El descaro de la dirigencia política –con muy contadas excepciones–, que sigue creando y aumentando impuestos, llega a extremos inimaginables. Basta enumerar lo acontecido en los últimos diez días para corroborar que lo único que la grieta no ha podido traspasar es la sólida y unificada decisión de seguir expoliando a un importante segmento de la población conminado a pagar tributos para sostener a los que los crean o aumentan.
La jugada engañosa del oficialismo y la ingenuidad de la oposición llevaron a que la semana pasada la Cámara de Diputados aumentara las alícuotas del impuesto a los bienes personales y elevara aquellas que alcanzan a los que tienen activos en el exterior, lo que constituye un claro ejemplo de aquello a lo que nos estamos refiriendo. A ello debe agregarse la decisión del Poder Ejecutivo de firmar con 23 provincias –la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstuvo de hacerlo– un consenso fiscal con el objetivo de seguir aumentando y creando impuestos, como el de la herencia, habilitando en algunos distritos subas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos con el falso argumento de una “armonización tributaria”. Atrás quedó la promesa de baja de impuestos que asumieron los gobernadores en 2017.
No hay impuestos que alcancen cuando las cuentas públicas carecen de control y de racionalidad
Todo ello en un contexto de desigualdad entre quienes deciden y quienes pagan, convenientemente montado sobre el hipócrita argumento ideológico de castigar a los ricos para dar de comer a los pobres en una estrechez de mente que confirma cuán a la deriva nos encontramos si no se entiende la raíz del problema. Por su parte, los que deciden no han tenido el más mínimo gesto de reducir sus dietas ni aun en situaciones extremas como las del año pasado y, por el contrario, lo que han hecho ha sido aumentar los nombramientos en el Estado.
Es el sector privado el que continúa afrontando los cierres de empresas y pérdidas de empleo, por solo citar dos ejemplos, y el que pagó el ajuste para que la dirigencia política pudiera seguir sin sobresaltos a lo largo de 2020 y 2021.
Los legisladores, tanto nacionales como provinciales y municipales, son también responsables de no contribuir con el ajuste del desproporcionado gasto público. Pocas han sido las sesiones durante esta época de pandemia y, sin embargo, continúan con un número exagerado de asesores cuando lo racional sería que los bloques compartieran funciones no solo para reducir salarios y gastos, sino también para unificar criterios, tan necesarios a la hora de buscar consensos que podrían traducirse en las impostergables reformas que largamente reclaman los ciudadanos.
Resulta obligatorio respetar los principios constitucionales de legalidad, equidad, no confiscatoriedad, razonabilidad y capacidad contributiva, cuya desatención amenaza la seguridad jurídica y expulsa las inversiones
Por otro lado, el asistencialismo se intensifica ante las amenazas de las organizaciones sociales de desestabilizar el orden público cuando el Gobierno debería estar abocado a crear las condiciones necesarias para generar empleo genuino. Cualquier promesa de incremento solo puede ser afrontado con más impuestos, ya que no se vislumbra ningún atisbo de decisión política con el fin bajar el gasto público en ninguna de las diferentes capas del Estado nacional, mucho menos un plan que proponga caminos para el desarrollo genuino de una economía quebrada.
Los recurrentes incrementos de la presión tributaria, incluyendo las distorsiones que genera el impuesto inflacionario, que castiga por sobre todo a los más vulnerables, están íntimamente relacionados con el sostenido aumento del gasto público, que refleja la voracidad de la clase política para financiar su gestión, a costa del sector privado y de la ciudadanía en su conjunto. No hay impuestos que alcancen cuando las cuentas públicas carecen de control y racionalidad. Resulta obligatorio respetar los principios constitucionales de legalidad, equidad, no confiscatoriedad, razonabilidad y capacidad contributiva cuya desatención amenaza la seguridad jurídica y expulsa las inversiones que necesitamos.
La economía argentina vive momentos difíciles desde hace ya varios años y esta insaciable voracidad fiscal, lejos de atacar las causas de nuestros males, demanda sistemáticamente reasignar recursos desde el sector privado hacia el público por medio de impuestos, generalmente distorsivos, altamente nocivos para la economía de un país que necesita incentivos para crear empleos, acumular capital, generar ingresos y mejorar la productividad.
Fuente: La Nación
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