Tras seis meses de arduas negociaciones y no pocos conflictos, Javier Milei consiguió esta madrugada la sanción parlamentaria de las dos primeras leyes de su gestión presidencial: la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el denominado paquete fiscal, que incluyó reformas en los impuestos a las ganancias y a los bienes personales que habían sido rechazados por el Senado de la Nación pero fueron reflotados por Diputados en su carácter de cámara de origen.
Con esta sanción, que le otorgará al gobierno nacional una herramienta clave para llevar a cabo sus políticas, Milei dejará de tener a mano el pretexto de que la casta le impide gobernar, que en distintas ocasiones utilizó en los últimos meses. A partir de ahora, no solo deberá demostrar una gestión más activa, que se traduzca en un ajuste que afecte mucho más a la política y a la propia estructura del Estado que a la ciudadanía, sino que además será blanco de mayores demandas. Especialmente, por parte de algunos gobernadores provinciales, quienes reclamarán del Poder Ejecutivo Nacional un reconocimiento por los servicios que prestaron para ayudar a la sanción de la Ley Bases y del paquete tributario.
Si bien celebraron el final de este prolongado trámite parlamentario, diputados de Hacemos Coalición Federal, uno de los sectores dialoguistas de la oposición que lidera Miguel Angel Pichetto, y de Pro subrayaron precisamente la idea de que, ahora, al gobierno de Milei “se le acaban las excusas” y “debe resolver lo que todavía no resolvió”, como expresó el legislador cordobés de Pro Oscar Agost Carreño. En términos parecidos se explayó Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal-Buenos Aires), quien puntualizó que “termina la cortina de humo del Presidente para distraernos con este debate de las verdaderas causales de las dudas que se evidencian en la suba del riesgo país y del dólar y en la caída de los bonos”, cuestiones que el diputado no atribuye al zigzagueante trámite parlamentario, sino a “las contradicciones del Gobierno”.
Entre esas supuestas contradicciones oficiales, Massot mencionó que mientras mediante el decreto 70/2023 se derogó la ley de abastecimiento, “paralelamente se generó un cartel de 41 empresas de medicina prepaga”, al tiempo que, desde el Gobierno, “se dijo que los servicios deben valer lo que cuestan” pero ayer se volvieron a postergar aumentos tarifarios, lo que implicará seguir aumentando los subsidios del Estado.
La primera duda que emerge tras la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal es cómo seguirá la relación entre el Gobierno y los sectores dialoguistas de la oposición. Fundamentalmente, con el sector de Pro que se diferencia de aquellas posiciones partidarias de una profundización de la convergencia con el mileísmo, como la que encarna la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Más clara parece ser la situación dentro del radicalismo, al margen de los cuestionamientos internos que ha merecido el presidente del comité nacional partidario, el senador Martín Lousteau, a quien se le ha endilgado “no saber manejar los tiempos” por rechazar los proyectos de leyes del oficialismo pese a quedar en franca minoría dentro de su propio bloque en la Cámara alta.
Particularmente enfático resultó el cordobés Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de diputados de la UCR, quien, al margen de su respaldo a las leyes propiciadas por el Gobierno, cuestionó durante el debate de anoche a “un Presidente que se pasea por el mundo dando cátedra sobre cómo resolver los problemas en lugar de hacerlo aquí”. Le pidió a Milei “más amor y menos odio”, además de “ternura y humanización”, valores que diferenció del populismo, para centrarse en “abuelos que se debaten entre comprar medicamentos o alimentos” y en “aquellos hermanitos que comparten un par de zapatillas para ir al colegio”.
La siguiente duda pasa por el futuro de la relación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, tras las sorpresivas críticas lanzadas por el organismo financiero internacional a la política cambiaria oficial. Esos cuestionamientos, que se suman a los de no pocos economistas que expresan su inquietud por el atraso cambiario y la brecha entre el dólar marginal y el dólar oficial, que supera el 40 por ciento, llegan en momentos en que el Banco Central ha dejado de exhibir el balance positivo que venía mostrando: en lo que va de junio ha debido vender más divisas de las que compró, cuando en los meses anteriores se había registrado el fenómeno inverso.
Los nubarrones en el escenario económico crecieron en los últimos días de la mano de algunos datos estadísticos nada favorables, como la caída en junio del 2,8% en el Índice de Confianza del Consumidor que mide mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella; la suba del riesgo país a 1445 puntos y la caída de la actividad económica en mayo respecto de abril, que echó por tierra con la hipótesis de que para esta época se pondría fin al ciclo recesivo.
Puede decirse, por eso, que la sanción parlamentaria llega en un momento oportuno, con la esperanza de que tanto las perspectivas que ofrecen el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) como el próximo blanqueo de capitales alienten la llegada de dólares que ayuden a calmar la ansiedad de los mercados y a dinamizar la economía.
En las últimas horas, la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) anticipó que destinará unos 700 millones de dólares a la ampliación de la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta hasta Buenos Aires. El Gobierno espera que, en las próximas semanas, se multipliquen los anuncios de inversiones. Como quienes se entusiasman por estas horas con la actuación de la selección argentina de fútbol en la Copa América, Milei elige creer.
Fuente: La Nación
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