Un interrogante sin respuesta es saber qué programa propone La Cámpora como alternativa a la actual gestión de Alberto Fernández. Parece una pregunta absurda, ya que esa agrupación está en el gobierno a través de los organismos del Estado que manejan las principales cajas, sin olvidar que su jefa real, Cristina Kirchner, es la que define quién, cómo, cuándo y dónde. Pero es una pregunta inevitable, atenta la magnitud de la crisis que enfrenta el país.
Durante una reciente entrevista televisiva, el secretario general de esa organización, Andrés “Cuervo” Larroque, ratificó que la vicepresidenta “se está haciendo cargo de la situación” para “buscar una salida a esta realidad compleja”. Como si Cristina Kirchner y sus acólitos no fuesen en un todo responsables del aumento del gasto público, el incremento del déficit fiscal y la explosiva emisión monetaria que hacen compleja la realidad. Los pobres e indigentes no usarían ese eufemismo para describir la penuria de su mesa.
Ninguno de los habituales voceros de La Cámpora suele explicitar planes ni definir proyectos ni elaborar ideas para educar, curar y alimentar. Prefieren desplegar una militancia hueca, entonando consignas setentistas (como evoca su nombre) y practicando actividades físicas, como recorrer territorios, caminar barrios, “patear” calles y brincar en paravalanchas. Sin embargo, detrás de ese mutismo incomprensible, existe una estrategia: esconden un plan.
Larroque dio algunas pistas del proyecto que rumian entre cónclaves y movilizaciones. Sostuvo que Alberto Fernández perdió la oportunidad de utilizar la fuerza que le dieron las urnas, generando “debilidad política para enfrentar al poder económico”. Y remató, evocando la célebre lapicera presidencial: “El poder hay que ejercerlo”.
El 25 de mayo de 1973 el epónimo Héctor J. Cámpora, en su mensaje inaugural al Congreso Nacional, prometió la liberación del capitalismo decadente “eliminando la acción de los monopolios internacionales y de los personeros del imperialismo” mediante un extenso menú de leyes para estatizar y regular casi toda la economía. Fue su intento de enfrentar al “poder económico” de entonces combinando recetas de Nikolai Bujarin con otras de José Antonio Primo de Rivera, más a tono con las preferencias del general exilado. Pero en los últimos 50 años ha corrido mucha agua bajo el puente y el poder económico ya no es el mismo. No lo tienen las multinacionales, que hace tiempo no invierten en el país, y varias han abandonado la Argentina. Tampoco existen “personeros” de un capital extranjero que dejó de ser relevante en las grandes industrias, en los servicios públicos o en las finanzas, como antaño.
Cuando Larroque menciona el “poder económico” se refiere a las actividades que su camarilla no ha podido someter por “debilidad política” del Presidente, como el campo, la agroindustria, el comercio físico y electrónico, las plataformas digitales, los operadores financieros y las empresas familiares que sobreviven en el mercado, a pesar de los embates del Estado. La prensa independiente está en la primera línea de la tirria camporista, junto con la Justicia, al impedir su intento de ir por todo.
Desde 2003, el kirchnerismo viene modificando la estructura del “poder económico” en la Argentina, cooptando en forma directa o indirecta casi toda gran organización con mucho empleo y más dinero. Comenzó con la estatización de las privatizadas en los años 90 (Correo Argentino, Trenes Metropolitanos, Trenes de Buenos Aires, Belgrano Cargas, Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas, YPF, Metrogas, Fadea, Tandanor, Corredores Viales, Autopistas de Acceso a Buenos Aires, entre otras), además de la creación de Enarsa (hoy Ieasa), Arsat SA y Radio y Televisión Argentina SE, por citar algunas. Una vez en la órbita pública, todas construyeron a su alrededor anillos de contratistas y proveedores sometidos –cuando no “entongados”– con quienes les dan de comer. Como los gobernadores que entregan su voto en el Senado, a cambio de coparticipación privilegiada para reforzar su poder en las provincias donde mandan.
También la Anses recibió acciones de decenas de compañías con cotización bursátil por la estatización de las AFJP, dándole derecho para meter su nariz e influir en sus decisiones. Varias empresas de energía fueron transferidas a amigos o correligionarios, como Transener (Citelec, 50% de Pampa Energia) y Edenor (Manzano y Vila). El nuevo poder económico también lo integran los imperios de Cristóbal López, Gerardo Ferreyra, Lázaro Báez y otros contratistas del Estado gracias al apoyo oficial, por llamarlo de alguna manera. De igual forma, los Kirchner “sugirieron” socios nacionales a Repsol (Esquenazi) y a Gas Natural (grupo Chemo), con suerte diversa. En ese universo consecuente y disciplinado no puede omitirse a Hugo Moyano, Víctor Santa María, Omar “Caballo” Suárez, Juan Pablo “Pata” Medina y otros sindicalistas que controlan recursos blancos y negros, siempre dispuestos a movilizarse en favor de quienes no los auditan y en contra de sus representados.
Cuando el intervencionismo es regla, la cantidad de empresas sometidas a los designios de la política es enorme. Nadie que requiera dólares para importar o que opere en un mercado protegido o sujeto a controles de precios o tarifas, dejará de aplaudir –por lo menos en público– al Gobierno. Lo mismo harán las radicadas en Tierra del Fuego, las que ofertan en licitaciones, las que tienen concesiones o permisos revocables o cuya subsistencia depende de regulaciones de fácil alteración.
En tiempos de Héctor Cámpora, el socialismo nacional estaba inspirado en el modelo cubano, reciclado en la Argentina por John William Cooke, Juan José Fernández Arregui, Rodolfo Ortega Peña y tantos otros. El mundo ha cambiado y desde que el capitalismo autoritario demostró éxito en China, Vietnam, Malasia y Singapur, con eficiencia y sin Estado de Derecho, el kirchnerismo se enamoró del modelo, aunque por razones distintas. Las escalas en Seychelles no son una de ellas, para quienes piensan bien.
La Cámpora no dice cómo bajar la inflación, recuperar la moneda, alentar la inversión o sumar empleo privado, porque su estrategia no tiene por objetivo el bien común, sino preservar a su lideresa del rigor de Temis, la diosa de la Justicia. Su propósito carece de ideología o de principios, es una militancia práctica. Su objetivo es manejar las cajas del sector público, subordinar a los agentes económicos, acallar a la prensa, someter a la Justicia y, en definitiva, acabar con el Estado de Derecho, como lo hicieron Xi Jinping y Vladimir Putin. Hasta que no lo logren, el asedio al mercado será su política de Estado.
Fuente: La Nación
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