El canje de una deuda explosiva

El canje de una parte significativa de la deuda pública nominada en pesos ha sido un paso inevitable frente a la imposibilidad de atender los vencimientos inmediatos.

La suma de letras emitidas por el Banco Central y de títulos colocados por el Tesoro ha venido creciendo a un ritmo casi exponencial. Su magnitud ha impactado sensiblemente sobre el riesgo país a pesar del intento de relativizar el problema por parte del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, en un reciente artículo publicado por LA NACION. Un pasivo del 10% del PBI puede no incomodar a un gobierno solvente, pero no es el caso argentino.

En su campaña por la presidencia de la Nación, Alberto Fernández prometió destinar el stock de Leliq a aumentar las jubilaciones. Sucedió lo opuesto. En términos reales ha caído el ingreso mensual de los jubilados, mientras le emisión de esas letras por el Banco Central se ha multiplicado.

Lo ha hecho junto a otros títulos emitidos en pesos por el Tesoro, todos ellos consecuencia del déficit fiscal y cuasifiscal. Han sido los bancos, compañías de seguros y algunos organismos estatales los adquirentes de esos títulos, a los que se les han dado atractivos crecientes.

Este último canje entrega ya sea el Boncer ajustable por inflación (CER), o el bono Dual, que se ajusta por inflación o por la cotización del dólar oficial, el que sea mayor. En el idioma de la calle se diría “el sueño del pibe”. Si es solo por inflación, paga un interés. Además, se ha negociado con los bancos la liquidez de estos títulos –un derecho de put u obligación de comprarle a quien ejerce ese derecho– para acompañar alguna eventual caída imprevista de los depósitos. Pese a que el viceministro lo niega, esto parece ser una ventaja adicional en relación con tener que solicitar un redescuento.

El canje contó con el 64% de adhesión, postergando vencimientos por 4,3 billones de pesos para 2024 y 2025.

La reacción de los bancos ha sido obviamente positiva. Así lo manifestó el presidente de Adeba, la entidad que agrupa a los bancos de capitales nacionales. El canje convalida el ventajoso proceso de captación de depósitos y su colocación en títulos públicos que permiten una ganancia con mínimo riesgo. No se han recogido opiniones, que serían menos favorables, de los sectores productivos o de quienes aspiran a comprar una vivienda. El sector privado ha perdido gradualmente participación en el crédito en favor del Gobierno. En enero de 2020, el Gobierno absorbía el 28% del crédito. En enero de 2023, la proporción llegaba al 55%, con tendencia a continuar subiendo.

El desplazamiento del sector productivo es, sin duda, una de las causas de la caída de la actividad económica observada desde el último trimestre de 2022. Quien debe decidir invertir o aumentar la producción ya se ve desalentado por la inflación, el cepo cambiario, la restricción de importaciones, la agobiante presión impositiva, la inseguridad y la amenaza a la Justicia. Poco aliento le queda si, además, debe competir con el Estado para obtener crédito en condiciones que solo un gobierno desesperado puede ofrecer.

Se ha llegado a un escenario económico que cualquier analista externo consideraría la antesala de una hiperinflación. Contribuye a que esto no suceda el convencimiento mayoritario de que las elecciones traerán un cambio y de que serán elegidos quienes tienen un libreto apropiado y la lección aprendida. Eso está evitando una huida acelerada del dinero, que sería el factor detonante de una hiperinflación.

Refiriéndose este canje a una deuda en pesos, parecería remota la posibilidad de incobrabilidad por ser el deudor quien tiene la atribución de emitir pesos. Sin embargo, la magnitud que ha alcanzado esa deuda asegura que por un tiempo el pasivo seguirá creciendo, aunque se tomen las medidas apropiadas. Quien asuma el gobierno a partir del próximo 10 de diciembre se encontrará no solo con esa enorme deuda, sino también con una situación fiscal gravísima, un dólar oficial retrasado y reservas inexistentes, cepos de todo tipo, planes sociales considerados un derecho, tarifas de servicios públicos subsidiadas y un altísimo nivel de pobreza.

Hay solución, pero también mucho sacrificio por delante para poder resolver la situación a la que ha llegado nuestro país, agravada al extremo por el actual gobierno.

Fuente: La Nación