Con un año de demora comenzó el saneamiento del predio Papa Francisco en Lugano

Ayer comenzó el proceso de remoción y limpieza del predio contaminado con metales pesados e hidrocarburos, que hacían inhabitable el predio donde el año pasado se asentó el barrio Papa Francisco.Una máquina excavadora avanzó sobre los escombros y las ruinas que aún quedan de la toma, en Villa Lugano.

El saneamiento del terreno, situado en Pola y Fernández de la Cruz, donde antes funcionaba un depósito de automóviles de la Policía Federal, se inició un año después del desalojo de las 700 familias que habían ingresado en el predio en febrero de 2014.

La recuperación del suelo está a cargo de la Subsecretaría de Mantenimiento del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, luego de que la Agencia de Protección Ambiental (APRA) finalizara los estudios correspondientes. Ésta se realizará en dos etapas y culminará con la construcción de un espacio verde y calles, con una inversión total de 17 millones de pesos.

La mayor contaminación se registra sobre Escalada y Fernández de la Cruz, el sector donde se almacenaban los autos. Allí se encontraron elevados niveles de cadmio, zinc, cobre, níquel, plomo y otros metales. Además, rastros de combustibles, líquidos de freno, refrigerante y aceite. Los informes de la APRA indicaron que las napas freáticas (de agua) no presentaban contaminación.

La ocupación del terreno, lindero con la villa 20, dejó al descubierto la necesidad de vivienda de cientos de personas, pero, además, el aprovechamiento de punteros políticos que comercializaron las pequeñas parcelas. Estuvo marcada por la muerte de dos personas: Fernando Soto, asesinado el día de la toma del predio, y Melina López, cuyo homicidio desencadenó el operativo de desalojo del 23 de agosto de 2014.

La remediación del suelo es una condición necesaria para la construcción de las 500 viviendas sociales que prometió el gobierno porteño tras el desalojo, con una inversión aproximada de 300 millones de pesos. Se prevé que sean entregadas a habitantes de la villa 20, como lo determina la ley 1770 de urbanización, sancionada en 2005, pero aún sin cumplimiento.