Fuerzas Armadas, crisis salarial y venta de inmuebl

Días atrás, una información aparentemente menor llamó la atención: una unidad del Ejército convocó a una licitación para canjear una tonelada de membrillos por los repuestos necesarios para una camioneta adquirida en 2010. No es un hecho aislado, sino una metodología que utilizan algunas unidades de las Fuerzas Armadas para “sobrevivir”.

Esto se da en un momento crítico para la situación económica del sector militar. Algunos indicadores son la paulatina suspensión del almuerzo en unidades de las Fuerzas Armadas y el mantenimiento de salarios más elevados en las fuerzas de seguridad que en el ámbito militar (la diferencia ronda el 30%). En este último, son cada vez más los integrantes de las Fuerzas Armadas que deben recurrir a un segundo o a un tercer trabajo para llegar a fin de mes.

Con el fin de aliviar la crisis salarial -un alto porcentaje de los militares en actividad tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza-, el Ministerio de Defensa anunció que, desde el 1° de julio, se abonará un plus por formación académica, de modo que el personal militar reciba un 10% de suplemento salarial por tener una tecnicatura, un 15% por título de grado y un 25% por posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados. El suplemento será extensivo a militares retirados y a sus familiares con derecho a pensión.

Las dificultades en el sector se han agravado en los últimos meses por la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas (IOFA), que ha suspendido servicios o los mantiene en forma limitada, sobre todo en el interior del país.

La pérdida de personal se intensifica en las Fuerzas Armadas, al tiempo que las fuerzas de seguridad federales están tendiendo a reclutar personal militar. Un soldado cobra aproximadamente 700 mil pesos mensuales y un cabo, unos 800 mil. Los oficiales subalternos que se reciben después de cuatro años de estudios en el Colegio Militar con título universitario solo perciben algo más de un millón de pesos y se ha suspendido un plan de equiparación salarial entre las Fuerzas Armadas y las de seguridad federales que estaba en ejecución.

En paralelo, se están vendiendo grandes terrenos e instalaciones por valores millonarios en dólares. Esto tiene lugar en el marco de un organismo público, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que tiene a su cargo la venta de bienes de todos los ámbitos del Estado.

Un ejemplo: a muy pocas cuadras del Hospital Militar se vendió un gran estacionamiento en el que habían derivado las caballerizas que funcionaban en el barrio de Las Cañitas. Esta operación se habría hecho por 30 millones de dólares. Al lado del Campo Hípico Militar, donde se ubican las canchas de polo más importantes del país, funcionaba la sastrería militar, que también fue vendida y donde se están terminando de construir torres de departamentos que ya se comercializan en el mercado inmobiliario a elevados precios.

En la mira se encuentran inclusive bienes de las fuerzas de seguridad nacionales. Tal es el caso de un terreno que tiene la Policía Montada en pleno barrio de Palermo. Son siete hectáreas en las cuales la cotización del metro cuadrado es exorbitante.

Teóricamente, el producido de estas ventas financiaría el reequipamiento militar en épocas de fuerte ajuste presupuestario. En la realidad, sólo una parte minoritaria del producido de estas ventas tiene como destino las Fuerzas Armadas: en el ámbito militar se sostiene que lo que llega de estas operaciones al final es apenas el 10%.

Se habrían vendido edificios y campos por algo más de 300 millones de dólares, la mayor parte de los cuales se encuentran en el Tesoro Nacional y no han llegado a las Fuerzas Armadas.

Además, las compras de equipos no se estarían efectuando con los estudios y la previsión correspondiente. Fue así como hubo que dar de baja los seis aviones Super Étendard adquiridos en 2017 luego de que Francia declarara su obsolescencia. Los aviones llegaron al país en 2019 y nunca volaron por falta de certificaciones y piezas. Se trata de un tema que demanda una investigación parlamentaria por parte de las Comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación.

Fuente: La Nación