El juez federal Sebastián Casanello ordenó el operativo de allanamiento en las sedes de Epsur en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero. El juez allanó los domicilios que Epsur tiene en Capital Federal y en Comodoro Rivadavia, de donde se retiraron libros contables de la empresa. El procedimiento había sido solicitado la semana pasada por el fiscal federal Guillermo Marijuan cuando pidió la indagatoria de Báez y otras 15 personas por presunto lavado de dinero.
Según el fiscal, Báez realizó cuatro plazos fijos a nombre de Epsur por u$s7,5 millones que no cuentan con documentación que respalde el origen de los fondos. «De la documentación cotejada, surge que en los estados contables de Epsur SA no surgen en su activo la tenencia de los plazos fijos en dólares, y que dichos estados contables no cuentan con firma de las autoridades de la empresa y presentan inconsistencias en sus cifras», detalló el fiscal Marijuan.
Ayer, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó con el peritaje contable sobre los bienes y el patrimonio de Báez y de otras 13 personas y 22 empresas, entre ellas Austral Construcciones. Casanello ordenó un peritaje contable sobre «la situación patrimonial y financiera integral de todas las personas» para «determinar la realidad económica de todos ellos. El juez dispuso 16 puntos periciales y encomendó a los expertos a concluir su trabajo «a la mayor brevedad, en forma clara y concluyente».
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