El hallazgo fortuito de una avioneta accidentada en Avía Terai (Chaco) con 325 kilos de cocaína, a los que luego se sumaron 32 kilos hallados a 60 metros, expone uno de los agujeros más negros en materia de seguridad y control en la Argentina: el espacio aéreo. Según consta en la investigación judicial, la aeronave provenía de Bolivia y la hipótesis principal indica que planeaban arrojar los bultos a modo de “bombardeo” como frecuentemente hacen en la zona, y que la droga iba a tener como destino puertos de Rosario o de la provincia de Buenos Aires para ser embarcada a Europa, donde se multiplica por diez el valor de este estupefaciente producido en Chapare, región del trópico boliviano, que domina el movimiento cocalero liderado por Evo Morales.
Doce días después, se encontró el rastreador satelital de la avioneta en una construcción abandonada a 2 kilómetros del lugar de la caída. También fueron detenidos en el departamento boliviano de Santa Cruz el propietario y el piloto de la aeronave acusados del delito de “tráfico de sustancias controladas” a la Argentina.
En otro episodio, en el departamento salteño de Anta, se detuvo a cinco hombres a bordo de un camión con 423 kilos de cocaína que habían sido arrojados desde una avioneta cerca del límite con Santiago del Estero.
Según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción mundial de cocaína se disparó exponencialmente en los dos últimos años. Durante la pandemia, el tráfico por rutas aéreas que sirven para el traslado de la droga desde Bolivia y Perú hacia la Argentina reemplazó al terrestre, mucho más controlado como consecuencia de las restricciones sanitarias.
El itinerario del tráfico de cocaína por vía aérea se inicia en las regiones de Beni y de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y los vuelos, dependiendo del lugar de entrega, tienen una parada de reabastecimiento de combustible en Paraguay para luego llegar a territorio argentino. Más excepcionalmente, se registran también vuelos directos hacia las provincias del norte. Gran parte de este flujo aéreo no es detectado por las autoridades. Bolivia y Paraguay no poseen radares para captar vuelos ilegales, tampoco la Argentina, cuya infraestructura es decididamente obsoleta.
El operativo Escudo Norte, que se lanzó en 2011 y que incluyó un plan de vigilancia a través de radares en la frontera con Bolivia, resulta absolutamente ineficaz. Carece de la necesaria inversión y aprovisionamiento de tecnología para la vigilancia en la región. A pesar de los constantes anuncios, nunca se adquirieron los radares complementarios que son claves para monitorear vuelos a baja altura.
Cuando están por debajo de los 3000 pies, la actual infraestructura del Comando Conjunto Aeroespacial, creado en 2014, no permite detectar las aeronaves como Tránsito Aéreo Irregular (TAI). Tal el caso de la avioneta hallada en el Chaco, que, de no haberse accidentado, no habría conducido al secuestro del cargamento de cocaína.
Si los narcovuelos no cometen una imprudencia o un error, no hay forma de detectarlos y el Estado no hace más que desentenderse frente a esta gravísima problemática.
La casual e inesperada detención de Jorge Adalid Granier Ruiz, un narco boliviano, catalogado como empresario, que era clave para el aprovisionamiento de cocaína en el centro del país, constituye otro ejemplo. No pudo superar un control de rutina por no tener licencia de conducir. La Justicia Federal argentina pidió su extradición, acusado de ser el principal transportista de cocaína por vía aérea desde su país a nuestro territorio. Lo apodaban “El señor de los cielos”, como se solía llamar al narco mexicano Amado Carrillo Fuentes.
En enero de 2016, el entonces presidente Mauricio Macri aprobó por decreto los derribos. Lo hizo como parte de la declaración de la emergencia en seguridad en todo el territorio nacional por el término de un año. Esa norma derivó en una fuerte polémica y se aplicó una sola vez en el caso de una aeronave en Corrientes. No hubo derribo, pero un caza de la Fuerza Aérea acompañó en el aire a la avioneta hasta la frontera con Paraguay.
La falta de inversión del Estado argentino en esta materia estratégica para el control del narcotráfico es alarmante. En ciudades como Rosario, la tasa de homicidios supera los 20 crímenes cada 100.000 habitantes.
Triste y peligrosamente, hemos llegado en nuestro país a naturalizar que el narcotráfico opere creando Estados paralelos, imponiendo sus reglas, sorteando todo tipo de obstáculos, enriqueciendo a mercaderes de la muerte y a sectores políticos y judiciales que hacen la vista gorda. Estamos comprometiendo dramáticamente el presente y el futuro de varias generaciones. Debemos exigir a los candidatos que expliciten sus programas al respecto. No hay más tiempo que perder.
Fuente: La Nación
Sea el primero en comentar en "Narcovuelos sin control"