios: 1740 privados (55%) y 1434 públicos (45%). De los privados, el 96% (1670) no son ni dueños de prepagas ni tienen plan de salud propio. Y apenas un 3% pertenece a sindicatos o grupos empresariales con prepagas. Es decir, tienen más posibilidades de soportar una caída en los ingresos. Es el caso de Swiss Medical, que controla 9 centros de salud: los sanatorios Agote, de los Arcos y Altos de Salta y las clínicas Suizo Argentina, Olivos, Zabala, Pediátrica San Lucas, y de la Mujer San Lucas. O Galeno y Medicus, que tienen el sanatorio La Trinidad y el Otamendi, respectivamente. Hay un 1% con planes de salud propio: hospitales como el Italiano, el Alemán o el Británico. Son los que se llaman “hospitales de comunidad”. En otras palabras: muy pocos están en condiciones de atravesar una crisis como ésta.
Fuente: La Nación
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