Maduro se endurece para frenar la «Toma de Caracas»

CARACAS.- «Está en marcha plan de golpe de Estado fascista, dirigido desde Estados Unidos, para plagar a Venezuela de violencia. No lo vamos a permitir, el pueblo en la calle no lo va a permitir.» Nicolás Maduro recuperó la retórica revolucionaria más clásica como eje principal del gigantesco operativo de hostigamiento y persecución contra la oposición en vísperas de la llamada «Toma de Caracas», la marcha nacional convocada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para el jueves.

El doble objetivo es evidente: dificultar la protesta de los que ya han decidido participar y amedrentar a los que tienen dudas y miedos. Según el estudio publicado por la firma DatinCorp, el 34% de la población expresó su interés en asistir a una megamarcha en la que se exige adelantar la fecha para la recolección del 20% de firmas para el referéndum revocatorio y donde también se plasmará el rechazo del 80% del país contra la gestión de Maduro.

Todo vale para el plan gubernamental, incluso la emisión de un documental propagandístico acerca del golpe de Estado de 2002, que será emitido esta noche de forma obligatoria para todas los canales y radios del país en prime time «para que el pueblo saque sus propias conclusiones», según el «hijo de Chávez».

En abril de hace 14 años, una manifestación de la oposición de aquellos días degeneró en unos hechos violentos que provocaron la muerte de 19 personas (nueve opositores, siete chavistas, un fotógrafo y dos personajes ajenas a los hechos, según el Foro Penal) y el posterior golpe de estado militar, que alejó del poder a Hugo Chávez durante dos días. El chavismo nunca quiso convocar una Comisión de la Verdad para determinar las responsabilidades de unos días que se transformaron en fundamentos ideológicos de la revolución, uno de los principales anatemas contra sus críticos. Dieciséis muertes quedaron sin juzgar.

En el libreto revolucionario se repite de forma constante que la oposición prepara un baño de sangre, pese a que sus dirigentes insisten en su llamado pacífico. El vuelo de avionetas privadas y de drones ha sido prohibido, se supone que para evitar atentados, aunque pareciera que el gobierno también quisiera impedir imágenes que constaten la dimensión de la protesta.

«El gobierno necesita la violencia, la provoca, la induce, la estimula. Si aún así no la logra, es capaz de producirla, recurriendo a los montajes», denunció Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Unidad Democrática.

La nueva embestida contra los convocantes ha provocado el regreso a prisión de Daniel Ceballos, ex alcalde de la rebelde San Cristóbal del Táchira y uno de los presos políticos más conocidos de la revolución. La mano derecha de Leopoldo López en Voluntad Popular fue llevado de madrugada al penal de San Juan de los Morros, uno de los peores del país, porque según el gobierno preparaba su fuga para dirigir «actos de violencia» de cara al 1° de septiembre.

La respuesta de Amnistía Internacional fue inmediata: «Es una vil maniobra para silenciar a los opositores en medio de una creciente crisis política y humanitaria. Las autoridades en Venezuela parecen no querer detenerse ante nada».

Así es. Antonio Ledezma, alcalde mayor de Caracas y preso político como Ceballos y Leopoldo López, recibió el sábado la visita del Servicio de Inteligencia (Sebin) en su casa, donde permanece en arresto domiciliario. La versión oficial es que querían comprobar quiénes lo acompañaban.

Otro dirigente de Voluntad Popular (VP), Wagner Jiménez, alcalde de Maturín, sufre desde hace tres días el acoso de los agentes. Sobre él se ha dictado una orden de detención acusado de corrupción, lo que el chavismo ha aprovechado para tomar por la fuerza la Alcaldía. Otros dos jóvenes militantes de VP fueron trasladados anteayer al terrible penal de Tocuyito. Su delito es participar en la recogida de firmas para el revocatorio.

Tensión

Alta tensión. Así están las cosas en Venezuela cuando faltan tres días para la «Toma de Caracas», que va sumando distintas épicas. La primera es la de decenas y decenas de indígenas, que iniciaron el miércoles una marcha desde Amazonas a la capital y que se han visto hostigados, una y otra vez, por los agentes del Sebin. Desde Lara ya camina un grupo de minusválidos en silla de ruedas.

Todos ellos saben que muchos obstáculos quedan por delante. Incluso la oposición prevé que el gobierno cierre Caracas por Norte, Sur, Este y Oeste para impedir que sus seguidores en los distintos estados se sumen a los de la capital. El gobierno ha desplegado a 15.000 agentes, que multiplicarán las fuerzas del Estado dentro de la capital para que la marea opositora tampoco pueda acceder a las zonas centro y oeste de la capital, coto privado para las movilizaciones chavistas.

La penúltima tuvo lugar anteayer junto al Palacio de Miraflores, protagonizada por trabajadores afines a la revolución. Para mañana han previsto otra y el jueves desplegarán lo que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha bautizado de forma poco original como la «Toma de Venezuela».

Devuelven a un ex preso de Guantánamo

El sirio Jihad Ahmad Diyab, ex prisionero de Guantánamo detenido en Venezuela, será enviado de regreso a Uruguay en las próximas horas, según dijo ayer a la agencia AFP el mediador que ofició de nexo entre el gobierno uruguayo y los ex presos.

«Llegará en las próximas horas, pero se mantendrá en reserva su llegada para preservar su estabilidad. Consideramos que ha estado muy expuesto», señaló el mediador Christian Mirza.

El activista norteamericano Andrés Conteris había informado que «tres fuentes independientes entre sí», que prefirió mantener en el anonimato, filtraron que el sirio había iniciado una huelga de hambre tras «enterarse de que las cancillerías de Venezuela y Uruguay negociaban su deportación a Uruguay».

Mirza señaló no tener información de que Diyab se mantenga en huelga de hambre y que según los datos que maneja se encuentra en buen estado de salud. Agregó que cuando vuelva a Uruguay se le realizarán chequeos médicos.