Complicidad del Gobierno con la violencia mapuche

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En un nuevo hecho escandaloso, por su nivel de violencia y por la ausencia del Estado en la defensa de la seguridad personal y de la propiedad, tanto pública como privada, un grupo de encapuchados pertenecientes, presuntamente, a una agrupación mapuche incendió una casilla móvil que la Gendarmería Nacional había instalado en Villa Mascardi para custodiar precisamente un predio que había sido vandalizado el 1º de agosto último por grupos facciosos de similar procedencia. Con disparos de armas de fuego, piedras y palos, los agresores sorprendieron a los uniformados que estaban en el puesto, quienes se vieron forzados a retirarse para no resultar heridos o muertos.

El nivel de omisión del Estado en hechos vergonzosos como los registrados en la provincia de Río Negro es tal que recuerda la época de los malones. No solamente se siguen usurpando propiedades privadas, sino que ahora el ataque va directamente contra uniformados de la propia Gendarmería, es decir, contra las fuerzas de seguridad de la Nación. Es notorio que el responsable del área en el orden nacional, el incompetente ministro Aníbal Fernández, ha decidido abandonarlas a su suerte allanando el camino a los violentos. En ese punto es imaginable el temor de los escasos efectivos de las fuerzas de seguridad que el Gobierno decidió enviar allí ante los reiterados reclamos de la gobernadora Arabela Carreras. ¿Cómo pretender que los uniformados apliquen las leyes si nadie saldrá en su apoyo y salvaguarda? El mundo del revés. Hoy, en Río Negro, una banda de delincuentes tiene más poder que la Gendarmería. Estamos entonces ante un caso de sedición. ¿No se ha pasado de una actividad preinsurreccional a una acción de guerrilla rural apoyada por exdirigentes de Montoneros como Roberto Perdía, al frente de la mutual de abogados, y Fernando Vaca Narvaja, como bien sostuvo anteayer el propio auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto?

Las carteras de seguridad organizaron una nueva reunión –otra más– para crear un comando unificado de fuerzas en Villa Mascardi. Ese es parte del drama nacional: reuniones y anuncios ampulosos que rara vez se llevan a la práctica o que demoran tanto en atacar el problema que el daño es ya inconmensurable.

Desde fines de 2017, esa zona es escenario de constantes sabotajes, incendios, robos y destrucción de propiedades de todo tipo. Los vecinos, abandonados a su suerte, viven aterrados e, incluso, a sabiendas de que las propias autoridades amparan y asisten a los delincuentes, como es el caso de la Administración de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Por temor o connivencia, la Justicia tampoco colabora en tiempo y forma: las usurpaciones e incendios siguen impunes después de años de traslados y enredos jurisdiccionales.

La propia Mesa de Consenso Bariloche –una agrupación conformada por vecinos, dirigentes y empresarios, en contra del avance de la violencia en el sur del país– aseguró que el incendio de la casilla de la Gendarmería “es un hecho gravísimo” y que “no es un ataque a un particular, sino a las fuerzas nacionales, una demostración de que no hay límites en su accionar delictivo”.

El Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina emitió un comunicado en el que condena el agravamiento de la situación de inseguridad que se vive en Villa Mascardi (Parque Nacional Nahuel Huapi) y que ve con preocupación la inacción de la Justicia y de las autoridades políticas para detener y procesar a los delincuentes. Es imposible hacer una descripción más precisa y al mismo tiempo lamentable: estamos frente a un caso de anomia del Estado. Frente al grado de violencia inusitada y sin control en Villa Mascardi, el silencio cómplice de las autoridades resulta brutal, humillante. Es una expresión más del desamparo en que se encuentra la sociedad. Todas las fuerzas políticas deberían comprometerse a solucionar este gravísimo problema, de modo de asegurar a la sociedad que esta anomia no se extenderá más en el tiempo. Pero, sin dudas, la mayor responsabilidad es siempre de quienes gobiernan, de aquellos en quienes la ciudadanía ha delegado su representación.

Es necesario generar una expectativa de legalidad a la población antes de que la situación se agrave y tengamos que lamentar más daños, incluso vidas.

Se trata de hacer cumplir nuestras leyes y de que nuestras autoridades no se escurran en un mar de respuestas ilógicas e inconducentes o que directamente desaparezcan de escena. La defección del Estado nos llevará irremediablemente a una Argentina sin destino.

Fuente: La Nación