Atrás quedaron los aplausos que la población dedicaba desde los balcones a los profesionales de la salud en tiempos de pandemia. Los merecieron enormemente. No hay ninguna duda de ello, pero con aplausos no alcanza para devolverles la dignidad que pierden con el cobro de salarios magros, trabajando en condiciones deplorables, con ausencia de recursos y siendo víctimas de una violencia y un maltrato crecientes. La actual crisis socioeconómica impacta con fuerza sobre los tres sectores del sistema de salud argentino: el público, el de obras sociales y el sector privado.
En los últimos días se viralizó un video que muestra a un cirujano del Hospital General de Agudos Cosme Argerich, escoltado por personal de seguridad, tratando de apaciguar los ánimos de pacientes y familiares que amenazaban con “quemar todo” si tenían que seguir esperando para ser atendidos en la guardia. Las imágenes fueron tomadas sin consentimiento del médico y su nombre se preserva habida cuenta de que el acto médico es privado. “Somos ocho médicos, y lo que ustedes no ven es que las ambulancias entran por atrás”, explicaba luego del ingreso de víctimas graves de un choque múltiple en La Boca que, como corresponde, fueron prioridad. Ante su consulta respecto de dónde procedían quienes acaloradamente reclamaban atención tras muchas horas de espera, las respuestas fueron: La Plata, Florencio Varela, La Matanza, Avellaneda, Alpargatas y Zapiola. Ninguno de La Boca, destacó el sobrepasado médico. “Todo el mundo viene para atenderse acá”, se lamentaba, no obstante lo cual reclamaba paciencia para poder seguir atendiéndolos tras la emergencia. A cambio, recibió maltrato y amenazas.
Esa grave situación fue confirmada también durante una recorrida realizada por LA NACION por varios centros de salud porteños con pacientes que soportan larguísimas esperas. La mayor demanda se da en los hospitales cercanos a los límites de la capital con la provincia de Buenos Aires –distrito que concentra casi el 40% de la población del país–, como el Santojanni, el Piñero y el Zubizarreta, junto con el Fernández y el Rivadavia, situados en barrios más centrales de la ciudad.
El abandono de la salud pública, la falta de mantenimiento e insumos, el destrato a los profesionales y a los pacientes es el resultado de años de un largo proceso de desidias que hoy se enfrenta a sus horas más aciagas; subestimar la atención sanitaria es desentenderse de la vida de las personas
La escena viralizada solo puso en evidencia una dramática situación ya harto conocida. Profesionales tan desgastados como extenuados, con magros salarios, en guardias colapsadas, enfrentando episodios diarios de violencia, carentes de recursos para brindar la atención que los pacientes necesitan y que su juramento les impone en un sistema gravemente desfinanciado y que, además, enfrenta un hecho biológico científicamente comprobable: la prolongación de la expectativa de vida de la población no está siendo cubierta con más profesionales. Una proporción absolutamente desigual.
Para 2022, las estadísticas locales reportaban que un 40% de las consultas anuales en el sistema público de salud de la Capital Federal procedían de habitantes de la provincia de Buenos Aires. A diciembre de 2023, el Ministerio de Salud porteño contabilizaba la asignación de unos 40 mil turnos diarios dentro de la red de salud local, incluyendo centros de atención barriales además de hospitales, con un promedio de mil que no llegaban a ser atendidos. ¿Cuántos correspondieron a habitantes de la ciudad? ¿Cuántos a bonaerenses? ¿Cuántos a extranjeros sin residencia en el país? Muchas estadísticas no discriminan esos datos. Alguna vez se dijo que era para no estigmatizar a los pacientes.
“Estas son las consecuencias del abandono de la salud pública en la provincia de Buenos Aires: los hospitales de la Capital están colapsados y el personal de salud, exhausto. La incapacidad de Axel Kicillof la pagan todos, bonaerenses y porteños”, afirmó la diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro-Ciudad de Buenos Aires). Por su parte, la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública), añadió: “Necesitamos que el gobernador Kicillof se haga cargo de su obligación de brindar salud a los vecinos de la provincia y garantizar el funcionamiento del IOMA”, la obra social de la provincia de Buenos Aires que está siendo severamente cuestionada por entidades médicas que denuncian que los honorarios que se pagan a los profesionales quedaron tan bajos que los desalienta a seguir atendiendo, con el enorme perjuicio para ellos y, claramente, para los pacientes.
El conflicto del IOMA incluye además de las desactualizaciones de los costos de las prestaciones, atrasos en los pagos a prestadores. Es un problema recurrente que ha ido creciendo en los últimos 6 meses y que afecta a 2,2 millones de afiliados. Catorce diputados bonaerenses opositores presentaron un pedido de interpelación a su presidente. La millonaria deuda que compromete al Instituto afecta a los empleados públicos bonaerenses y a quienes contrataron el servicio voluntariamente. No se proveen más medicamentos y varios programas como el de prevención de cáncer de colon se han visto interrumpidos. Numerosos profesionales comenzaron a cobrar adicionales a sus pacientes, que muchos de ellos ya no pueden pagar. Está en juego la vida de las personas y las autoridades, en vez de procurar soluciones, se aferran a una verborragia totalmente inconducente.
La senadora bonaerense Flavia Delmonte (UCR-Cambio Federal) presentó un proyecto de ley para que todos los trabajadores del sector público provincial, hoy afiliados cautivos del IOMA, puedan elegir su cobertura. El debate es de larga data y no podrá resolverse sobre la base de versiones, presiones e intentos de desadhesión de trabajadores municipales por parte de intendentes, una campaña que pareció caerse cuando finalmente los más de 130 municipios, a excepción de San Nicolás, ratificaron formalmente el convenio en vigor con el IOMA.
La Provincia debería pagar la atención de sus vecinos a la Ciudad para mejorar el sistema y los salarios de los trabajadores de la salud. En 2022, un proyecto que no prosperó en la Legislatura porteña fijaba el recupero interjurisdiccional por servicios de salud y educación dentro del sistema público porteño. El jefe de gobierno, Jorge Macri, aseguró que la Capital seguirá haciendo el esfuerzo de atender a bonaerenses, pero que se estudia el armado de un sistema de diagnóstico y atención que priorice a los ciudadanos porteños, al tiempo que le exigió a Kicillof que “asuma su responsabilidad. El nivel de desinversión en salud pública a nivel provincial es grave. Nosotros hacemos un esfuerzo, pero tenemos un límite”, aseguró Macri. En una comparación que podría llamar a risa si el tema no fuera tan delicado, Kicillof tildó el proyecto de Macri como “estúpido” al compararlo con los porteños que se atienden en la provincia de Buenos Aires cuando veranean o los que viven en la zona norte bonaerense. La comparación es tan endeble como falaz: no es lo mismo ni en tiempo de permanencia ni en tipo de cobertura médica.
A nivel nacional está también pendiente el abordaje de una cuestión clave como la reciprocidad sanitaria respecto de la atención a ciudadanos extranjeros.
La reforma del sistema de salud debería constituir una política de Estado que exceda largamente el tiempo de una administración, atendiendo la prevención y la promoción del bienestar físico, mental y social de la población, con especial foco en los más vulnerables. Las sirenas de emergencia seguirán sonando por largo tiempo.
Fuente: La Nación
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