La sentencia de la Justicia estadounidense contra el Estado argentino por la friolera de más de 16.000 millones de dólares en la causa abierta por el proceso de reestatización de YPF, concretado en 2012 por el gobierno de Cristina Kirchner, sigue planteándonos interrogantes. Uno de los principales es si los funcionarios responsables no deberían ser demandados por los daños y perjuicios que su mal desempeño le ha provocado al país.
Pero hay otro interrogante que deberíamos plantearnos. Es si al menos parte del suculento monto que se obliga a pagar al Estado nacional no terminará en los bolsillos de algunos de los funcionarios kirchneristas que favorecieron, en su momento, a quienes, con fundadas razones, fueron calificados como posibles testaferros de los Kirchner.
En ocasión de la operación de recompra de la mayoría de las acciones de la compañía petrolera por el Estado, el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof había presagiado que este proceso no le iba a costar ni un solo centavo a la Argentina; más aún, sostuvo que el país hasta debía ser indemnizado. Lo cierto es que el Estado, a cambio del 51% de las acciones de YPF, terminó pagándole con títulos públicos unos 5000 millones de dólares a la compañía española Repsol –aunque fue un total de 11.000 millones si se suman los intereses devengados–, y ahora debería hacerse cargo de un sideral monto que triplica el valor de mercado que tiene la empresa, de acuerdo con la sentencia de la jueza de Nueva York Loretta Preska.
Será un negocio redondo, pero no para el Estado argentino, sino para el fondo de inversión Burford, que por apenas 15 millones de euros compró el derecho a la demanda judicial a los accionistas minoritarios, entre los que se destacan las empresas de la familia Eskenazi, que en 2008, también de la mano del gobierno de Cristina Kirchner, había desembarcado en YPF como “especialista en mercados regulados”.
Las idas y venidas que exhibió la situación de YPF a lo largo de la gestión presidencial kirchnerista resultan groseras por donde se las quiera ver. Luego de la privatización de la compañía petrolera y su venta a la española Repsol, en 1999, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem y con el apoyo del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, el kirchnerismo impulsó la llegada del grupo Eskenazi, que, a través de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora –con sede en España–, se quedó en 2008 con el 25% de las acciones de YPF. Cuatro años después, la empresa fue intervenida por el propio gobierno de Cristina Kirchner y reestatizada.
La hipótesis según la cual detrás de la familia Eskenazi se hallaba Néstor Kirchner se vio reforzada por declaraciones a la Justicia del propio contador del expresidente de la Nación
La hipótesis según la cual detrás de la familia Eskenazi se hallaba Néstor Kirchner se vio reforzada por declaraciones formuladas a la Justicia, en 2019, por el contador del expresidente de la Nación Víctor Manzanares. Fue así como Repsol vendió a ese grupo la cuarta parte de la petrolera sin que su comprador tuviera que poner un solo peso. La operación se llevó a cabo mediante un préstamo del vendedor y otro de un conglomerado de bancos internacionales, que juntos sumaban algo más de 2000 millones de dólares, que se irían cancelando con las utilidades que YPF distribuyera y que le correspondieran a Petersen Energía.
Cuando, en 2012, el gobierno cristinista impulsó la expropiación del 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol, los Eskenazi y otros accionistas minoritarios deberían haber tenido el derecho a liquidar su parte bajo las mismas condiciones ofrecidas a Repsol por el gobierno argentino, de acuerdo con lo establecido por las normas estatutarias de la compañía. Pero el propio Kicillof afirmó públicamente que cumplir expresamente con lo dispuesto por los estatutos hubiera sido “estúpido”, una frase que utilizó la jueza Preska para darle la razón al fondo Burford y condenar al Estado argentino.
El fallo de la Justicia estadounidense, que compromete seriamente la política financiera internacional del país, es revelador de la mala praxis y de la desidia de los funcionarios argentinos a cargo del proceso de reestatización de YPF, al margen de la aprobación de la operación por parte del Poder Legislativo de la Nación.
En 2019, el gobierno de Mauricio Macri solicitó a la Justicia de Nueva York que se abriera toda la información de YPF, Repsol y del Estado argentino para explorar los intercambios de comunicaciones entre los negociadores. Del mismo modo, abrió un proceso judicial en España para que se determine si el contrato entre el fondo Burford y las empresas del grupo Eskenazi fue una venta por los derechos del juicio contra la Argentina o si se simuló un contrato de financiamiento.
Una adecuada investigación podría haber determinado que el fondo Burford representaría al grupo Eskenazi y que este sería un testaferro de los Kirchner. Sin embargo, tras la asunción del presidente Alberto Fernández, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se ocupó irresponsablemente de desistir de aquellas presentaciones hechas por el gobierno de Macri, probablemente porque eso hubiera implicado destapar relaciones espurias entre los Kirchner y los Eskenazi.
A la certeza sobre la gravísima negligencia y la desidia con la que actuaron los funcionarios kirchneristas en el proceso de recompra de YPF y en su respuesta frente a la querella promovida en Nueva York contra el Estado argentino, se suma ahora otra fundada sospecha: que en el negocio con el que se han favorecido los demandantes de la Argentina estén involucrados los propios funcionarios kirchneristas.
Fuente: La Nación
Sea el primero en comentar en "YPF: ¿negligencia o complicidad?"