Javier Milei, candidato a presidente por La libertad Avanza (LLA) y el hombre más votado en las PASO, propuso como uno de los puntos de discusión en su campaña la desregulación del mercado legal de armas. Un eje que, pese a haber sido incluido en la plataforma electoral que presentó ante la justicia en abril pasado, el libertario ahora busca eludir ya que no figura en su flamante Plan de Gobierno.
La política de flexibilización para la portación de armas ocupó, además de un punto en la plataforma electoral, un amplio espacio del desfile de Milei por los medios de comunicación en los últimos tiempos. “Como adherente a la teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande”, llegó a sostener el candidato a la presidencia el año pasado, al mencionar la relación entre población armada y tasa de delito y defender la desregulación.PREPARATIVOS PARA UN MOVIMIENTO SÍSMICO
Sin embargo, se trata de un tema sensible y que va completamente en contra de la política aplicada desde 2010 en la Argentina, en la que se apuntó al desarme de la sociedad civil y se redujo el número de personas autorizadas a la portación. Política que, además de haber sido sostenida pese a los cambios de Gobierno que se sucedieron desde entonces, en 2013 fue destacada y premiada por la propia Naciones Unidas (ONU).
Ante la consulta de LA NACION por el giro de Milei, desde LLA se remitieron al envío del plan de Gobierno, presentado hace cerca de un mes, en el que pulieron los puntos de la plataforma entregada ante la justicia federal electoral. Más general que esa primera versión, allí no se menciona la libre venta y portación de las armas y las promesas se enfocan en fortalecer a las fuerzas de seguridad. Es lo que sostiene Victoria Villarruel, quien aseguró en una entrevista reciente con este diario que, pese a las declamaciones previas de Milei, no hay intención de modificar la ley actual sobre armamento de la población civil.
“La ley actual es exhaustiva en cuanto a las condiciones. La portación de armas es para las fuerzas de seguridad y determinados civiles en casos excepcionales, y la tenencia es otra cosa diferente”, dijo la candidata a vicepresidente y eventual responsable política de las carteras de Seguridad y Defensa en un hipotético gobierno de Milei. “No tenemos intención de modificar la ley, solo queremos que se aplique y que el Estado no desaliente al ciudadano que cumple con los requisitos”, añadió.
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Ahora, en cuanto a si propondría una política de desarme, Villarruel lo consideró innecesario ya que “los delitos cometidos con armas no los realizan los legítimos usuarios”, al tiempo que se mostró de acuerdo con el uso de las pistolas eléctricas Taser para contextos determinados, en centros urbanos, en situaciones de cercanía, pero dijo que “las fuerzas policiales deben seguir portando armas de fuego”.
La portación consiste en el permiso para disponer de un arma de fuego cargada en condiciones de uso inmediato en un lugar público. En la actualidad, de acuerdo a datos que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) presentó ante el Congreso, en la Argentina hay solo 79 personas con ese rango. Se trata de las únicas personas -por fuera de las fuerzas de seguridad- autorizadas a llevar un arma lista para ser usada. El número crece exponencialmente en la categoría de Legítimos Usuarios Individuales con autorización vigente, cuya cifra se ubica en 212.531.
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En caso de que Milei retomara su postura sobre flexibilizar la portación de armas en una eventual presidencia, ese número de legítimos usuarios podría estar en condiciones de solicitar un cambio de categoría a la de “portador”, y el organismo podría autorizarlo, según detallaron fuentes del área a LA NACION. Un cambio de postura sobre lo que sucede actualmente, con los estrictos criterios de autorización de la ANMAC, podría ser también la invitación a que mucha gente también se presente para pedir el mismo permiso. Lo que volvería al país con un modelo más parecido al estadounidense.
“Ventanas rotas”
Según se encarga de señalar Milei cada vez que se lo preguntan, su intención es delinear una “nueva doctrina” de seguridad basada en la teoría de las “ventanas rotas” acuñada en los años 80 por el economista Gary Becker y el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani. Es la misma plataforma que Sergio Massa impulsó en 2013 y 2015. “Se terminó la Argentina del zaffaronismo: el que las hace las paga”, afirmó Milei en alusión al exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni.
En su plataforma electoral, además de proponer una baja de la edad de imputabilidad –sin precisar la edad– y la intención de devolverle “autoridad” a las fuerzas de seguridad, acompañado de una reforma carcelaria, se leía la promesa de ir hacia una “desregulación del mercado legal de armas”, habilitando el “uso legítimo”. Sin embargo, tras su victoria en las PASO, el libertario negó tajantemente la existencia de ese punto.
“Aquellos Estados que tienen libre portación tienen menos delitos”, solía sostener Milei hasta hace pocos meses. Y argumentaba que, si la población está armada, el costo esperado de quien delinque es mayor ya que, al correr mayor peligro su vida, puede reprimir su intención inicial y desistir. Un argumento a contramano de que lo opinan los principales especialistas en el mundo, desde donde salvo algunos países -como Estados Unidos- se desalienta lo más posible la portación de armas. En la Argentina, la mitad de los homicidios ocurridos en 2022 se cometieron con armas de fuego. Lo mismo en uno de cada cuatro femicidios.
El modelo argentino, premiado
En 2010 Argentina puso en funcionamiento el “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego” que, en sus primeros tres años logró recolectar 150.000 armas que fueron destruidas.
El Programa fue destacado y premiado en octubre de 2013 por la Organización Naciones Unidas (ONU). Llevado adelante por el entonces titular del Renar, Matías Molle, hoy diputado provincial y uno de los referentes en materia de seguridad del comando de campaña de Unión por la Patria, el programa fue considerado como “un instrumento importante en el control de armas pequeñas y demuestra como las políticas nacionales pueden combinarse con las normas internacionales”, por Angela Kane, entonces alta representante de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas.
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Entonces, el Programa también fue reconocido como una de las “mejores estrategias de desarme del mundo”, al recibir en la sede de la ONU en Nueva York el Premio de Plata 2013 a la Política Futura.
Molle explicó entonces que los objetivos del programa eran “la disminución del uso y la proliferación de armas de fuego y municiones, la reducción de accidentes y hechos de violencia, la sensibilización acerca de los riesgos de la tenencia y uso de armas y la promoción de una cultura de la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos”.ENTREVISTA A CARLOS MELCONIAN: “SI LA GENTE ENTENDIERA LA DOLARIZACIÓN, HABRÍA UNA MANIFESTACIÓN EN PLAZA DE MAYO”
La transformación en el área siguió en octubre de 2015, cuando por unanimidad a nivel legislativo, el hasta entonces Renar (Registro Nacional de Armas) pasó a tener rango de Agencia y se convirtió en la Anmac.
Allí adquirió su condición de ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con autarquía económica-financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado, que le otorgan mayores herramientas para generar acciones en distintas áreas.
Fuente: La Nación
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