PARÍS.– El Consejo Constitucional francés, principal organismo jurídico de Francia, validó este viernes la reforma del régimen jubilatorio, que eleva la edad legal del retiro de 62 a 64 años. Aunque era esperada, esa decisión desencadenó un vendaval de críticas en los movimientos políticos y sindicales de la oposición, que prometieron continuar con sus manifestaciones y protestas hasta obligar al gobierno de Emmanuel Macron a retirar esa controvertida medida.
De inmediato en todas las grandes ciudades de Francia se organizaron manifestaciones espontáneas y estallaron disturbios con incendios de vehículos y mobiliario urbano.
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Al mismo tiempo, en un pronunciamiento por separado, el alto organismo impugnó la demanda de unos 250 diputados de la oposición, que pedían autorización para colectar los 5 millones de firmas necesarias a fin de organizar un referéndum de iniciativa popular. El resultado de esa consulta popular inédita podría haber obligado al gobierno a retirar la reforma jubilatoria que desde hace seis meses mantiene al país sumergido en una grave crisis política y social.
En la primera reacción del gobierno al dictamen de los nueve miembros del Consejo Constitucional, la primera ministra, Elisabeth Borne, intentó un gesto de conciliación con la oposición. “Esta noche no hay ni vencedores ni vencidos”, afirmó en una declaración que parecía pecar de optimismo excesivo.
El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, que vivió un auténtico calvario durante el debate parlamentario de la ley, sostuvo que esta decisión marcaba “el fin del proceso legislativo y democrático de la reforma”, pero su confianza fue inmediatamente desmentida. Minutos después de conocido el rechazo del alto tribunal, un grupo de senadores de izquierda presentó un nuevo pedido en ese sentido, lo que permite a la Cámara alta entrar en el proceso y que, al mismo tiempo, abre otro paréntesis en la mecánica institucional de validación que puede durar varias semanas.
El pronunciamiento del Consejo Constitucional, de todos modos, cuestionó algunos aspectos menores de la reforma –que no desvirtúan el proyecto–, pero obligarán a Borne a reescribir dos artículos de la ley aprobada por el Parlamento apelando al artículo 49.2 de la Constitución, que permitió al gobierno sortear el escollo de una votación en el hemiciclo. Se trata de complejas disposiciones orientadas a introducir un contrato especial de trabajo para los mayores de 60 años e inducir a las empresas a emplear a los seniors. Las correcciones técnicas, que pueden ser recogidas en otras leyes, crean un marco propicio para que Borne y los ministros del área social puedan reanudar el diálogo con las centrales sindicales, decididas a multiplicar sus medidas de lucha.
Triunfo político
El arbitraje del Consejo Constitucional representa una victoria jurídica para Macron. Pero, desde el punto de vista político, la validación de la iniciativa oficial parece incapaz de apaciguar las tensiones. Apenas conocido el fallo, las grandes centrales sindicales anunciaron que no asistirán a la reunión convocada por el gobierno para el lunes si el gobierno no retira la ley.
Ahora, el presidente cuenta con un plazo de un mes para promulgar el texto. Conforme a su costumbre, se estima que Macron podría rubricarla en un plazo de dos a tres días.
El objetivo presidencial es acordar suficiente tiempo para redactar los instrumentos de aplicación a fin de que la nueva ley pueda entrar en vigor a principios de septiembre. El aumento de la edad jubilatoria aumentará entonces tres meses cada año hasta 2030.
En respuesta a la firmeza del gobierno y a su determinación de seguir adelante, las centrales sindicales decidieron organizar una nueva movilización gigante de protesta el 1º de mayo.
Macron espera, una vez terminada esa traumática secuencia, poder abrir un nuevo capítulo menos agitado de su acción de gobierno. Desde que inició su segundo mandato, el 14 de mayo pasado, el presidente no tuvo un solo día de tregua. Sus adversarios políticos lo acusan de intentar imponer por la fuerza una serie de reformas ultraliberales y le reprochan su arrogancia y escasa disposición al diálogo. La situación general se agravó por la necesidad de la alianza de ultraizquierda Nupes de imponer una línea dura de oposición como única forma de mantener la unidad del movimiento.
Ese clima de extrema tensión parece favorecer a la extrema derecha que lidera Marine Le Pen. El comportamiento serio y responsable adoptado por su bloque de diputados y principales dirigentes, que se esfuerzan en evitar toda polémica que “divida la unidad nacional” y en mostrar una “actitud civilizada”, le han permitido crecer vertiginosamente en las cuestiones y presentarse –cada vez más– como una alternativa de poder para 2027 en Francia.
Fuente: La Nación
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