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Etiqueta: lavado de dinero

  • Imputan a autoridades de la UBA por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

    El fiscal federal Franco Picardi imputó a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

    Se trata de una causa abierta por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos Procelac en la que uno de los principales acusados es Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda y Administración de la UBA y actual titular de la Unión Cívica Radical (UCR).

    Además, las Fiscalía federal 5 imputó al ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, José Luis Giusti, y al ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la FCE-UBA, Sergio Gastón Ricardo, pero el total de denunciados llegan a cuarenta.

    La denuncia se originó en una investigación periodística del programa Minuto Uno, de C5N, y los tres integrarían el equipo de asesores del ex candidato de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio Eco de Martín Lousteau, recuerda hoy el sitio www.fiscales.gob.ar .

    En su requerimiento de instrucción, el fiscal les imputó haber utilizado el alto cargo jerárquico que desempeñaban en la casa de estudios para realizar “numerosos negocios espurios” a partir del desvío de millonarias contrataciones entre el Hospital de Clínicas y diversas proveedoras de insumos y medicamentos de su propiedad.

    Para ello habrían contado con la complicidad clave de quienes sucesivamente se desempañaron al frente de la Dirección de Administración del hospital escuela dependiente de la UBA: Marcos Coy, Omar Quiroga y Leopoldo Bordoli, quienes habrían sido especialmente designados para cumplir ese rol.

    La investigación preliminar de Procelac corroboró que la firma Medipack S.A., constituida por un cuñado del denunciado Sergio Ricardo, fue proveedora del Hospital de Clínicas desde el 9 de abril de 2009 hasta el 19 de marzo de 2014, a través de 69 contrataciones y por un monto total de $11.229.168.

    Otra firma que habría participado de las maniobras sería American Salud S.A. fue proveedora del mismo hospital, con nueve contrataciones por $872.576.

    Dentro del reglamento de la UBA, el secretario de Hacienda y Administración tiene la función clave de autorizar y aprobar todas las contrataciones de hasta $1.000.000, tanto de la Universidad como de los organismos que dependen de ella, como es el caso del Hospital de Clínicas “José de San Martín”.

    La acusación llegaría hasta la administración infiel en caso de comprobarse la existencia de sobreprecios denunciada por la Procelac.

  • Imputan a Fernando Niembro y su socio en La Usina por presunto lavado de dinero

    El juez Federal Sebastián Casanello ordenó hoy dar curso a las medidas de prueba sugeridas por el titular de la fiscalía criminal y correccional federal 7, Ramiro González, quien imputó hoy a Fernando Niembro y al que era su socio en La Usina Producciones SRL, Atilio Alberto Meza, por presunto lavado de activos de origen ilícito por una suma cercana a los 20 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.

    El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó varias medidas de prueba para profundizar la investigación, como la solicitud de información a la AFIP y al Banco Central, así como también a otros organismos públicos nacionales.

    A la vez, requirió al ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, ARBA, información sobre la deuda que “La Usina Producciones” registraría ante esa agencia, y a los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, que informen si los imputados son titulares registrales de studs o boxes.

    La denuncia había sido formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con firma del fiscal general Carlos Gonella, en base a la existencia de contratos entre La Usina Producciones SRL y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por alrededor de 20 millones de pesos.

    Según consta en la denuncia presentada por Gonella, a través de estos contratos realizados «usando la excepción como regla, se habría beneficiado económicamente, e ilegalmente, a Fernando Niembro y a Atilio Alberto Meza”, durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2015.

    «Se transformó la excepción en la regla», dijo González en su resolución, al hacer referencia a que para la adjudicación se utilizaron ciertos mecanismos excepcionales tales como la contratación directa y/o el régimen establecido por el Decreto 556/2010, en vez de la regla, que es la licitación.

    «Necesariamente ese gran caudal de dinero de origen ilícito (que supera holgadamente la condición objetiva de punibilidad impuesta por el art. 303 del C.P) debió haber sido puesto nuevamente en circulación en el mercado, con la consecuencia posible de que adquiera la apariencia de un origen lícito”, expresó Gonella en su denuncia.

    La causa quedó radicada en el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello, bajo los autos “Rodríguez Larreta y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.

    La investigación preliminar que dio origen a la denuncia se inició el 2 de septiembre luego de la publicación de diversos artículos periodísticos que daban cuenta del “posible hecho de corrupción con trascendencia institucional”.

    La Procuraduría consideró la posibilidad del lavado de activos a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF).

    De esa información surgió que tanto Meza como Niembro “incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos vehículos de alta gama”, marca Mercedes Benz y Audi.

    El representante del Ministerio Público Fiscal también destacó que “las contrataciones sospechosas involucrarían la prestación de servicios de publicidad para distintas reparticiones del Poder Ejecutivo porteño”.

    En este sentido, señaló que La Usina habría comprado “espacios de publicidad en los medios y luego se los vendería a un precio mayor a diversas dependencias públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

    Finalmente, apuntó que para perfeccionar esta operatoria se habrían invocado forzosamente razones de «urgencia», dejando habilitados -de este modo- los mecanismos previstos para la contratación directa.

    De acuerdo a la denuncia original, el principal contratante de dicha empresa fue la Secretaría de Comunicación Social porteña, a cargo de Pablo Gaytán, desde diciembre de 2011, indicando que la mayoría de los contratos directos habrían sido otorgados por “servicios de publicidad”.

    Allí también se consignó que La Usina ”habría recibido dinero del Ministerio de Desarrollo Social, de la cartera de Salud y de la Jefatura de Gabinete, todos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    El fiscal federal indicó que la Procelac había señalado como irregularidades más notorias la adjudicación de contratos a favor de La Usina entre las que figuraban las 164 contrataciones adjudicadas por el gobierno porteño a favor de la productora por un monto total de 19.473.878,80 de pesos.

  • Denuncian por presunto lavado de dinero al hijo de Bonadio

    El senador nacional neuquino Marcelo Fuentes (FpV) denunció al hijo del juez federal Claudio Bonadio, Mariano Fulvio Bonadio, por “presunto lavado de dinero”, en una presentación en la que solicita además que se investigue la situación patrimonial del magistrado.

    La denuncia fue presentada en el Juzgado Federal número 8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, e interviene en el hecho el fiscal Federico Delgado.

    En su presentación, Fuentes afirma que Mariano Bonadio “habría sido el presidente originario de MANSUE S.A.; de MOUSTACHE MUSIC CORP e integrante de la empresa “Records MCL SRL”.

    De esta manera, el hijo del juez que acumula varias denuncias en el Consejo de la Magistratura posee “un ostentoso estudio de música” ubicado en Tronador 874 de la Ciudad de Buenos Aires, equipado “con instrumentos de un altísimo valor económico”.

    Según el legislador, Records MCL SRL habría sido constituida en el año 2006 con un capital de $ 100.000, pero en la actualidad “contaría con un inmueble en el que funcionan tres salas de ensayo, equipadas con artefactos de última generación”.

    Fuentes consigna también que en la propia página de la empresa (www.mclrecords.com) se pueden observar las fotografías que corroboran sus afirmaciones.

    “Así se ven por ejemplo baterías cuyo valor unitario ronda los $ 20.000, amplificadores que alcanzan cada uno aproximadamente los $ 30.000, paneles acústicos cuyo precio por unidad en el mercado oscila entre los $ 80.000 y $ 100.000, entre otras cosas”, apunta el senador kirchnerista en su denuncia.

    Fuentes sostiene que “de acuerdo a consultas efectuadas a expertos en la materia”, el montaje de cada una de las salas “habría requerido un gasto cercano a los $ 300.000”.

    Esos valores, contrastan con las utilidades que percibiría la firma, puesto que el alquiler de cada una de las salas costaría aproximadamente $ 150 la hora, mientras la sesión de 8 horas de grabación en el estudio profesional rondaría los $ 4.000.

    Para el denunciante, “existe una ausencia de proporcionalidad” entre los ingresos y el patrimonio que Mariano Bonadio declara ante los organismos oficiales.

    El hijo del magistrado se encuentra inscripto en AFIP desde hace algunos años en la categoría III de monotributo, con facturación de hasta apenas $ 15.000 anuales.

    Además, Mariano Bonadio habría declarado deudas con su padre desde el año 2010 por la suma de $ 150.000 cada año, y también mantendría compromisos pendientes con una mujer llamada María Pasquinelli, por cifras similares.
    En tanto, el juez no habría consignado en ninguna de sus declaraciones juradas patrimoniales la existencia de créditos contra su hijo.

    En cuanto a Pasquinelli, quien no figuraría en registro oficial alguno, no sólo le prestó al joven una cuantiosa suma de dinero, sino que además sería cotitular de una de las cuentas bancarias que posee el hijo del funcionario judicial.
    “En virtud de lo señalado, deben investigarse la posibilidad de que Mariano Fulvio Bonadio haya obrado como persona interpuesta –testaferro– en el posible enriquecimiento ilícito en el que podría haber incurrido su padre”, remarca Fuentes en el escrito que presentó ante la Justicia.

    Asimismo, el senador nacional de Neuquén pidió que se investigue si el hijo del magistrado puso a su nombre “bienes adquiridos con fondos obtenidos mediante maniobras no lícitas, lo que significaría una posible incursión en el delito de lavado de dinero”.

  • Rechazan el pedido de Lázaro Báez de trasladar a Río Gallegos la causa Hotesur

    La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resolvió que la investigación por supuestas contrataciones irregulares de hotelería de la empresa Hotesur debe tramitarse en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.

    Lo hizo al dictaminar sobre un planteo de competencia a raíz de una autodenuncia hecha por el empresario Lázaro Báez tras la publicación periodística de las supuestas irregularidades.

    En el fallo, el tribunal de apelaciones consideró que «corresponde» que el juzgado federal 11 porteño continúe tramitando la causa Hotesur. La causa seguirá a cargo del juez federal Daniel Rafecas, luego de que Claudio Bonadio fue desplazado por la Cámara Federal porteña.

    Los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez rechazaron así un planteo de la defensa de Báez para que la causa se tramite en la justicia federal de Río Gallegos, Santa Cruz. El Tribunal de Apelaciones entendió que si bien la autodenuncia de Báez fue anterior a la denuncia presentada en la Capital Federal, esta última causa está más avanzada y su «objeto procesal es idéntico».

    «Puestos a determinar entonces el tribunal competente en los presentes actuados a partir de los criterios expuestos consideramos que ante la existencia de la investigación que tal como expusimos supra, lleva a cabo el Juzgado Nacional y Criminal Nro. 11 de Capital Federal, corresponde que el mismo continúe con la tramitación de la causa», agregaron los camaristas.

    Por eso confirmaron parcialmente la declaración de incompetencia del juzgado federal de primera instancia de Río Gallegos para entender en la causa iniciada el 16 de diciembre de 2013 y atribuyeron la competencia a la Justicia Federal porteña.

    En la causa se investigan supuestos delitos cometidos por la firma Hotesur, propiedad de la familia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en relación a contrataciones hechas con las firmas de Báez, entre ellas Austral Construcciones.

  • La Justicia allanó una empresa de Lázaro Báez

    El juez federal Sebastián Casanello ordenó el operativo de allanamiento en las sedes de Epsur en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero. El juez allanó los domicilios que Epsur tiene en Capital Federal y en Comodoro Rivadavia, de donde se retiraron libros contables de la empresa. El procedimiento había sido solicitado la semana pasada por el fiscal federal Guillermo Marijuan cuando pidió la indagatoria de Báez y otras 15 personas por presunto lavado de dinero.

    Según el fiscal, Báez realizó cuatro plazos fijos a nombre de Epsur por u$s7,5 millones que no cuentan con documentación que respalde el origen de los fondos. «De la documentación cotejada, surge que en los estados contables de Epsur SA no surgen en su activo la tenencia de los plazos fijos en dólares, y que dichos estados contables no cuentan con firma de las autoridades de la empresa y presentan inconsistencias en sus cifras», detalló el fiscal Marijuan.

    Ayer, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó con el peritaje contable sobre los bienes y el patrimonio de Báez y de otras 13 personas y 22 empresas, entre ellas Austral Construcciones. Casanello ordenó un peritaje contable sobre «la situación patrimonial y financiera integral de todas las personas» para «determinar la realidad económica de todos ellos. El juez dispuso 16 puntos periciales y encomendó a los expertos a concluir su trabajo «a la mayor brevedad, en forma clara y concluyente».

  • La justicia Suiza cierra el caso del HSBC

    El fiscal de Ginebra anunció este jueves que cerraba una investigación por presunto blanqueo de dinero contra el banco HSBC y no le formuló cargos criminales. La entidad bancaria aceptó pagar una «compensación» de 40 millones de francos suizos (42,8 millones de dólares) tras reconocer «deficiencias administrativas en la lucha contra el lavado de activos».

    Olivier Jornot, fiscal general, indicó haber puesto fin al procedimiento abierto en febrero pasado por blanqueo de dinero agravado contra este banco de negocios en el caso llamado «SwissLeaks», un amplio escándalo de fraude fiscal y blanqueo de dinero.

    «La investigación realizada por la Fiscalía del cantón de Ginebra a HSBC Private Bank Suisse se cerró formalmente hoy. La investigación resultó que ni el banco ni sus empleados son sospechosos de cometer delito alguno. El banco cooperó plenamente con la investigación y no enfrentará ningún cargo», reportó el HSBC a través de un comunicado de prensa que distribuyó entre medios de la Argentina.

    El caso comenzó a finales de 2008 cuando el exempleado de HSBC Hervé Falciani entregó ficheros informáticos de la filial suiza a las autoridades francesas. Y de esta manera queda terminada la investigación.

  • Sbatella lleva al Congreso pruebas que vinculan lavado en el HSBC con Iron Mountain

    Horas antes de exponer ante la Comisión que investiga las 4.040 cuentas ocultas del HSBC en Suiza, el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, anunció que llevará al Congreso contundentes pruebas que vinculan el incendio intencional en Iron Mountain con el presunto lavado de dinero de más de $ 61.915 millones.

    «Vamos a llevar los antecedentes de los casos sistemáticos muy parecidos que tenemos en la UIF, que son tres causas distintas, pero con las misma metodología: la del HSBC, BNP Paribas y JP Morgan», detalló Sbatalla en diálogo con ámbito.com.

    La reunión de la Comisión Bicameral que preside el diputado del Frente para la Victoria Roberto Felettiestá prevista para las 18 en la Sala 9 del Edificio Anexo de la Cámara. Al término de la exposición de Sbatella, la Presidencia de la comisión brindará un informe sobre el estado de la información recibida en la misma.

    Además de la información remitida por la justicia y por los organismos consultados, como el Banco Central, se informará sobre el avance de la presentación judicial que se realizará desde el Congreso contra la empresa Cablevisión por su ausencia a las convocatorias realizadas por la bicameral.

    «Como el objetivo de la Comisión es obtener un diagnóstico sobre el sistema de evasión y fuga de capitales, vamos a mostrar las tres causas importantes y tenemos experiencia de cómo se movían» los sospechados, remarcó el titular de la UIF.

    Sbatella también advirtió que al caso HSBC lo rodea en la Argentina una situación trágica, con el incendio de la empresa archivera en Barracas. «Si bien todas las empresas tenían depósitos de documentación en Iron Mountain, el HBSC utilizó mucho eso para desaparezca documentación de las inspecciones y de las investigaciones, y para la UIF, que es querellante en la causa del incendio, está comprobado que hubo una licencia y premeditación en el hecho, de que fue producido intencionalmente», afirmó ante la consulta de este medio sobre la posibilidad de aportar novedosa documentación a los legisladores. «Vamos a mostrar la pericia que indica que con la desaparición de pruebas se estaban beneficiando los estaban ahí», anticipó.

    Aunque el daño fue irreparable, no fue determinante. En su visita al Parlamento, el CEO del HSBC Argentina, Gerardo Martino, se negó a dar información, pero dio una pista a seguir. «Se limitó a cubrir su propia responsabilidad penal y terminó admitiendo que tenía un backup de la información que se quemó en Iron Mountain», dijo Feletti.

    Varios de los implicados que aparecían en el listado remitido por la justicia francesa en la causa por lavado pertenecen al Grupo Clarín. Sin embargo, en dos oportunidades se negaron a concurrir argumentando que la comisión no tenía fundamento para citarlos. En las listas figuran directivos del Grupo con cuentas vinculadas: Saturnino Herrero Mitjans (miembro del directorio del Grupo Clarín); Pablo César Casey(miembro del Grupo Clarín); Mariano Marcelo Ibañéz (Cablevisión); Luis Alberto González Buruki(Cablevisión).

    En este marco, Sbatella reconoció que muchos sospechados por las cuentas en Suiza también son objeto de investigación en otras pesquisas, como las del JP Morgan. «Hay un lote (de personas) que son reincidentes en la aparición. Están acostumbrados a operar de esa manera. No solo con un banco, sino con varios. Como es sistemático, la idea es aportar cómo es el control que se hace a esta historia que tiene décadas en la Argentina», sostuvo.

    El funcionario antilavado exhortó a los diputados y senadores a elaborar o modificar las leyes para impedir que estas maniobras fraudulentas se repritan. «El objetivo de la Comisión es encontrar una propuesta legal que limite más el esquema de posibilidad de hacer estos negocios, que pueden incluir modificaciones penales o otros cambio significativas en la penal cambiar, tributaria o de lavado. Ver qué figura hay que conseguir para poder frenar esto, que se hace casi legalmente como el contado con liqui. Hay que encontrar una legislación que acote este fenómeno», indicó.

    Por último, instó al Poder Judicial a romper el cerco de protección a los empresarios e inversionistas acusado y reclamó un avance en los expedientes relacionados con lavado. «Queremos que haya sanciones en las causas que se están investigando. El gran problema es que hay causas que tiene más de cinco años y no pasada nada con el avance a indagatoria de la gente. Con esto esperamos se aceleren los procesos judiciales», concluyó.

    El próximo 25 de junio se vence los tres meses que tiene la Comisión para emitir un dictamen sobre el tema, aunque existe la posibilidad de extender ese plazo por otros tres meses. Se extenderá si hasta ese momento no se logró que una delegación de seis legisladores nacionales se reúnan con Hervé Falciani en el Senado francés. Allí, el ex empleado del banco HSBC ofrecería detalles sobre los argentinos tenedores de cuentas en Suiza no declaradas y sobre las prácticas de evasión fiscal atribuidas a la entidad británica.