En abril pasado, el presidente Alberto Fernández participó de la presentación del gasoducto “Néstor Kirchner” en Vaca Muerta, Neuquén. Un mes después, de gira por Europa, anunció que el país buscaba convertirse en un proveedor estable de energía para el viejo continente, a través del yacimiento patagónico. El viernes, finalmente, se anunció la licitación de la obra y el sábado, apenas horas después, el proyecto quedó sumido en un escándalo profundo que precipitó la salida del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. El detonante fue la difusión de un mensaje en off the record atribuido al Ministerio y que fue presentado en forma de denuncia por la empresa estatal Energía Argentina (exEnarsa) -admninistrada por el kirchnerismo- y por la propia vicepresidenta, Cristina Kirchner. Allí se apuntaba a los términos de la operatoria entorno del gasoducto y se sugería un posible direccionamiento de la licitación. Fernández echó de manera fulminante a Kulfas.
El escándalo a cielo abierto del oficialismo no solo dejó la feroz interna de la coalición gobernante una vez más al descubierto, vía Twitter, sino que también expuso al Gobierno a consecuencias aún mayores. Esta tarde el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio adelantó que pedirá “informes sobre las denuncias que originaron el despido de Kulfas”. Desde el propio oficialismo admitían que “solo es cuestión de horas” para que el tema se judicialice. “¿Cuánto va a pasar para que la oposición denuncie en Comodoro Py?”, se preguntó un hombre del Ejecutivo.
En la información cuestionada se sugiere la posibilidad de un posible direccionamiento de la obra desde las áreas que responden a Cristina Kirchner, de las filas de La Cámpora, en favor del grupo Techint, que a través de su empresa Tenaris resultó adjudicataria de la primera licitación. Ocurrió en mayo y está vinculada a los caños del gasoducto. La acusación fue desmentida de forma rotunda por la agrupación que lidera Máximo Kirchner, que ante la consulta de LA NACION se remitió a la información consignada al comunicado de Energía Argenina, que fue adjuntado en el tuit de la vicepresidenta.
Agregaron que los señalamientos sobre otras ofertas posibles (se menciona una pyme de Villa Constitución, Santa Fe) mostraban un desconocimiento del mercado por parte del ahora exministro. Y consideraron insólito que luego de las declaraciones de la exmandataria en Tecnópolis en referencia al grupo Techint pueda considerarse que sus seguidores hubieran buscado beneficiar indebidamente al holding. LA NACION consultó a fuentes de la empresa sobre su posición en el tema, pero declinaron de hacer comentarios.
Cuatro horas después de iniciado el escándalo en las redes, en el Gobierno aclaraban que la decisión alrededor de la salida de Kulfas “no fue un tema de on u off the record. Lo que sugirió fue que había un negociado en la licitación de la obra emblemática de esta administración”. Le sumaron una defensa a la “honestidad y transparencia” de esta gestión.
Plazos complicados
El escándalo explotó horas después de que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el demorado llamado a licitación de la obra, luego de que el original, durante el gobierno de Mauricio Macri, se derogó en diciembre de 2020. Se espera que el gasoducto amplíe en un 25% la capacidad de transporte desde la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. De acuerdo a la convocatoria publicada, el plazo para la presentación de ofertas es hasta el próximo 8 de julio.
La primera etapa costará unos 1500 millones de dólares y se extenderá sobre 558 kilómetros, entre Tratayén (en la provincia de Neuquén) y Salliqueló (provincia de Buenos Aires). Bajo la lupa están los tiempos de concreción de la obra. Tanto en la esfera pública como la privada admiten que son difíciles de cumplir. Algunas fuentes van aún más lejos y consideran “imposible” alcanzar los plazos previstos.
Ese punto representa un desafío para el relato del Presidente, que sueña ver terminado el primer tramo de la obra antes de la finalización de su mandato. En distintas entrevistas concedidas en Europa, Fernández planteó la posibilidad de que la Argentina se convierta en “proveedora estable y segura” de alimentos y energía.
Fuente: La Nación
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