Monstruoso avance estatal, esta vez sobre el deporte

La sociedad se ha acostumbrado a los proyectos disparatados que suelen aprobarse en el Congreso Nacional. Se suma el daño que hacen diputados y senadores con cuestionables apoyos, dudosos repudios, efemérides, homenajes, declaraciones de localidades como capital o sede de la fiesta de algo, el consumo de recursos burocráticos y tiempo que sustraen a lo que deben hacer, que es legislar para el bien común. Otras veces, desdichadamente, sí deciden legislar y lo hacen de un modo no menos descabellado. Demuestran con mucha frecuencia que no solo no se han detenido a analizar de dónde saldrán los recursos para llevar a la práctica sus ideas, sino que ni siquiera han pensado si la Constitución les otorga facultades para eso.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de varios legisladores del Frente de Todos denominado “de igualdad y paridad de género en el deporte”. Se propone “garantizar la igualdad, participación, inclusión, acceso y representación de las mujeres y diversidades en todos los ámbitos y a todos los niveles de la comunidad deportiva”. Para eso no deja atribución estatal sin crear, pues encarga al Gobierno cosas tan megalómanas como “establecer relaciones armoniosas” entre los distintos tipos de actividades deportivas, para lo cual crea una “estructura de administración, coordinación y apoyo” del deporte.

Además de extensas disquisiciones teóricas sobre valores y derechos, inútiles en una ley, y de la infaltable orden de adoptar en todas partes la perspectiva de género y “políticas activas” para reparar injusticias históricas, el proyecto revela la indisimulada voluntad de integrar a cualquier asociación civil (así están organizados los clubes deportivos) a un “sistema” obviamente regulado y fiscalizado por el Gobierno. El Estado nacional no es un “superior” de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Podría decirse que es al revés: las provincias conservan las atribuciones que no hayan delegado expresamente en el orden federal. Como el proyecto avanza en infinidad de atribuciones que son locales, si fuera sancionado cualquier juez debería declararlo inconstitucional.

El proyecto abunda en una exasperante enumeración de atribuciones relacionadas con los valores que deben perseguir las instituciones deportivas para tener el apoyo económico que, previsiblemente, dará lugar a que el Gobierno maneje discrecionalmente más fondos extraídos por la fuerza a los contribuyentes para hacer política a través de instituciones privadas, como ha hecho con la ayuda social.

La iniciativa vulnera de tal manera el derecho de asociarse con fines útiles, reconocido en la Constitución, que no solo establece que los premios deportivos deben ser iguales para los competidores de un género u otro, sino que llega hasta a disponer plazos para que los clubes integren sus comisiones directivas con determinado porcentaje de mujeres y también de personas de entre 18 y 29 años. A los legisladores se les ha ocurrido que siempre la juventud conviene para dirigir clubes y pretenden imponer semejante idea, más allá de cualquier evidencia empírica.

Si, convertido el proyecto en ley, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación se propusiera ejecutar la impresionante cantidad de acciones que la norma le encomienda, debería convertirse en un monstruo burocrático de dimensiones aún más grandes que las que tiene y que ya cuesta justificar.

Pero lo más serio es presumir que toda decisión en materia de afinidad, como asociarse u organizar un torneo, tiene como origen un caso de discriminación arbitraria o es producto de equivocaciones históricas que un oficinista debe reparar usando la coerción que le da su autoridad o seduciendo con la asignación de fondos públicos. Semejante idea, imaginable en un régimen dictatorial –”todo dentro del Estado, nada fuera del Estado” es una recordada frase de Benito Mussolini–, siempre viene de la mano de la vocación autoritaria por instaurar valores y consagrar derechos, algunos loables, pero otros bien discutibles, que pueden responder al gusto de un legislador, pero que no se pueden imponer a los ciudadanos en un ámbito reservado al ejercicio de las libertades individuales, como la práctica deportiva. Si los individuos no pueden organizar un club o una escuela de deportes con quienes tengan ganas, dirigidos por quienes los asociados decidan, para practicar el juego que prefieran y establecer los premios que consideren pertinentes, nada queda de la libertad.

La Constitución no es valiosa principalmente por las competencias que atribuye a los poderes públicos, sino porque los limita, les prohíbe hacer todo lo que no les ha encomendado explícitamente. Protege a las minorías porque, de lo contrario, el que triunfe en una elección gobernaría haciendo lo que le viniera en ganas. Es paradójico que en estos tiempos de saludable preocupación por las minorías se descuide a la más pequeña, que es el individuo, hasta el extremo de impedirle que se organice como más le plazca para practicar actividades deportivas.

Hay una grieta aún más profunda que la que divide a las ocasionales preferencias partidarias. Ocurre cuando los dirigentes se concentran en iniciativas como la que comentamos, en lugar de ocuparse de la angustiante agenda real de los ciudadanos.

Fuente: La Nación