La UFI AMIA se quejó a Interpol por falta de cooperación de EUA para dar con Stiuso

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del atentado a la AMIA envió hoy una queja a la Secretaría General de Interpol, con sede en la ciudad francesa de Lyon, por la «falta de cooperación» por parte de la oficina de ese organismo en Washington (Estados Unidos) en el marco de la búsqueda del ex espía Antonio Stiuso, con el objetivo de que brinde información detallada sobre su participación en la investigación del atentado terrorista ocurrido en 1994.

Los fiscales Sabrina Namer y Roberto Salum enviaron un oficio al jefe de la División Asuntos Internacionales del Departamento de la Policía Federal Argentina, Marcelo Chiappero, para que transmita una «queja formal» a la Secretaría General de Interpol, «a raíz de la falta de cooperación por parte de la OCN Washington (EEUU) a los múltiples requerimientos formulados» para dar con el paradero de Stiuso, sobre quien pesa una «notificación azul».

El 7 de octubre el ministerio de Seguridad comunicó que la oficina de Interpol en Brasilia informó que Stiuso «partió de Porto Alegre (Brasil) con destino a la Ciudad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica, con fecha 19/02/2015, habiéndose identificado en aquel momento con pasaporte italiano Nº AA3441362».

Además difundió que «se requirió a Interpol de Washington un informe similar, obteniendo como respuesta que el requerimiento deberá ser canalizado por intermedio de un pedido formal de asistencia legal de conformidad con el tratado sobre la materia que vincula a los dos países».

El 30 de septiembre la agencia policial mundial Interpol difundió, a pedido de la Unidad Fiscal AMIA (UFI-AMIA), una “circular azul” para determinar el paradero del ex agente de Inteligencia, para su eventual citación como testigo con el objetivo de que brinde detalles sobre su participación en la investigación del atentado terrorista que causó la muerte de 85 víctimas.

Interpol subió la ficha de Stiuso al sistema de notificación I24/7 que enlaza a las policías de los 190 países miembros, con su foto de hace dos años y un pedido de «urgente registro y difusión» donde consta su calidad de “testigo” de una causa penal en la Argentina.