En paralelo con el impuesto a las grandes fortunas,Máximo Kirchner buscará aprobar hoy en la Cámara de Diputados otra iniciativa de su autoría que también genera polémica: el proyecto que propone prohibir por entre 30 y 60 años el cambio de uso de aquellas propiedades que hayan sido afectadas por incendios, hayan sido intencionales o no.
El propósito es evitar que se desarrollen emprendimientos inmobiliarios en esos predios. Los opositores que se oponen al proyecto sostienen que es un avance sobre la propiedad privada.
Sin embargo, la iniciativa tiene muchas probabilidades de ser aprobada. Tras un intenso debate, los diputados oficialistas que integran la Comisión de Recursos Naturales aprobaron el dictamen el 26 de octubre. El kirchnerismo contó con el apoyo de los diputados Graciela Camaño, del Interbloque Federal, así como también del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Ramón. La alianza entre Ramón y el kirchnerismo fue fuertemente cuestionada ayer por la oposición, que denuncia que el oficialismo creó una comisión con el solo propósito de pagarle sus «favores». El mes pasado, el dictamen contó con 17 firmas a favor y 9 rechazos.
Qué dice el proyecto
El proyecto, que modifica la ley 26.815 de Manejo del Fuego, propone incorporar un nuevo artículo que establece que «en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural» se prohíbe, por el término de 30 años, «la realización de emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual en el momento del incendio y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento».
Además, según la iniciativa, esas prohibiciones se extenderán por un término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales «a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas».
La oposición fue muy crítica del proyecto. Durante el debate en comisión, Brenda Austin advirtió que esta iniciativa, al establecer que no se puede modificar el uso del suelo de los bosques nativos durante 60 años, lejos de protegerlos, restringe la salvaguarda que ya rige sobre estos territorios.
«La ley de bosques hoy vigente establece la protección a perpetuidad y esta iniciativa viola el principio de regresividad», planteó. Advirtió, además, sobre el fuerte recorte del presupuesto destinado al combate de los incendios para el año próximo. «Mientras se estaban incendiando 20 provincias, los bomberos sin equipamiento, los aviones hidrantes sin herramientas y se tardaba en dar respuesta, el Gobierno diseñaba un presupuesto que plantea un recorte para el sistema nacional del manejo del fuego a la mitad», dijo.
Las críticas de la oposición
La oposición cuestionó especialmente que se equiparen los incendios accidentales y los provocados. La diputada neuquina Alma Sapag sostuvo que el proyecto «cercena derechos adquiridos de privados, avanza sobre principios de autonomía de los municipios y no tiene en cuenta la tasa de recuperación del ambiente dañado» porque -dijo- «no es la misma la recuperación de un pastizal, de un bosque o de un monte».
Desde el oficialismo, el presidente de la comisión, el oficialista Leonardo Grosso, fundamentó la iniciativa. «No estamos tratando esta ley porque sí: se ha prendido fuego buena parte del territorio de la Argentina, casi 900.000 hectáreas -enfatizó durante el debate en comisión-. El 95% son resultado de la acción humana; son datos oficiales.»
Además, apuntó contra los tribunales: «En los últimos cinco años solo 22 causas iniciadas por incendios provocados. ¿Justicia? Solo hubo dos condenas. Ahora tenemos que dar una respuesta política a este problema», dijo. Y agregó: «Los incendios anteceden a un negocio, no queremos que el fuego sea más un negocio en la Argentina. Por eso ponemos obstáculos al desarrollo de ese negocio».
Según Grosso, la oposición rechaza el proyecto solo por el nombre del autor. «Dejen esas mezquindades políticas de lado», afirmó.
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