Elisa Carrió apuntó contra el fiscal que ordenó el “ciberpatrullaje” y pidió que le saquen la causa

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que reasumiera la investigación de la causa donde se investiga a la “mesa judicial” de Cambiemos, actualmente delegada en el fiscal Franco Picardi y que anule el peritaje que ordenó realizar ese funcionario sobre sus expresiones, las de Mauricio Macri y las de allegados a su partido sobre jueces y fiscales víctimas de supuestas amenazas.

Carrió presentó un escrito de 50 páginas en el juzgado de Capuchetti en el que le solicitó que “declare la nulidad absoluta de todo lo actuado por el fiscal mencionado, que diera origen al informe emitido en la presente causa, por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco), así como de todos los actos que se dictaren en consecuencia”.PALABRAS VIOLENTAS QUE PRECEDEN HECHOS VIOLENTOS

Con el objetivo de demostrar que en su vida pública y privada Carrió no se dedicó a presionar jueces, hizo un repaso de su vida académica, de su actuación política y de sus denuncias contra magistrados que actuaron de manera reñida con la justicia. Enumeró los 82 pedidos de juicios políticos que promovió en sus mandatos como diputada contra ministros, jueces de la Corte, magistrados de primera instancia, camaristas y presidentes de distintos partidos políticos.

“Que quede claro: no fui, no soy ni seré parte de entramados corporativos, corruptos o reñidos con la ley. Por el contrario, luché, lucho y lucharé durante toda mi vida contra los mismos”, remarcó.

Carrió, aludida muchas veces en el peritaje por sus tuits y expresiones públicas, que “este informe no solo no debiera haber sido efectuado por la Dajudeco, sino que no debiera haber sido, bajo ningún punto de vista, solicitado por el fiscal a cargo de la causa”. Destacó que sus expresiones con respecto a la procuradora Alejandra Gils Carbó, una de las supuestas víctimas de la coacción de funcionarios de Cambiemos, las realizó “varios años antes a los estudiados por los agentes que patrullan las calles de las redes sociales” en busca de opiniones de diputados de la Nación que puedan tener “consideraciones críticas” o resultar “peyorativas”.

De hecho, objetó su candidatura a procuradora en 2012 por falta de idoneidad y pidió su juicio político en 2013. Carrió recordó que cuando pidió esa medida, Picardi era subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia a cargo de Julio Alak, ministro al que le pidió también juicio político.

Enumeró que amplió tres veces el pedido de juicio político contra Gils Carbó y que realizó otras cinco presentaciones judiciales en su contra, incluso fuera del período en que el fiscal Picardo pidió analizar sus opiniones.

Dijo que el pedido fiscal de rastrillaje “constituye una orden de producción de inteligencia de un modo reñido con la normativa convencional, constitucional y nacional”.

“Ello así porque el fiscal Picardi y la Dajudeco. al escrutar judicialmente las opiniones vertidas en redes sociales por mi persona, menoscaba la libertad de expresión de la ciudadanía, lo que se agrava si se tiene en cuenta que esas expresiones fueron vertidas en el ejercicio de mi mandato como diputada de la Nación.”, expresó.

Sostuvo que “inversamente a lo sucedido”, sus manifestaciones “deben ser oportunamente protegidas, porque constituyen el regular ejercicio de la libertad de expresión” y el “legítimo ejercicio” de sus derechos constitucionales “como legisladora y líder de un espacio político”.

Con todos estos argumentos pidió la nulidad del informe y que la jueza reasuma la investigación.

Hernán Cappiello

Fuente: La Nación