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  • Comenzó el censo de las familias que ocupan el predio en Merlo

    El gobierno bonaerense y la municipalidad de Merlo realizan hoy, a partir de las 10, un censo para resolver la situación de las familias que ocuparon y levantaron precarias carpas el predio del barrio Nuevo, con el objetivo de encontrar respuestas a las demandas planteadas.

    Fuentes policiales indicaron esta mañana a Télam que el censo se realizará por fuera del espacio de 60 hectáreas, sobre la ruta 1003, en un lugar designado por la Fiscalía General de Morón, y advirtieron que luego de contabilizados los ocupantes no podrán reingresar al lugar.

    «Estamos desde el día de ayer con el ministro (Eduardo) Aparicio, de Desarrollo Social, el ministro (Alejandro) Granados, de Seguridad, con instrucción precisa del gobernador (Daniel) Scioli de generar una solución pacífica y sin violencia», indicó hoy la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez. «Repudio absoluto a cualquier tipo de toma de predios, no es la solución para un problema que existe que son las familias con necesidades habitacionales, también hay vivos que se aprovechan y el uso político», comentó en declaraciones a Radio 10. «Esto está judicializado; en el mientras tanto, la decisión de Scioli es realizar junto a Eduardo Aparicio un censo sujeto a la ley de hábitat provincial», añadió.

    El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Eduardo Aparicio, aseguró que «los vecinos dejarán los terrenos tras el censo» a las 3 mil familias que ocuparon el predio. «Vamos a empezar a hacer este censo social para implementar la ley de hábitat social», dijo en referencia a la norma prevé la construcción de nuevos proyectos habitacionales y la mejora de los barrios informales. «Una vez que hagamos las fichas censales los vecinos van a dejar una guardia y van a empezar a desalojar porque esto no es solamente hacer el censo y dar el terreno, hay que ver el impacto ambiental, cuáles de los lotes son habitables y cuáles no», aseguró.

    Anticipó que una vez que los terrenos sean desalojados «la Justicia va a poder actuar más fuerte con los que están actuando fuera de la ley, que son los que tomaron las propiedades que ya tienen dueños». Sostuvo que ayer tuvieron «una buena reunión» con los vecinos, quienes además «reconocieron que habían usado un mecanismo fuera de la ley que fue esta toma».

    En sintonía, el subsecretario de Urbanismo Social bonaerense, Ricardo Spalletti, indicó hoy que “se determinará la necesidad de la gente a partir del estudio censal”. “Se expropiaría el predio y se haría el análisis del censo en función a las necesidades sociales”, sostuvo al canal TN.

    Detrás de la ocupación hay un trasfondo político, según denunció el intendente electo de Merlo por el Frente para la Victoria, Gustavo Menéndez, que responsabilizó a Othacehé de «la utilización de los más humildes mediante la toma de terrenos en forma simultánea con el fin de generar caos social». Aclaró que «no se puede infringir la ley» y reconoció que «hay vecinos que tienen necesidades reales después de 24 años donde no hubo una política habitacional fuerte» del actual jefe comunal Raúl Othacehé.

    A su vez resaltó que “ha empezado a funcionar la maquinaria del Estado y eso es alentador. Hemos tomado contacto con vecinos circundantes que se sienten amenazados e invadidos, también con vecinos que participan de la toma que tienen necesidades reales después de 24 años donde no hubo una política habitacional fuerte, pero está claro que no se puede infringir la ley”, explicó el Intendente electo a Radio Provincia. Y agregó que «Se han desplegado 600 efectivos de la Policía Bonaerense, lo que actuó como disuasorio de la toma y muchas personas salieron pacíficamente, y el ministro de Desarrollo Social bonaerernse, Eduardo Aparicio, se reunió con las autoridades municipales actuales y después se hizo presente en la toma y habló con quienes la lideran llegando al acuerdo de realizar un censo y la gente estaría dispuesta a dejar la toma», destacó.

    Por último y en sintonía con su crítica al actual mandatario Othacehé, Menéndez remarcó que las autoridades municipales actuales “estaban desaparecidas”, ya que “tienen un encono con nosotros por haber perdido, pero a la gente no le importa lo que opine un político del otro sino que podamos tener una solución”.

  • Con un año de demora comenzó el saneamiento del predio Papa Francisco en Lugano

    Ayer comenzó el proceso de remoción y limpieza del predio contaminado con metales pesados e hidrocarburos, que hacían inhabitable el predio donde el año pasado se asentó el barrio Papa Francisco.Una máquina excavadora avanzó sobre los escombros y las ruinas que aún quedan de la toma, en Villa Lugano.

    El saneamiento del terreno, situado en Pola y Fernández de la Cruz, donde antes funcionaba un depósito de automóviles de la Policía Federal, se inició un año después del desalojo de las 700 familias que habían ingresado en el predio en febrero de 2014.

    La recuperación del suelo está a cargo de la Subsecretaría de Mantenimiento del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, luego de que la Agencia de Protección Ambiental (APRA) finalizara los estudios correspondientes. Ésta se realizará en dos etapas y culminará con la construcción de un espacio verde y calles, con una inversión total de 17 millones de pesos.

    La mayor contaminación se registra sobre Escalada y Fernández de la Cruz, el sector donde se almacenaban los autos. Allí se encontraron elevados niveles de cadmio, zinc, cobre, níquel, plomo y otros metales. Además, rastros de combustibles, líquidos de freno, refrigerante y aceite. Los informes de la APRA indicaron que las napas freáticas (de agua) no presentaban contaminación.

    La ocupación del terreno, lindero con la villa 20, dejó al descubierto la necesidad de vivienda de cientos de personas, pero, además, el aprovechamiento de punteros políticos que comercializaron las pequeñas parcelas. Estuvo marcada por la muerte de dos personas: Fernando Soto, asesinado el día de la toma del predio, y Melina López, cuyo homicidio desencadenó el operativo de desalojo del 23 de agosto de 2014.

    La remediación del suelo es una condición necesaria para la construcción de las 500 viviendas sociales que prometió el gobierno porteño tras el desalojo, con una inversión aproximada de 300 millones de pesos. Se prevé que sean entregadas a habitantes de la villa 20, como lo determina la ley 1770 de urbanización, sancionada en 2005, pero aún sin cumplimiento.