En una nueva ola represiva del régimen chavista, el fiscal general Tarek William Saab ordenó la detención de 31 civiles y militares a los que vinculó con cinco supuestos complots frustrados contra el gobierno, entre mayo del año pasado y los primeros días de 2024, e implicó a varios ex altos oficiales que se encuentran fuera del país. Además, anunció pedidos de captura contra otras 11 personas.
Los delitos por los cuales se los investiga son traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la república, homicidio intencional calificado en grado de tentativa contra el gobernador de Táchira –Estado fronterizo con Colombia– y terrorismo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, rechazó la acusación de la fiscalía y manifestó que “no existen garantías procesales ni derechos humanos para los detenidos”.
Durante el mandato que lleva ya más de diez años del dictador Nicolás Maduro se han denunciado decenas de supuestos complots y planes desestabilizadores por los que han sido detenidas numerosas personas, la mayoría opositores, aunque rara vez se ha informado sobre las conclusiones de los procesos judiciales. Además, el régimen cuenta con decenas de denuncias de diferentes organismos como la OEA y la ONU por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Incluso la Corte Penal Internacional lleva adelante una investigación por esos delitos.
La política de represión en Venezuela tiene como base fundamental la estigmatización y persecución a cualquier disidencia. Las autoridades han consolidado una narrativa en la que las críticas a las políticas públicas o a cualquier actuación que sea percibida como opositora deben ser rechazadas, censuradas y atacadas.
El régimen está absolutamente desesperado porque ha ido cayendo abruptamente su consideración entre la ciudadanía y no hace más que cosechar críticas de la comunidad democrática internacional.
De hecho, la semana pasara, el gobierno norteamericano advirtió que evalúa restablecer sanciones contra Venezuela luego de que la Corte Suprema de ese país ratificara la inhabilitación electoral de la principal candidata presidencial opositora, María Corina Machado.
Washington había anunciado en 2023 una flexibilización de las medidas contra Caracas en sectores del petróleo y del gas, pero podría dar marcha atrás ante este hecho político que violenta de manera aberrante los derechos de los ciudadanos a presentarse a elecciones.
Machado fue contundente en un reciente alegato sobre la necesidad de convocar a elecciones limpias y libres, para lo que pidió apoyo a diversos actores internacionales: “No pueden mirar a otro lado, no pueden dejarnos solos”, los conminó.
La política de represión en Venezuela, que ha sido ampliamente documentada por organismos dentro y fuera del país, debe ser condenada enérgicamente, ya que solo con una firme presión externa que asegure un decidido apoyo a quienes luchan por la libertad será posible promover reales avances hacia el retorno de una verdadera democracia.
Fuente: La Nación
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