Una Corte de 25 jueces, otro disparate en busca de impunidad

La ampliación de la Corte Suprema de Justicia de cinco a 25 integrantes que han acordado impulsar el presidente Alberto Fernández y un grupo de 13 gobernadores provinciales peronistas no solo resulta inconveniente e inoportuna. Es también grotesca, al tiempo que la premura con la que el Gobierno pretende avanzar en esta reforma no deja mayores dudas acerca de los oscuros propósitos que persigue.

Desde principios de año, por orden de una vicepresidenta de la Nación ofuscada por el fallo de la Corte que anuló las inconstitucionales reformas que su anterior gobierno había impulsado en el Consejo de la Magistratura, un sector del Gobierno redobló los ataques al máximo tribunal, con proyectos que se canalizaron en dos comisiones del Senado, la de Justicia y la de Asuntos Constitucionales. El objetivo, como ya lo señalamos desde esta columna editorial, está tan a la vista que resulta obsceno. No es otro que la desesperación de la expresidenta por copar el tribunal con cortesanos propios y así evitar una o más condenas firmes en las diversas causas en las cuales se la investiga por corrupción.

Para camuflar la real causa del aumento de miembros de la Corte, se argumentan cuestiones de género –más ministros para incorporar mujeres–, de federalismo –más ministros para “representar” a todo el país– y también la carga de trabajo que tiene el alto tribunal, la necesidad de renovarla y la mala imagen de la Justicia en la población.

Naturalmente, si se piensa que en buena parte esa mala imagen obedece a una generalizada percepción sobre la politización de los jueces y su insuficiente independencia, con esta nueva propuesta esas supuestas falencias se agravarán.

Entre los proyectos que se barajaron, el Presidente y los gobernadores parecen apoyar el sugerido por el doctor Eugenio Zaffaroni de aumentar a 25 el número de ministros –uno por cada provincia y la CABA, además de uno definido por el gobierno nacional–, un nutrido y ralentizador sistema deliberativo para llegar a una sentencia judicial. Paradójicamente, una de las impulsoras de la ampliación, la propia Cristina Kirchner, allá por 2006, propuso bajar de nueve a cinco el número de miembros de la Corte, cosa que finalmente ocurriría. Y en 2016, cuando todavía estaba en el llano, Alberto Fernández advertía públicamente que el alto tribunal debía tener cinco jueces, al tiempo que refutaba los argumentos zaffaronianos para incrementar ese número y dividir a sus magistrados en salas.

Los operadores del cristinismo en el Gobierno encontraron el momento propicio para seducir a los gobernadores peronistas con la idea de reformar la Corte. La trivial propuesta cobró un inusitado impulso cuando, la semana pasada, un grupo de 16 gobernadores peronistas expresó su preocupación por la posibilidad de que el máximo tribunal de la Nación atendiera el reclamo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la reducción de fondos de la coparticipación. Los firmantes ratificaron su acatamiento a la Constitución y su vocación republicana, sin disimular su actitud amenazante hacia la Corte ni las insinuaciones de eventuales juicios políticos a sus miembros si le dieran la razón al gobierno porteño. Reconforta la negativa a sumarse a esta desmesura por parte de dos relevantes gobernadores peronistas, como el cordobés Juan Schiaretti y el santafesino Omar Perotti, quienes consideran que no se puede avanzar en proyectos de tamaña importancia sin la oposición.

No hay argumentos técnicos que avalen la necesidad de aumentar la cantidad de ministros. Mucho menos de oportunidad. Aun entre los que propician los cambios no hay coincidencia: por ejemplo, en la Comisión Beraldi, entre sus 11 integrantes, se produjeron cinco dictámenes diferentes.

La discusión no debería pasar por el número de miembros de la Corte, sino por el mantenimiento de su independencia, sin apremios ni presiones políticas, y por la necesidad de contar con jueces idóneos y honestos, y no con amigos del poder.

La idea de la federalización de la Corte es otra falacia, en tanto la voluntad de las provincias en la integración del alto tribunal se expresa en el acuerdo del Senado al candidato o candidata, y el hecho de que este cuerpo históricamente no haya cumplido bien con esta magna obligación no autoriza reforma alguna: las provincias ya participan en la integración del tercer poder. Y, en esencia, en un tribunal de justicia como nuestra Corte lo que prima es la estricta aplicación de la ley que se descuenta que ha sido dictada atendiendo los intereses regionales y provinciales por ambas cámaras del Congreso que representan una al pueblo de la Nación, y la otra a las provincias. No cabe agregar nuevas revisiones con otros sesgos o visiones. En verdad, lo que debe prevalecer en la elección de los integrantes de la Corte no es su pertenencia regional, sino su estatura moral y su versación jurídica.

No es la única insensatez: también está el disparate del senador Oscar Parrilli de organizar un plebiscito o consulta popular sobre este tema.

El Poder Judicial y su cabeza, la Corte Suprema, como garante de la constitucionalidad de las leyes, es el poder permanente que enlaza las administraciones que periódicamente se suceden en los otros poderes. Contra lo que se alega sobre su carácter no electivo, quizás podría sostenerse que tiene más legitimidad democrática por cuanto en su integración se pronuncian los otros dos poderes democráticos.

Lamentablemente, desde hace mucho, el Poder Judicial es objeto de embates y manipulaciones de toda clase por los órganos políticos. La insensata iniciativa que ahora se propicia desde el oficialismo es más de lo mismo y amenaza con romper con el sano principio de división de poderes, que la propia vicepresidenta ha llegado a poner en tela de juicio. Con semejante ataque contra el último reducto de la legalidad, la República quedará en terapia intensiva.

Fuente: La Nación