El costo de cerrar la puerta a la ciudadanía

Las democracias sólidas no se construyen únicamente en las urnas, votando cada dos años. Se sostienen también y muy especialmente en la posibilidad de que los ciudadanos controlen a quienes gobiernan, hagan oír su voz antes de que las decisiones sean irreversibles y participen activamente de la vida pública. Por eso resulta reprochable la decisión del gobierno nacional de derogar los decretos que habilitaban instancias de participación ciudadana previa a la designación de jueces, fiscales, defensores y ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se trata de un retroceso institucional que debilita un derecho esencial y empobrece la calidad republicana. Participar es un derecho, no una concesión del gobernante.

El decreto 467/2026 del gobierno de Javier Milei eliminó el plazo de 15 días durante el cual ciudadanos, universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil podían formular observaciones o impugnaciones sobre los candidatos antes de que el Poder Ejecutivo adoptara su decisión definitiva elevando los pliegos al Senado de la Nación. También dejó sin efecto la posibilidad de que el Ministerio de Justicia solicitara opiniones especializadas. El Gobierno sostiene, equivocadamente, que la participación subsiste cuando los pliegos llegan a la Cámara alta. Sin embargo, allí el postulante ya cuenta con el respaldo político del Poder Ejecutivo. La instancia previa permitía aportar información relevante, advertir incompatibilidades o señalar antecedentes controvertidos antes de que la decisión quedara políticamente consolidada.

Paralelamente, se derogaron artículos que establecían criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional para ocupar esos cargos.

La participación ciudadana no reemplaza a las autoridades elegidas por el voto. Su función es mejorar la calidad de las decisiones públicas mediante el escrutinio social y el control del poder. La Argentina cuenta con diversos mecanismos para hacerlo: la iniciativa popular, la consulta popular, las audiencias públicas, el acceso a la información pública, la elaboración participativa de normas y, en numerosos municipios, los presupuestos participativos, las consultas vecinales y los consejos asesores. Ninguno sustituye a la democracia representativa; la fortalece.

La transparencia, la lucha contra la corrupción y la protección de derechos son, en gran medida, el resultado de ciudadanos y organizaciones que investigan, denuncian y exigen respuestas cuando el Estado las demora o, en el peor de los casos, las retacea.

En ese sentido, resultan oportunas las palabras de Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano: “La participación ciudadana no es un complemento de la democracia: es parte constitutiva de ella. Y, en democracia, a nadie hay que pedirle permiso para ejercerla”.

La transparencia y la rendición de cuentas no consiste solo en publicar información cuando las decisiones ya fueron adoptadas. También exige abrir canales para que la sociedad pueda intervenir en esos procesos. Sin embargo, con frecuencia los gobiernos, invocando falazmente la eficiencia administrativa o la simplificación de procedimientos, reducen los mecanismos de control ciudadano. La historia demuestra que cambian las administraciones, pero persiste esa nefasta tentación de limitar el escrutinio público cuando resulta incómodo.

Nuestro país necesita más ciudadanos involucrados, más instituciones abiertas, más deliberación pública y mayores controles sobre quienes ejercen el poder. Reducir esos espacios no constituye un avance institucional. Muy por el contrario, se pierden oportunidades únicas para construir una democracia más transparente, responsable y sólida.

Cerrar la puerta a la ciudadanía genera un costo que no se mide económicamente, sino en pérdida de calidad de las instituciones, de derechos y de libertades.

Fuente: La Nación