Alicia K enfrentó ayer una huelga general de los empleados estatales. El fin de semana no fue bueno para ella y la semana empezó peor. La gobernadora va de pesadilla en pesadilla. Presentó una denuncia penal por «daños, atentado contra el orden constitucional y democrático, sedición y violación de domicilio» contra todos los que se manifestaron frente a su casa el pasado viernes por la noche. En el escrito se dice que hubo un «ataque planificado» al que no fueron ajenos los medios de comunicación a quienes acusa de arengar a la gente para fogonear la medida.
A la fiscal le resulta indicativo de la supuesta connivencia mediática con los «desestabilizadores» el hecho de que varios medios nacionales hayan encarado coberturas especiales en estos días, cuando lo verdaderamente llamativo sería que no estuvieran allí para cubrir la seguidilla de incidentes que azotan a la provincia patagónica y que la tienen paralizada desde hace semanas. El escrito prescinde de analizar que la provincia está en llamas y que el mismo jueves hubo una multitudinaria marcha de antorchas, justamente una semana después de que la mismísima Alicia haya quedado atrapada en la Casa de Gobierno durante una noche, al ser rodeado el edificio por una manifestación de gente que entre otras pretende cobrar sus sueldos y pide que de una buena vez comiencen las clases.
Detrás de estas protestas para exponer reclamos tan básicos, las damas K creen ver una suerte de golpe de Estado en la provincia. Más allá del repudio a la violencia que se generó frente a la casa de la mandataria y la consecuente represión policial para evitar el ingreso a la vivienda, cuesta sostener que se trató de un intento de golpe institucional que justifique una intervención, una alternativa absolutamente descartada por el Gobierno. Oscar Parrilli lo puso en palabras sin reparar en sutilezas: «Mauricio Macri y Rogelio Frigerio quieren destruir Santa Cruz y a Cristina Kirchner».
Según la mirada del oficialismo provincial, desde el Gobierno central se busca llevar a la provincia a una situación de ahogo financiero. En el análisis del ladero de la ex Presidente no se hace referencia a los últimos 26 años de administración kirchnerista. Tampoco a las recientes declaraciones de la hermana Alicia, que dijo que recibió una provincia quebrada. La «maldita herencia» se la dejó otro gobernador del Frente para la Victoria, Daniel Peralta, quien justamente asumió en 2007, en medio de una crisis descomunal y cuando el gremio docente llevaba meses de paro. En esos años lejos estaban Macri y su tropa de la Rosada. Gobernaba Néstor y la provincia era una niña mimada a la hora de recibir recursos, beneficios y obra pública.
Diez años después la historia se repite. Sólo que en este momento, además de un tremendo desbarajuste financiero y fiscal, hay un número de empleados estatales sensiblemente mayor al heredado y consolidado en más de dos décadas de gobierno K. Según datos oficiales, hay 115 empleados públicos por cada mil habitantes, cuando la media anual es de sólo 50. Buena parte de las fuentes de trabajo privado también están generadas por actores vinculados con el poder político. Mientras la cuñada de la ex Presidente planifica la emisión de deuda para enfrentar la crisis violando de lleno el misal del espacio político que la ha traído hasta aquí, CFK batalla en las redes para encuadrar el desmadre en el siempre asequible argumento de una maléfica conspiración.
Fuente: Infobae.com Mónica Gutierrez
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