Un perverso plan en ejecución

En 2019, hacia fines del gobierno de Mauricio Macri, el entonces presidente electo Alberto Fernández le solicitaba que no realizara designaciones en la Cancillería ni en ningún otro estamento del Estado porque todas esas decisiones iban a ser revisadas. Temía Fernández que el gobierno de Cambiemos le dejara un tendal de empleados públicos nombrados a última hora. Hoy es Federico Pinedo, a quien se menciona como referente en política exterior de la candidata Patricia Bullrich, quien pide por nota al canciller Santiago Cafiero que se frene la compulsiva designación de diplomáticos políticos y de carrera porque, de ganar Juntos por el Cambio, estas serán revisadas.

Pareciera una situación similar entre ambas transiciones. Muy por el contrario, mientras el gobierno de Cambiemos bajó el número de empleados de la planta estatal en un 20%, el de Fernández sigue incrementándola vorazmente, y no solo en la Cancillería, con nombramientos de diplomáticos a tan solo tres meses de dejar el poder, sino también en casi todas las áreas de la administración nacional, donde se destacan principalmente los puestos asegurados a La Cámpora, principal administradora de las “cajas” más suculentas de numerosos organismos públicos y que lleva todas las de ganar en este perverso plan de ejecución.

Ese acomodo de militantes no solo constituye una violación de los decretos del propio Alberto Fernández y de su ministro de Economía, Sergio Massa, anunciando la tan pomposa como falsa congelación del ingreso de empleados al Estado, sino que representa un gravísimo obstáculo para el gobierno entrante, sea cual fuere su signo político. Entre otras cuestiones, le obstaculizará sobremanera la imperiosa desarticulación del trabajo rentado pero no ejecutado, conocido vulgarmente como “ñoqui, y lo someterá a una más que probable andanada de costosos juicios laborales que, una vez más, deberemos pagar todos los contribuyentes. La necesidad del Gobierno de cubrirse frente a una eventual derrota y fidelizar el voto de sus simpatizantes aparece como el verdadero fondo de su accionar y no las burdas excusas basadas en el mérito –nunca comprobado– o los concursos, hechos a medida, ya que solo pueden participar de ellos quienes ya cobran un sueldo del Estado.

Un documento inapelable de esa brutal arremetida gubernamental es el Boletín Oficial. Producto de un minucioso trabajo realizado por LN Data sobre esa base, se advierten designaciones en 82 decretos durante la semana posterior a las PASO, 81 en la siguiente y 79 en la primera completa de septiembre. En total, 242 decretos de designaciones en escaso lapso.

Van algunos ejemplos:

• Se determinaron casi 70 pases a planta permanente en el Ministerio del Interior, otros 15 en Defensa y nuevos cargos y estabilidad laboral de última hora en otros ministerios, como Salud, Seguridad, Justicia y Mujeres. En numerosas ocasiones, se concedieron prórrogas por 180 días hábiles, es decir, que exceden largamente el mandato del actual gobierno.

• Se nombraron embajadores en varios países, entre ellos, Panamá, República Checa, Bangladesh y Camboya, además de una larga lista de nuevos jefes de misión, con el consecuente gasto administrativo que generan los traslados. Fuentes diplomáticas aseguraron que, más allá de la foja de carrera de los designados, se están cubriendo cargos para los que no había apuro. “Se está yendo el bote y nadie quiere quedarse abajo”, concluyó una de ellas, en una frase que lo resume todo.

Van algunos ejemplos puntuales para graficar semejante desmanejo:

• La Dirección de Migraciones, que encabeza Florencia Carignano, oficializó el pase a planta permanente de 67 empleados.

• El Ministerio de Defensa, a cargo de Jorge Taiana, hizo lo propio con otros 15 trabajadores.

• En el caso de Salud, hubo prórrogas en distintas designaciones por 180 días hábiles, es decir, más allá del cese del actual mandato presidencial.

• Se crearon, además, puestos en la llamada Unidad de Gestión Técnica en cannabis y cáñamo industrial, designaciones con plazo fijo que también se reiteran en las carteras de Justicia, Seguridad y Mujeres. Y ni qué hablar de la desesperación del oficialismo senatorial por tratar decenas de pliegos de jueces antes de que concluya el actual mandato presidencial y se reconfigure la Cámara alta con los nuevos legisladores el próximo 10 de diciembre. Entre esos pliegos figuran los de varios magistrados amigos, en los que el kirchnerismo confía que podrían asegurarle impunidad a la presidenta de la Cámara, Cristina Kirchner.

Respecto de La Cámpora, sus integrantes coparon empresas públicas como YPF, Aerolíneas Argentinas (fue la que más empleados sumó: casi 500), Télam, la TV Pública, además de numerosos ministerios como los de Interior y Desarrollo Social, que manejan profusos presupuestos.

Hace una semana, desde estas columnas, hemos criticado otro de estos viles manejos, curiosamente a cargo de quien decía que venía a ordenar el empleo público cerrando el grifo de los ingresos: Sergio Massa. Pues bien, el ministro-candidato acaba de impulsar la cobertura de “800 puestos vacantes” en su área, cuando debió haberlos desactivado para ahorro de las cuentas públicas.

Este nefasto blindaje de parientes, amigos, correligionarios y conocidos por parte de las autoridades salientes va más allá de un mero acto de viveza criolla, ya harto conocido por los argentinos. Importa un corset para el nuevo gobierno, otra vil estocada al ya profundo déficit económico del país, un enorme saqueo a los bolsillos de los contribuyentes y, éticamente, la confirmación de que a cierta dirigencia nada le importan los ciudadanos. El kirchnerismo debería trocar su edulcorado eslogan “la patria es el otro” por “nos servimos de la patria para salvarnos nosotros”.

Fuente: La Nación