Al inaugurar el primer período ordinario de sesiones del Congreso de su mandato presidencial, Javier Milei formuló un tan crudo como acertado diagnóstico sobre el estado del país y convocó a gobernadores y líderes de las fuerzas políticas a suscribir el próximo 25 de mayo, en Córdoba, un pacto refundacional que comprenderá diez puntos sobre los cuales difícilmente la mayoría de los argentinos no puedan estar de acuerdo.
El mensaje presidencial fue sólido, claro y didáctico a la hora de describir la situación socioeconómica de la Argentina; valiente en el momento de identificar a los responsables de actos de gobierno teñidos por prácticas corruptas y al cuestionar a los “jinetes del fracaso” –Cristina y Máximo Kirchner, Sergio Massa, Juan Grabois, Pablo Moyano y Roberto Baradel-, y sensato cuando llegó el turno de presentar las propuestas para dejar atrás lo que definió como una “orgía” de gasto público y de emisión monetaria descontrolada.
La capacidad pedagógica del primer mandatario quedó de manifiesto cuando relató cómo, bajo el manto del “Estado presente”, quienes gobernaron durante los últimos veinte años sumieron al país en una caótica situación y en los elevadísimos niveles de inflación que carcomieron los bolsillos de la mayoría de los argentinos y multiplicaron la tasa de pobreza.
Mientras millones de argentinos han caído de la pirámide social, muchos otros se aferran a los privilegios de la política a cambio de nada, cuando no a redes de corrupción enquistadas en el Estado. Tiene razón el Presidente cuando habla de la existencia de un régimen de apartheid político donde los integrantes de “la casta” son ciudadanos de primera clase y los argentinos de bien, ciudadanos de segunda. Tampoco se equivoca cuando precisa que los niveles de pobreza actuales no surgieron de un día para el otro, sino que las políticas populistas nos quitaron en las dos últimas décadas el 90 por ciento de nuestro ingreso, a tal punto que un importante porcentaje de los trabajadores formales –Milei lo estimó en alrededor de un tercio– es considerado pobre.
No hay dudas de que la ficción populista benefició a unos pocos y terminó sepultando las ilusiones de la gran mayoría. Tampoco, de que quienes durante tantos años se han beneficiado de privilegios solventados con el esfuerzo de la ciudadanía opondrían resistencia a cualquier cambio que dejara atrás este deplorable modelo. En ese grupo, no solo hay funcionarios y dirigentes políticos, sino además seudoempresarios prebendarios que gozan de los favores del poder, junto a sindicalistas y piqueteros.
Ha llegado, sin dudas, la hora de poner fin a décadas de retroceso y decadencia, y no podrán esperarse resultados distintos si se sigue haciendo lo mismo. Se requieren cambios drásticos que contemplen, en primer lugar, la búsqueda del equilibrio fiscal y un Estado que no pueda gastar más de lo que recauda, para poner fin a la emisión monetaria o al endeudamiento crónico para financiarlo.
Los resultados de las cuentas públicas del primer mes de la actual gestión presidencial son positivos. En enero, el sector público nacional registró el primer superávit fiscal financiero en más de 11 años. Otra noticia relevante fue la caída del riesgo país hasta su valor más bajo desde abril de 2022, ubicándose por debajo de los 1700 puntos, un número que sin duda debería seguir asustándonos, aunque no deja de ser alentador si se tiene en cuenta que, hacia las elecciones de noviembre último, el riesgo argentino alcanzaba los 2416 puntos.
Es valorable la gestión presidencial en términos de reducción del gasto público improductivo y de eliminación de organismos y de cargos jerárquicos en la elefantiásica estructura del Estado.
Del mismo modo, resulta encomiable la voluntad del nuevo gobierno por imponer una nueva doctrina del orden público, buscando impedir que las protestas conlleven cortes de calles y bloqueos de espacios públicos.
Debe celebrarse el anuncio presidencial sobre el próximo envío al Congreso de un paquete de leyes que contemple la eliminación de las jubilaciones de privilegio de presidentes y vicepresidentes; la penalización de aquellos funcionarios que avalen el financiamiento de las necesidades fiscales con emisión monetaria y una amplia reforma sindical que propiciará elecciones libres en las entidades gremiales e impida la eternización de sus conducciones.
El llamado del Presidente a suscribir el Pacto de Mayo constituye una buena oportunidad para un acuerdo político que siente las bases de políticas de Estado duraderas que permitan superar el atraso de décadas. La grave situación del país exige vocación de diálogo y búsqueda de consensos por parte del Gobierno y responsabilidad de las fuerzas opositoras. Es menester dejar atrás el camino de la confrontación y del conflicto en pos de la necesaria transformación que la Argentina necesita.
Fuente: La Nación
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