La Corte y un claro freno a la impunida

La tan acertada como esperable decisión unánime de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de cesar en sus funciones como jueza de la Cámara Federal de Casación Penal a Ana María Figueroa trasciende el propio fallo. No solo representa un ajustado acto de justicia para quien pretendía vulnerar la Constitución nacional forzando su permanencia en el cargo, sino que también conlleva un mensaje mucho más amplio: respetar la ley no es una opción, es un deber que alcanza a todos los ciudadanos por igual.

Queda claro que ese mensaje es el que tanto molesta hoy al Gobierno, principal sostén de la ahora magistrada jubilada. Perturba especialmente al kirchnerismo, que tenía puestas en Figueroa muchas de sus esperanzas de conseguir impunidad para la vicepresidenta Cristina Kirchner. Entre los principales amanuenses de la titular del Senado, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, fue ayer el más ofuscado con el fallo de la Corte. Dijo que es “algo gravísimo” y que “asistimos a una nueva ruptura del Estado de Derecho y el diseño constitucional de la Argentina”. Tal vez deba entenderse esa crispación en el propio término usado por Mena: la Constitución nacional no se adapta al “diseño” al que aspira su facción política, el de hacer la vista gorda frente a los actos de corrupción en el poder.

Constituye un hecho de la realidad y no una suposición que Figueroa fallaba en línea con las aspiraciones de Cristina Kirchner. No solo votó en favor de declarar inconstitucional la ley del arrepentido en la causa conocida como de los cuadernos de las coimas, luego de confesiones de funcionarios y empresarios de haber recibido y pagado sobornos, sino que además dio su aval al apartamiento del fallecido juez Claudio Bonadio en otra causa en la que era investigada la vicepresidenta. También había denunciado Figueroa presiones del macrismo que nunca pudo probar.

La doctora Figueroa debería reintegrar el salario cobrado mientras se mantuvo atrincherada en su despacho, sin trabajar

Entre las cuestiones en que el kirchnerismo esperaba salir beneficiado con un fallo acorde con sus intereses por parte de Figueroa figuraban los pedidos de reapertura de las causas Hotesur y Los Sauces, en las que Cristina Kirchner está acusada de lavado de dinero junto con sus hijos, y del memorándum con Irán. En ellas fue sobreseída sin llegar a juicio oral. Los votos de Figueroa, muy probablemente favorables, ya no forman parte de esos expedientes porque dejó de ser jueza antes de la sentencia.

Claramente, completar su vacante en la Cámara Federal de Casación Penal es visto por el Gobierno como una amenaza. Ese tribunal es clave, pues confirma o revoca las condenas y absoluciones por corrupción de la dirigencia política en la función pública, de todas las causas penales del país, de las pasadas y de las por venir.

La deleznable actitud de seguir siendo jueza más allá de los 75 años, edad jubilatoria tope, sin acuerdo del Senado para extenderla, atrincherándose en su despacho y continuando con el cobro de la totalidad de su sueldo, según detallaron investigaciones periodísticas –unos 3,7 millones de pesos netos mensuales–, soliviantó a sus compañeros de ruta que pasaron del asombro a la acción, provocando una reunión urgente, aunque, a decir verdad, un poco tardía. Figueroa, por cierto, debería reintegrar lo cobrado durante todo el tiempo que no ejerció como jueza.

No hay posibilidades de que normas legales o reglamentarias –mucho menos interpretaciones políticas– puedan desvirtuar esa decisión de la Corte al referirse a la aplicabilidad concreta del principio establecido en nuestra ley fundamental.

Como consecuencia del fracaso del oficialismo del Senado por otorgarle un acuerdo de continuidad, sus sesiones se vieron paralizadas y hasta se conocieron intentos de supeditar la aprobación del “salvavidas” para Figueroa al tratamiento de otros temas tan cercanos y vitales para muchísima gente, como la ley de alquileres. Un escándalo tras otro con el único fin de salvar el pellejo de quienes deben dar explicaciones ante la Justicia por las graves denuncias de las que son depositarios.

El fallo de la Corte representa un claro freno a la impunidad, un ordenador de la ley y un severo llamado de atención a quienes descreen de la división de poderes. Se han puesto las cosas en su debido lugar. Todos debemos cumplir con la letra de la Constitución.

Fuente: La Nación