A la hora de dar señales fiscales de corto plazo, el Gobierno cree que tiene más chances de crear impacto con la Ley de Responsabilidad Fiscal que con la reforma tributaria. La razón básica es que con la primera se discuten gastos, y con la segunda, ingresos.
Las provincias, principales destinatarias de este esfuerzo, no quieren perder autonomía en sus presupuestos, y por esa razón son menos reacias a discutir un techo, siempre que se mantenga la lógica de que los desembolsos puedan aumenten a la par de la inflación.
Para el Poder Ejecutivo, la meta es que el gasto corriente no crezca en términos reales, ya que ese congelamiento puede transformarse en reducción en la medida en que el PBI tenga un aumento mayor.
El anteproyecto de reforma tributaria está avanzado en términos de ideas, pero pero su debate seguirá atado a los tiempos de la política. El Congreso ya constituyó la comisión bicameral encargada de llevar adelante la discusión, pero todavía hay que generar un balance fiscal que permita avanzar en la eliminación de impuestos distorsivos. Ese es el punto en que se conectan las dos leyes: si los distritos pueden incrementar sus ingresos propios, tendrán margen para limar las alícuotas de Ingresos Brutos y resignar recaudación del impuesto al cheque, los dos principales tributos que están en la mira del Gobierno.
El Ministerio de Hacienda se propuso trabajar en todos estos frentes. Nicolás Dujovne buscará persuadir a los gobernadores con algunas variantes tributarias que prefiere mantener en reserva. Tiene claro que en este esquema no puede haber perdedores: la salida siempre tiene que ser buscar agrandar la torta.
Para el día a día, la mirada se asemeja más a una microcirugía que a un ajuste. Este año el Tesoro no contará con el refuerzo que generó el blanqueo en 2016, pero frente a la expansión del gasto que hubo en el último trimestre del año pasado, la comparación anual mostrará variaciones muy moderadas o incluso negativas. Todo un éxito para el relato M.
Fuente: El Cronista.com Hernán De Goñi
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