Policía Federal: no seguir la senda de la bonaerense

Los vecinos del barrio porteño de Boedo han sido víctimas de 200 delitos desde marzo pasado y, ante la inacción policial, elaboraron un mapa de la zona donde identificaron los sitios en los que hay prostíbulos, talleres clandestinos, venta de drogas y otros donde se registraron robos con distintas modalidades, secuestros virtuales y usurpación de viviendas.

Pero lo más grave, han destacado ellos, es la indiferencia que encuentran en la comisaría 10 de la Policía Federal, donde en más de una oportunidad intentaron disuadirlos de radicar denuncias. Por esta razón, son varios los que sospechan que viven en una zona liberada. Por las dudas, entregaron copia de su mapa a los policías.

Pocos días antes se informó que, por pedido del fiscal José María Campagnoli, se allanaron cinco comisarías de la Policía Federal y se detuvo a suboficiales y oficiales -entre ellos un comisario- por presunto pedido de coimas a comerciantes y extorsión a cuidacoches en el barrio de Núñez, y por brindar protección a un cabaret de Belgrano que encubría el ejercicio de la prostitución.

Desde luego, no se trata de hechos inéditos o desconocidos, y el fiscal Campagnoli tiene una larga experiencia en esta triste materia, forjada a lo largo de muchos años dedicados a la investigación. Lo que preocupa sobremanera es la creciente cantidad de hechos en los que intervendría personal policial y que, inevitablemente, plantea el interrogante acerca de si la Policía Federal avanza por la senda de la corrupción que caracteriza a más de una policía provincial y que ha dado una triste fama a la policía bonaerense.

Si bien las investigaciones que lleva a cabo la Justicia constituyen un hecho auspicioso, pues su corolario, una vez probados los hechos, es la depuración de la fuerza, también obligan a pensar cuán extendida se encuentra la corrupción en la Policía Federal cuando son tantas las comisarías que se encontrarían involucradas.

Al mismo tiempo, dada la firme estructura jerárquica de la policía, es imposible concebir que existan redes de corrupción en una comisaría sin que sus jefes, por lo menos, estén al tanto y lo consientan, si es que no participan activamente. A su vez, cabe plantearse otro tanto respecto del escalón inmediatamente superior al de los comisarios que ejercen las jefaturas de las seccionales.

Se trata, desde ya, de delitos difíciles de probar y que en uno de los casos mencionados pudo investigarse porque la denuncia la efectuó un ex oficial de la comisaría 35, con jurisdicción en los barrios de Núñez y Saavedra, que pidió hacerlo con reserva de su identidad para evitar represalias.

A su vez, por lo que se desprende de sus dichos ante la prensa, la denuncia obedeció también a la necesidad de protegerse a sí mismo y a su familia, pues sin saberlo se había inmiscuido en un asunto que resultó peligroso: cuando patrullaba, robaron en una escribanía de Cuba al 4700 y un hombre que lo paró le dijo que no confiaba en la policía pues durante el robo «había uno o dos móviles en el lugar». El oficial avisó a sus superiores en la comisaría, ubicada a 16 cuadras, y a partir de entonces comenzó su calvario, pues, según dijo: «El señor comisario se enojó. Me persiguieron, atentaron contra la camioneta, me cruzaron una moto en la puerta de mi casa. Hace un par de días que me persiguen».

Lo que reveló este oficial fue que en esa comisaría funcionaba un mecanismo de recaudación ilegal en el cual comerciantes y cuidacoches de la zona estaban obligados a pagar coimas para poder trabajar. Los «trapitos» tenían que pagar alrededor de 400 pesos por semana, mientras que los comerciantes debían abonar 2000 mensuales para contar con una especie de seguridad privada. El mismo sistema de pagar coimas para poder trabajar es el que impuso la mafia italiana hace muchas décadas.

Un gendarme retirado también se animó a denunciar la red de corrupción montada por la cúpula de la comisaría 35, que conoció por un agente que revistaba allí.

Las investigaciones en marcha allanan el camino para la nueva fuerza de seguridad porteña que entraría en funcionamiento el año próximo como resultado de la fusión de la Federal con la Metropolitana.

Pasado mañana se votaría en la Legislatura porteña el proyecto de ley integral de seguridad que dará origen a la nueva Policía de la Ciudad. Una nueva policía debería estar exenta de los vicios de la vieja.

La seguridad es uno de los temas que más preocupan a la sociedad, una cuestión no sólo desatendida, sino ocultada y hasta negada, igual que el narcotráfico, por los anteriores gobiernos nacional y bonaerense.

Aquellos 12 años perdidos los ganaron la delincuencia y el narcotráfico, y los ganaron de tal manera que lograron contagiar a las fuerzas policiales, aun cuando la mayoría de sus efectivos se caractericen por su honestidad y su espíritu de sacrifico, del que dan prueba todos los días al sumarse a la lista de víctimas mortales de la ola delictiva.

A las actuales autoridades les toca la difícil pero ineludible tarea de luchar contra la delincuencia que amenaza con enseñorearse entre los efectivos encargados de combatirla.

Fuente: La Nación   Editorial