El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputó en las últimas horas a Artur Mas, actual presidente y líder del frente separatista que ganó las elecciones del domingo, y extendió la medida a la ex vicepresidenta Joana Ortega y a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por desobediencia al convocar la consulta soberanista del 9-N.
Según publicaron medios españoles, Mas declarará el próximo 15 de octubre como imputado por el presunto delito de desobediencia, junto con Ortega y Rigau, por el mismo motivo.
En una breve resolución, el magistrado Joan Manel Abril decidió citar a los tres cargos de la Generalitat y a cinco testigos que había solicitado la Fiscalía y que también participaron en la preparación de la consulta del 9-N.
Frente a esta situación, el gobierno regional catalán calificó hoy a esa imputación como «juicio político».
«Estamos ante un juicio político», afirmó el vocero Neus Munté, quien denunció la «enorme anomalía democrática de la fiscalía general del estado y el gobierno español para querellarse contra una persona y un presidente escogido democráticamente (.) por haber puesto las urnas y escuchar la voz del pueblo».
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