Con la política de género como escudo, un grupo de senadores hiperkirchneristas presentó un proyecto de ley para incorporar la causal de «violencia política» a la ley de protección integral de las mujeres.
La iniciativa se anticipa como un traje a medida para blindar a la ex presidenta Cristina Kirchner de críticas políticas y mediáticas, y hasta podría llegar a usarse para contrarrestar las dificultades judiciales que enfrenta la ex presidenta.
De hecho, la chubutense Nancy González (FPV), autora del proyecto, lo presentó con un discurso con explícitas referencias a la «violencia política» que sufre Cristina Kirchner. Como si esto fuera poco, el acto en el que la legisladora anunció la presentación del texto, celebrado en uno de los salones del Senado, contó con el patrocinio de la Comisión de Mujeres del Instituto Patria.
La legisladora también incluyó en la lista de supuestas víctimas de violencia política a Milagro Sala, a la que calificó como «una presa política del gobierno nacional y del gobierno provincial» de Jujuy.
La tríada de mujeres víctimas de la violencia política impulsada por Cambiemos, según afirmó la senadora González, la completa la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. González realizó una encendida defensa de la cuñada de la ex presidenta, que cerró con una más que polémica conjetura feminista sobre los incidentes sociales registrados hace tres semanas frente a la residencia de la mandataria provincial. «Si dentro de esa casa no hubiera habido una gobernadora y una ex presidenta, sino un gobernador y un ex presidente, los manifestantes no hubieran podido hacer los desastres que hicieron, porque los hombres se protegen entre ellos», aventuró.
El proyecto modifica el artículo 5 de la ley 26.485 para incorporar la «política» a los tipos de violencia de género que se pueden ejercer contra las mujeres, tipificando como una agresión de ese tipo a «cualquier conducta, por acción y omisión, que se dirige de forma individual o grupal con intención de menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio político de la mujer vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los hombres».
Una vez introducida esta nueva causal, el proyecto incorpora un nuevo inciso al artículo 6 con el objetivo de entrar en mayor detalle y definir la «violencia pública-política contra la mujeres», estableciéndola como «aquella que, mediante métodos de presión, persecución, acoso y/o amenazas, impide o limita sistemáticamente el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, desalentando o menoscabando el ejerció político o la carrera política de las mujeres».
Inciso clave
Es en el final del nuevo inciso donde radica el intento del hiperkirchnerismo de darle un blindaje legal con el cual contragolpear ante los ataques políticos que tengan a Cristina Kirchner como objetivo.
Esto es así porque se establece que la «violencia pública-política» puede «ocurrir en cualquier espacio de la vida pública o política, instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales o sindicales o medios de comunicación».
En otras palabras, con esta arquitectura legal cualquier crítica política formulada contra Cristina Kirchner, ya sea en un medio de comunicación o en cualquier otro ámbito, daría lugar a una denuncia penal por violencia contra la mujer.
Además de la chubutense González firman el proyecto las santacruceñas María Esther Labado y Virginia García, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), María Pilatti (Chaco), María de los Ángeles Sacnum (Santa Fe) y Marcelo Fuentes (Neuquén). Todos ellos, miembros del núcleo duro del sector kichnerista del bloque del Frente para la Victoria.
Esta no es la primera vez que el kirchnerismo hace uso de las políticas de género para hacer política partidaria-electoral o para defenderse en algún debate político.
En la Cámara alta se recuerda la disputa entre la senadora García y el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba) durante una reunión de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, en la cual la cuñada de Máximo Kirchner, molesta por las críticas del legislador, lo acusó de misoginia. Molesto, el jefe del bloque de diputados de Cambiemos prometió en aquella oportunidad iniciarle una demanda por calumnias e injurias.
Fuente: La Nación
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