Los argentinos asistimos al tremendo deterioro que lleva años de corroer a muchas de nuestras instituciones, al punto incluso de afectar severamente no solo la propiedad privada, sino también la soberanía nacional como ha quedado demostrado, por ejemplo, en tierras patagónicas con grupos seudomapuches.
El domingo último fue un dramático ejemplo de lo que puede ocurrir cuando hay una indebida apropiación de espacios, sean públicos o privados. Un tan brutal como sanguinario enfrentamiento dejó cinco muertos y varios heridos en un predio tomado en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. La masacre se produjo cuando al menos tres personas comenzaron a disparar contra un grupo que participaba de una asamblea barrial en un predio ilegalmente ocupado, judicializado desde 2019 y sometido ya a 3 desalojos, pero sin solución a la vista.
El terreno se encuentra en una zona de peligrosas tosqueras clandestinas conocida como 20 de Junio. Allí se produjo el enfrentamiento entre pobladores y delegados representantes de las colectividades boliviana y paraguaya. Los tres tiradores, aparentemente sicarios que no eran de la zona, ya estarían detenidos mientras se busca a otros sospechosos.
Todo lo que puedan decir el gobernador bonaerense o el intendente Espinoza sobre la sangrienta toma de tierras ya resulta tardío: hay cinco personas fallecidas
No todos los testigos se muestran dispuestos a cooperar con la policía bonaerense, que lleva adelante la investigación ordenada por el fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza. Ocurre que, detrás del luctuoso episodio, está el accionar de mafias dedicadas a la usurpación de terrenos, su loteo, venta y reventa ilegal. Como parte de un servicio debidamente cobrado, ofrecían incluso la conexión ilegal a la electricidad y el mantenimiento del alumbrado público, a pesar de que luego también presionaban y sacaban a sus clientes a la fuerza de los lotes para “revenderlos”.
Claramente, el derecho de propiedad parece haberse extinguido en La Matanza y en muchos otros enclaves bonaerenses, a manos de organizaciones criminales y capangas de toda calaña. Los conflictos se cocinan al margen de la ley y la Justicia, enfrentando a usurpadores originarios con los nuevos. Una política teñida fuertemente de ideología, con presencia de líderes de movimientos sociales muchas veces vinculados a funcionarios de distinto nivel que, a su vez, manejan numerosos resortes judiciales, se aprovecha del statu quo. Quienes miran la escena desde la vereda opuesta quedan paralizados por el temor a introducir los necesarios cambios y consienten por acción u omisión, desde hace años, todo esto que ocurre y que hemos incluso normalizado.
Ni el gobierno bonaerense ni el matancero, ambos de Unión por la Patria, han encarnado aquel “Estado presente” del que suelen alardear. Así como no evitaron que se ocupe irregularmente el referido predio tampoco han sabido encontrar una salida a la crisis planteada que ha escalado dramáticamente. Todo lo que hoy puedan decir Axel Kicillof y el intendente Fernando Espinoza resulta tardío: hay cinco personas fallecidas.
Estas situaciones de desidia, violencia, permanente desafío a las normas y transgresión se reiteran lamentablemente a lo largo del territorio nacional, marcadas por una matriz ideológica que ya nos ha hecho demasiado daño y que urge revertir con decisión, valentía y compromiso.
Entender que el orden y la legalidad deben ser principios rectores de nuestra convivencia ciudadana es imperativo en la construcción del país que soñamos.
Fuente: La Nación
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