El presidente Alberto Fernández tuvo una característica que todos le reconocían antes de ser Jefe de Estado: su capacidad para dialogar, hablar y envolver con la palabra. Mañana, y después de tres años de gestión, deberá poner a prueba aquella destreza para intentar arrastrar algún aplauso al final, después de repasar sus magros números económicos. Seguramente, pese a todo, el peronismo le ofrendará sus palmas.
Hace tres discursos, en marzo de 2020, se sentó frente a la Asamblea con un tipo de cambio de 64 pesos y mañana lo hará con uno de 202 pesos. No hay manera de que pueda rescatar una noticia buena de esa devaluación de 216% que lleva la firma del Frente de Todos. Pero aún podría mencionarse que está por debajo la inflación de 300% que también rubricó el trío que conforma con Cristina Fernández, su vicepresidenta, y Sergio Massa, su ministro de Economía, que por primera vez no estará sentado a su lado durante el discurso. Ese precio de dólar es solo para los que exportan -sí, el cronista no se equivocó- y para algunos bienaventurados que importan. Para los demás, es de 377 pesos, es decir, un 489% más de lo que estaba entonces.
En aquel momento, el Presidente llegaba con el flamante impuesto PAIS -30% de recargo sobre la cotización del dólar en las compras en el exterior y en los pasajes fuera de la Argentina-; ahora, aquellos tributos encima del precio oficial ya son del 100%. Es verdad que hay algunos anticipos de impuestos, pero no menos cierto es que encarecen el dólar, y se devuelven hasta un año después, en pesos, a valor nominal pese a la inflación de 100% anual.
Las reservas del Banco Central llegaban a US$44.803 millones; cuando se siente frente a la Asamblea legislativa, pues ese número se habrá reducido en US$5620 (13%) para anotar US$39.183 millones. Rojos por donde se lo mire.
Pero quizá uno de los déficits más importantes con los que vaya a terminar su gestión es la infraestructura. Seguramente se va a detener en el gasoducto Néstor Kirchner, que efectivamente se ejecuta a ritmo de primer mundo. Las empresas que lo construyen cuentan que sueldan alrededor de 2 kilómetros de caño por día. La obra, central para trasladar el gas de Vaca Muerta a la red troncal, permitirá abastecer el consumo interno y dejar de importar.
Claro que aquella obra será motivo de algunos que otros párrafos y prometerá que para este invierno el gobierno de científicos habrá terminado con ese proyecto.
Y más allá del momento en que el gas circule, no va a decir que ese proyecto estaba listo para ser licitado en diciembre de 2019, cuando asumió. Y que entonces, el dinero lo iba a poner el sector privado. Pero nada de eso se hizo a tiempo y en esos inviernos, la administración de Alberto Fernández importó gas a precios de guerra internacional y llevó la falta de dólares al extremo de impactar en la producción. No podrá explicar el motivo de la demora.
Aquel presidente de la pandemia, que fue el eje central en dos de sus tres discursos en el Congreso, llegará esta vez a su cuarta alocución con una mancha fuerte en su gestión en materia de salud. Además del vacunatorio VIP, entre las palabras de marzo de 2022 y estas, sucedió algo: en mayo de 2023 pagó una multa por haber organizado una fiesta en plena pandemia para el cumpleaños de su mujer, Fabiola Yañez, y sus amigos. El año pasado, pues el Covid fue el gran mojón para la comparación interanual. Este año, y con la su fiesta prohibida, le será difícil utilizar el mismo parámetro.
Seguramente habrá un número que repetirá: 5000 obras. Ese latiguillo, muy difícil de chequear, es blandido cada vez que hay una inauguración junto al incondicional ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Vale la pena detenerse en la inversión, uno de los grandes faltantes de este cuarto gobierno kirchnerista.
“La inversión pública ejecutada por la Administración Nacional durante el ejercicio 2022 ascendió a $1.178.200 millones [o lo que es lo mismo, 1,178 billones] lo cual representa una disminución en términos reales del 38,3% año contra año”, dice el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Siempre de acuerdo a esa fuente oficial, se ejecutó 86,7%. Todo cayó en ese rubro: las transferencias de capital bajaron $790.657 millones (46,6%) y la inversión real directa cayó 9,9%.
Ahora bien, si se mira la funcionalidad del gasto, tres sectores concentraron más de la mitad de las erogaciones (59%): transporte, vivienda y urbanismo y agua potable. “Todas disminuyeron en términos reales con relación a la ejecución de un año atrás, 23,6%, 54,5% y 54,7%, respectivamente”, dice la oficina de poder legislativo que mira los números de la Administración Pública.
De regreso a aquel latiguillo de las 5000 obras, el organismo no se quedó callado: “La ejecución presupuestaria de proyectos de inversión fue inferior a la de 2021 (-18,1%) y se realizó a través de 710 obras relacionadas mayoritariamente con la construcción de autopistas y autovías y mantenimiento de rutas en diferentes puntos del país”.
El contador de Fernández y Katopodis suele incluir algunas pocas cuadras de cordón cuneta o una mejora menor en un barrio. Hasta hace no tanto tiempo, esas pequeñas obras eran financiadas, ni siquiera por las provincias, sino por los municipios. Pero hay una ventaja para el Presidente: en el Congreso nadie le repreguntará. Entonces, deberá hacer gala de aquella virtud para barnizar a los interlocutores con palabras e intentar que los número rojos se vean azules.
Fuente: La Nación
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