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  • Rechazan el pedido de Lázaro Báez de trasladar a Río Gallegos la causa Hotesur

    La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resolvió que la investigación por supuestas contrataciones irregulares de hotelería de la empresa Hotesur debe tramitarse en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.

    Lo hizo al dictaminar sobre un planteo de competencia a raíz de una autodenuncia hecha por el empresario Lázaro Báez tras la publicación periodística de las supuestas irregularidades.

    En el fallo, el tribunal de apelaciones consideró que «corresponde» que el juzgado federal 11 porteño continúe tramitando la causa Hotesur. La causa seguirá a cargo del juez federal Daniel Rafecas, luego de que Claudio Bonadio fue desplazado por la Cámara Federal porteña.

    Los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez rechazaron así un planteo de la defensa de Báez para que la causa se tramite en la justicia federal de Río Gallegos, Santa Cruz. El Tribunal de Apelaciones entendió que si bien la autodenuncia de Báez fue anterior a la denuncia presentada en la Capital Federal, esta última causa está más avanzada y su «objeto procesal es idéntico».

    «Puestos a determinar entonces el tribunal competente en los presentes actuados a partir de los criterios expuestos consideramos que ante la existencia de la investigación que tal como expusimos supra, lleva a cabo el Juzgado Nacional y Criminal Nro. 11 de Capital Federal, corresponde que el mismo continúe con la tramitación de la causa», agregaron los camaristas.

    Por eso confirmaron parcialmente la declaración de incompetencia del juzgado federal de primera instancia de Río Gallegos para entender en la causa iniciada el 16 de diciembre de 2013 y atribuyeron la competencia a la Justicia Federal porteña.

    En la causa se investigan supuestos delitos cometidos por la firma Hotesur, propiedad de la familia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en relación a contrataciones hechas con las firmas de Báez, entre ellas Austral Construcciones.

  • La Justicia allanó una empresa de Lázaro Báez

    El juez federal Sebastián Casanello ordenó el operativo de allanamiento en las sedes de Epsur en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero. El juez allanó los domicilios que Epsur tiene en Capital Federal y en Comodoro Rivadavia, de donde se retiraron libros contables de la empresa. El procedimiento había sido solicitado la semana pasada por el fiscal federal Guillermo Marijuan cuando pidió la indagatoria de Báez y otras 15 personas por presunto lavado de dinero.

    Según el fiscal, Báez realizó cuatro plazos fijos a nombre de Epsur por u$s7,5 millones que no cuentan con documentación que respalde el origen de los fondos. «De la documentación cotejada, surge que en los estados contables de Epsur SA no surgen en su activo la tenencia de los plazos fijos en dólares, y que dichos estados contables no cuentan con firma de las autoridades de la empresa y presentan inconsistencias en sus cifras», detalló el fiscal Marijuan.

    Ayer, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó con el peritaje contable sobre los bienes y el patrimonio de Báez y de otras 13 personas y 22 empresas, entre ellas Austral Construcciones. Casanello ordenó un peritaje contable sobre «la situación patrimonial y financiera integral de todas las personas» para «determinar la realidad económica de todos ellos. El juez dispuso 16 puntos periciales y encomendó a los expertos a concluir su trabajo «a la mayor brevedad, en forma clara y concluyente».

  • El fiscal Marijuan pidió la indagatoria de Lazaro Baez y su hijo Martín

    El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Lázaro Baez en un nuevo caso por lavado de dinero. Además, el fiscal pidió 96 medidas de prueba en la causa donde ya reclamó la indagatoria por lavado de activos para Báez, su hijo Martín Báez, Federico Elaskar, LeonardoFariña y Fabián Rossi.

    Para todos se piden las indagatorias por 22 millones de dólares congelados y retenidos en Suiza, según el dictamen. Ahora el juez federal, Sebastian Casanello, deberá decidir si acepta o no la indagatoria.

    También se alude a movimientos de 466.000.000 millones de pesos en la cuenta de la compañía Invernes SA ante el Banco Finansur y al reingreso al país de 33 millones de dólares por la venta de bonos de la financiera Financial Net SA.

    En el dictamen de 232 páginas, Marijuan pidió la indagatoria a 16 personas, que son: Martín Báez, Federico Elaskar, Jorge Leonardo Fariña, Fabián Rossi, Jorge Oscar Chueco, Néstor Marcelo Ramos, Julio Enrique Mendoza, Claudio Bustos, Eduardo C. Larrea, Alejandro Ons Costa, César Gustavo Fernández, Juan Carlos Guichet, Eduardo T. Corti Guttner, Guillermo Castro y Miguel Etcheves.