El gobierno nacional ha hecho esfuerzos significativos para bajar o eliminar una veintena de impuestos, como las retenciones, los impuestos internos y el impuesto PAIS, además de la inflación. Sin embargo, nuestro país sigue siendo uno de los más gravosos del mundo. La explicación es que tal ha sido el nivel de dislate fiscal a lo largo de este siglo que aquel esfuerzo nacional es por ahora insuficiente; sumado a que, salvo contadas excepciones, gobernadores e intendentes poco o nada han hecho para bajar sus tributos y gasto público. Informes recientes confirman que nuestro país persiste en ese deshonroso último lugar fiscal.
En el informe de carga Fiscal sobre el sector formal de la Unión Industrial Argentina (UIA), se concluye que nuestro país tiene, en promedio, los impuestos más altos del mundo. En dicho reporte se realiza un análisis técnico de los ocho tributos más significativos en treinta países, incluidos los del G-20. La Argentina tiene el segundo impuesto a las ganancias más alto (luego de Colombia), el cuarto impuesto al valor agregado (después de Brasil, Italia y Uruguay), al tiempo que ocupa el primer lugar en lo referido al impuesto sobre débitos y créditos, al impuesto al patrimonio, a derechos de exportación, al impuesto de sellos, ingresos brutos y tasas municipales con base en ingresos totales.
Nuestro país está entre los más gravosos no solo por el peso de los tributos, sino por su cantidad. Mientras que la regla es que los países no superan la decena de impuestos, según el vademécum del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) la Argentina tiene 150 tributos. Respecto de 2025, los tributos nacionales pasaron de 45 a 40 por la derogación de distintos impuestos internos sancionada en la ley de modernización laboral, mientras que se mantuvieron los tributos provinciales en 28 y los municipales en 82. El Iaraf estima que el 85% de la recaudación total está concentrada en solo seis tributos, aportando un promedio de 14 puntos porcentuales cada uno; el restante 15% de la recaudación proviene de los otros 144 tributos, aportando apenas 0,1% cada uno. Obstaculizan más de lo que aportan.
Hay otra razón por la cual nuestro país es de los más gravosos: la hiperregulación. Por caso, también según el Iaraf, las pymes, solo para cuestiones tributarias, están sujetas a treinta regímenes de retención, percepción e información, lo cual implica otra carga injustificada al contribuyente, al que se le exige cumplir funciones que le son ajenas. Los “saldos a favor”, en la práctica, son un impuesto adicional, sin ley, sin establecimiento en la provincia y con demoras de entre dos y ocho años para recuperarse. Son el ejemplo más patente de hasta dónde llega la máxima voracidad fiscal mundial.
Todo lo anterior provoca una muy elevada informalidad que, según distintas estimaciones, ronda entre el 45% y el 50%. Aquel informe de UIA estima que la presión fiscal general es del 28%, pero que, si se pondera dicha informalidad, la presión fiscal en el sector formal de la economía trepa hasta el 56%, duplicando a aquella y resultando la máxima entre los 30 países. Es decir que, en la Argentina, las empresas formales trabajan más para el Estado que para sí mismas.
De lo anterior resulta que en la Argentina tenemos un régimen fiscal tan pesado como injusto, lo cual exige una reforma urgente y profunda. Es tan grave tener los tributos más altos del mundo como que medio país opere y consuma sin pagar los respectivos impuestos, por lo que dicha reforma debe apuntar a reducir tanto impuestos como informalidad.
La reforma tributaria puede hacerse por etapas, como se viene realizando hasta ahora a nivel nacional, como también en forma súbita. Este último es el camino que eligieron Irlanda, Paraguay y los países que vienen aplicando el denominado “Flat Tax”. Este es un régimen de muy pocos y muy bajos impuestos cuyo funcionamiento es inseparable de la curva de Laffer, aquella que busca el nivel óptimo de impuestos que asegura la máxima recaudación. En la Argentina lo viene promoviendo la Fundación Bases, que propone un régimen basado en un impuesto a las ganancias (15%) y un impuesto al valor agregado (13%).
Se han instalado en nuestra sociedad dos sanas verdades indiscutibles de similar rango: “no podemos vivir más con déficit” y “no podemos vivir más con el actual nivel de impuestos e informalidad”. Es imperioso compatibilizarlas. Se viene solucionando la primera; pero la solución a la segunda aún está lejos, en especial por la reticencia general de gobernadores e intendentes a reducir los impuestos nacionales coparticipables y los gastos y tributos de sus provincias. Es meritoria la batalla cultural del oficialismo que instaló la idea de que el país debe funcionar con superávit. Pero, en el mismo nivel de importancia, debe grabarse que el país funcione con impuestos e informalidad en niveles lógicos. Es preciso enfrentar la “tragedia tributaria” como se lo viene haciendo ante la “tragedia deficitaria”.
La reforma fiscal profunda deberá ser impulsada por el gobierno nacional, acompañada por los gobiernos provinciales, consenso fiscal mediante, y demandada y respaldada por la sociedad civil. Esta última a través de un sector empresario que cambie el modo supervivencia de las últimas dos décadas por el modo involucramiento y a través de una ciudadanía que haga valer la cuestión fiscal de todas las maneras posibles, especialmente con su voto en las elecciones en los tres niveles de gobierno. Todo sea para que finalmente nuestro país tenga un régimen de tributos lógicos pagados por casi todos y recordando que la política es el arte de hacer posible lo necesario.
Fuente: La Nación
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