El Tribunal Oral Federal N°2, que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, dispuso el embargo preventivo de bienes de la expresidenta y de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner con el objetivo de preservar el patrimonio sobre el que podría ejecutarse el decomiso ordenado en el expediente. La medida alcanza el departamento de San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, propiedades en Puerto Madero, inmuebles y hoteles en Santa Cruz, además de bienes pertenecientes a otros condenados.
La resolución lleva las firmas de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del tribunal, y responde a un pedido presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Los magistrados consideraron necesario adoptar medidas para impedir que los bienes identificados dejen de estar disponibles mientras continúa el procedimiento destinado a hacer efectivo el decomiso establecido en la condena por Vialidad.
El tribunal sostuvo que “corresponde adoptar los resguardos necesarios para preservar los bienes individualizados y asegurar que la jurisdicción conserve aptitud real” para concretar esa decisión. El decomiso ya había sido dispuesto por el Tribunal Oral Federal N°2 y posteriormente convalidado por la Cámara Federal de Casación Penal, aunque Cristina Kirchner cuestionó esa parte de la resolución ante la Corte Suprema de Justicia.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite
Además de la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la sentencia contra Cristina Kirchner estableció un decomiso por aproximadamente $685.000 millones, monto por el que deben responder solidariamente las personas condenadas en el expediente. La cifra corresponde al perjuicio económico atribuido al Estado por las maniobras investigadas en la causa.
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Una vez confirmada la condena, el tribunal intimó a los condenados a depositar $684.990.350.139,86 para responder por el decomiso. Ante la falta de cumplimiento, el TOF 2 encomendó a los fiscales la identificación de activos que pudieran ser utilizados para recuperar ese monto mediante su eventual ejecución y posterior remate.
Tras ese proceso, atravesado por distintas objeciones presentadas por los condenados y sus defensas, fueron identificados 111 bienes para ser tasados y eventualmente rematados. A ese conjunto se sumaron otras propiedades detectadas por la fiscalía que todavía se encuentran bajo análisis del tribunal o respecto de las cuales se solicitaron mayores precisiones registrales. Parte de esos activos son los alcanzados ahora por los embargos preventivos.
“Existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que impuso una consecuencia patrimonial concreta, actualmente exigible y todavía insatisfecha. La existencia del decomiso, su extensión económica y la obligación de avanzar en su ejecución constituyen extremos definitivamente establecidos”, argumentó el tribunal.
Los jueces agregaron que la medida cautelar no busca garantizar una eventual condena futura, sino asegurar el cumplimiento de una decisión ya adoptada. “La pretensión cautelar no se apoya, entonces, en la eventual imposición futura de una condena patrimonial, sino que se dirige a garantizar la ejecución de una decisión ya adoptada”, señalaron.
San José 1111, Puerto Madero y propiedades en Santa Cruz
Entre los bienes alcanzados aparecen propiedades vinculadas a Hotesur SA y Los Sauces SA, sociedades cuyos titulares son Máximo y Florencia Kirchner. El tribunal explicó que cuenta con la información registral necesaria para avanzar cautelarmente sobre esos activos mientras se resuelve definitivamente si quedan comprendidos dentro del decomiso solicitado por los fiscales.
Uno de los inmuebles embargados es el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner cumple actualmente su prisión domiciliaria. También quedaron alcanzadas propiedades del Complejo Madero Center en Puerto Madero, entre ellas un dúplex con cinco cocheras y otro departamento acompañado por dos cocheras y una baulera.
El listado incluye además numerosos bienes ubicados en Santa Cruz, con propiedades en El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén. Entre ellas aparece el Hotel La Aldea del Chaltén, emplazado sobre un terreno de casi 2.000 metros cuadrados, junto con inmuebles localizados sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner, en El Calafate, y diferentes terrenos y propiedades de la familia en Río Gallegos y el departamento Lago Argentino.
El Tribunal Oral Federal N° 2 explicó que avanzará cautelarmente sobre los bienes pertenecientes a Hotesur y Los Sauces hasta determinar su situación definitiva frente al pedido de decomiso. La decisión busca evitar modificaciones patrimoniales mientras se desarrolla el proceso destinado a hacer efectiva la obligación económica derivada de la condena.
La resolución no se limita al patrimonio relacionado con la familia Kirchner. También fue dispuesto el embargo de un inmueble perteneciente a Kank y Costilla SA y de dos propiedades de Loscalzo y Del Curto SRL, compañías que fueron adquiridas por Lázaro Báez y que quedaron vinculadas al entramado empresarial investigado durante el juicio.
Esas firmas, junto con Austral Construcciones, estuvieron comprendidas en la investigación por el direccionamiento de licitaciones de obras viales nacionales en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, eje central de la causa que derivó en las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal N°2.
También fue alcanzada por el embargo otra propiedad situada en Santa Cruz vinculada a Lázaro Báez, que formalmente se encuentra sometida a un trámite sucesorio pero que, según la información incorporada al expediente, había sido adquirida por el empresario en 2005.
Con la nueva resolución, el tribunal busca preservar los bienes identificados mientras avanza la ejecución del decomiso establecido en la sentencia. El proceso patrimonial constituye así una de las principales derivaciones todavía pendientes de la causa Vialidad, después de que quedaran determinadas las responsabilidades penales y el monto que los condenados deberán afrontar de manera solidaria.
Fuente: Perfil.com

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